La cuantía media en la Comunidad ascendió a 348,50 euros, más del doble de la media nacional, que se situó en 172,67 euros.
El 3,34 por ciento de la población española, un total de 1.576.052 personas, recibieron ayudas económicas de emergencia social en 2021 para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler o suministros del hogar). En Castilla y León, la tasa se situó en el 1,23 por ciento, menos de la mitad de la media nacional, hasta un total de 29.428 personas, según se desprende de un informe realizado por la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y recogido por Ical.
La cuantía media de esas ayudas se sitúa en 172,67 euros en el país, mientras que en el caso de Castilla y León alcanza más del doble, con 348,50 euros, si bien ambas cifras se encuentran a años luz de lo invertido por autonomías como Murcia, que se sitúa a la cabeza con 3.622 euros por perceptor, Aragón (1.346,33 euros), Galicia (1.219,21 euros), Navarra (1.138,25 euros) o Castilla-La Mancha (1.086,71 euros). Las cifras más bajas, por el contrario, se contabilizaron en Andalucía (75,52 euros) y Comunidad de Madrid (87,01 euros).
Casi cuatro millones de personas (3.918.872), según el INE, tienen carencias materiales graves en España, de las cuales 145.371 residen en Castilla y León. Así se deduce aplicando los indicadores europeos (Tasa AROPE). Porcentualmente, se trata de un 8,3 por ciento de la población española y un 6,10 por ciento de los habitantes de Castilla y León, que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades más básicas como comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días o mantener la vivienda a temperatura adecuada.
El Ingreso Mínimo Vital (IMI), las rentas de inserción de las CCAA y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas por parte de las Administraciones públicas.
Desde la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncian una vez más “el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían, percibir el IMV”. En España, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Sólo el 7,1 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas RMI.
Por su parte, las ayudas para atender las necesidades más básicas alcanzaron en 2021 en España al 40,2 por ciento del total de las personas con graves dificultades materiales. Hay grandes diferencias por territorios en esta cobertura. Así, en La Rioja el número de perceptores (21.386) es superior al de personas con dificultades materiales graves (16.626); Cataluña cuenta con una cobertura del 71,48 por ciento y Castilla y León se sitúa en el 20,24 por ciento. En el extremo opuesto aparece a Cantabria con sus exiguo 0,12 por ciento, o como Murcia con un 0,09 por ciento, o Galicia que solo alcanza al 1,81 por ciento de su población con dificultades materiales graves.
Por otra parte, el gasto medio en ayudas de urgencia por habitante con carencias materiales severas se situó en España en 69,44 euros, una cifra que se incrementó hasta los 70,55 euros en el caso de Castilla y León, mientras que en el País Vasco se situó en 452,41 euros y en Murcia apenas llegó a 3,13 euros. En cuanto a los euros por año en gasto en ayudas de urgencia, por habitante en la población general, en España se situó en 5,76 mientras que en Castilla y León se quedó en 4,30 euros. La tasa más alta se anotó en País Vasco, con 20,81 euros, mientras que la más baja se produjo en Cantabria, con 0,03 euros.
Según relatan desde la Asociación, muchas entidades locales han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero “los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas”. Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes.
La estricta interpretación de la norma, que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que aseguran que “urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa”.
Fuente: Ical