Amilivia reivindica la independencia de la institución para aprobar su Plan Anual con la participación de las Cortes.
El Consejo de Cuentas llevará a cabo 29 auditorías nuevas este año, que incluyen como novedad el estudio de los planes de igualdad de los grandes ayuntamientos, para evitar la discriminación laboral, de acuerdo al Plan Anual de Fiscalizaciones para este ejercicio que aprobó por unanimidad la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.
En su comparecencia, el presidente del Consejo, Mario Amilivia, presentó el Plan y recordó que es el único órgano autonómico de control externo que no aprueba con carácter independiente su Plan Anual. Por ello, planteó que la institución se dote de una programación de forma independiente, sin perjuicio de que pueda haber aportaciones posteriores de los grupos parlamentarios.
Además, el presidente del Consejo de Cuentas advirtió de que ya ocurrió en Castilla y León la situación de que las Cortes no aprobaran el Plan Anual. Esto, añadió, conlleva que las fiscalizaciones sean amplias y de gran alcance, pero remarcó que se han aprobado 30 informes, la misma cifra que se prevé para 2023. De esta forma, propuso un debate en las Cortes sobre la evaluación del Plan Estratégico vencido y el futuro para los próximos cuatro años, con el fin de tratar las “aspiraciones” de la institución y reformas normativas necesarias.
Amilivia también expresó su desacuerdo con el uso parlamentario por el que durante la tramitación de la ley de presupuesto no se aborden otras iniciativas en la Comisión de Economía y Hacienda, lo que impide la presentación de informes de fiscalización. Así lamentó que tras presentar 36 en cuatro meses, ahora haya 21 pendientes, por lo que admitió alguno podría perder “vigencia”. No obstante, precisó que en cualquier caso el estudio elaborado llega a la unidad fiscalizada, aunque no haya habido comparecencia en las Cortes.
También defendió el “reducido” tamaño de las instituciones propias de la Comunidad y su “enorme austeridad”, porque el presupuesto de 2012 era de más de seis millones de euros, que ahora son 4,8 millones. Por ello, rebatió el análisis de Vox sobre el coste de los informes de la institución. Igualmente, exigió medidas de estímulo para el cumplimiento de las recomendaciones, condicionando las subvenciones, así como cambios en el régimen de los funcionarios adscritos.
Mario Amilivia explicó que la labor fiscalizadora será “constructiva” y tiene “sentido de Comunidad”, por lo que se centrará en las principales competencias, como son la educación, la financiación del gasto social, la política sanitaria, la innovación, la sociedad digital, la igualdad de oportunidades, el medio ambiente y el papel de la administración local en la vertebración territorial.
Asimismo, subrayó que se trata de un plan “ambicioso” que ofrece una elevada “carga de trabajo” que superará el año natural, si bien expresó su compromiso de iniciar todos los trabajos en este ejercicio. Además, avanzó cambios en la fiscalización sobre la contratación, mediante un convenio para compartir una plataforma común y con un cambio en la muestra utilizada.
Apoyo y sugerencias
La ‘popular’ Mercedes Cofreces destacó que se incorporen las mancomunidades, no sólo los ayuntamientos, las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo. A su juicio, las recomendaciones serán un instrumento “útil” de “comparación” y una herramienta de “ayuda” y “mejora” para las instituciones locales.
Cofreces compartió el enfoque “constructivo” de las fiscalizaciones con el presidente del Consejo y defendió su “plena independencia”, aunque la aprobación del Plan Anual corresponda a las Cortes. Además, apuntó que esto se hace en la primera comisión ordinaria del año, por lo que recriminó que alguna portavoz planteara que no se hiciera en enero y hablara ya de recomendaciones “ideológicas”.
La socialista Rosa Rubio echó en falta la inclusión de un asunto de “vital importancia” como son los fondos de Transformación y Resiliencia, ya que cifró estas transferencias de los Next Generation en 2.626 millones, por lo que sugirió su incorporación para 2024, para no tenerlo que presentar como una alegación. Además, valoró la inclusión de la deuda pública en las fiscalizaciones del Consejo para 2023, sobre la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación (RIS3) o sobre los centros docentes públicos o concertados.
Rubio afeó a PP y Vox que no habilitaran el mes de enero para la presentación de informes del Consejo de Cuentas, a pesar de que se declaró hábil para tramitar la proposición de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Por ello, aseguró que se ha quedado “perpleja” tras oír algunas críticas a la institución, y dijo: “La ignorancia cada vez es más atrevida”.
El parlamentario de Vox Francisco Javier Carrera instó al Consejo a asumir las “sugerencias” de su formación para el próximo ejercicio y demandó que se acorten los plazos de ejecución para mejorar la eficiencia de los informes, si bien destacó que se mejora el coste por auditoria. También, lamentó que no se hayan priorizado organismos por su gasto y que no se hayan incorporado fundaciones y empresas municipales.
El procurador UPL-Soria YA José Ramón García aseguró que el Plan de Fiscalizaciones puede ayudar a funcionar mejor a las instituciones, pero lamentó que las recomendaciones hechas no se cumplan y “no pase absolutamente nada”. Además, deseó que “ojalá un día pueda ser un órgano independiente”, y, en el ámbito local, pidió analizar las inversiones en eficiencia energética y si se amortizan o no.
En nombre del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos) valoró el trabajo de la institución y aseguró que seguirán “escudriñando” los informes y presentado propuestas de resolución derivadas de los mismos. “Me sorprende y hasta me llega a desazonar”, dijo que PP y Vox ensalcen su labor, pero voten en contra de las iniciativas elaboradas a partir de los análisis del Consejo.
Nuevas auditorías
Los trabajos son 28 fiscalizaciones de carácter legal y especial, más el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. También recoge las 20 fiscalizaciones procedentes del programa de 2022, cuya finalización se proyecta para este año. El Plan fue consensuado y aprobado por unanimidad, tras realizarse por los técnicos de la institución y ser propuesto por cada uno de los tres departamentos que conforman el Consejo.
Así figuran las cuatro fiscalizaciones legales proyectadas (Cuenta General de la Comunidad, Expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, Contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2022 e Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León del 2022) .
En cuanto a las 24 fiscalizaciones de carácter especial, seis corresponden al ámbito de la Comunidad y 18 al local. En el autonómico, además de la fiscalización financiera en elaboración sobre la Gerencia Regional de Salud, se incluyen tres auditorías sobre educación referidas al gasto de personal en las universidades públicas, los de funcionamiento de los centros de ESO y la digitalización del sistema educativo.
Por otra parte, el análisis de la gestión del programa de Deuda Pública incluye la relación del endeudamiento con el sistema de financiación y con los principales gastos de la Comunidad, como son la sanidad y la educación. Así, se actualiza y amplía el propósito de la fiscalización sobre el análisis del endeudamiento incluida en el Plan Anual de 2022 con el objetivo de estudiar los efectos de la infrafinanciación de los servicios públicos sobre la deuda pública.
También se incide en la gestión de la deuda pública en el ejercicio 2023 de acuerdo con el análisis económico financiero de Castilla y León. En este ámbito autonómico se actualiza la fiscalización de la estrategia de investigación e innovación de especialización inteligente para incluir en el análisis el diseño de la aprobada recientemente, en un contexto marcado por la pandemia y el impacto socioeconómico de esta.
Dentro del ámbito local se profundiza en el análisis provincializado de la prestación de servicios y asistencia a los pequeños municipios por parte de las diputaciones y del Consejo Comarcal de El Bierzo, ahondándose también en el funcionamiento de las mancomunidades. El Consejo se propone fiscalizar los contratos de prestación de servicios de ayuda a domicilio por las diputaciones, así como los de transporte urbano de los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.
Además, se incluyen tres fiscalizaciones específicas de seguimiento de las recomendaciones referidas a los ayuntamientos de Palencia, Burgos y Ávila. Como novedad se incorpora una auditoría sobre el cumplimiento por parte de los municipios de mayor población de la normativa en planes de igualdad que eviten cualquier tipo de discriminación laboral.
Finalmente, se incluyen dos fiscalizaciones enmarcadas en la coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos autonómicos. La referida a la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y otra sobre las medidas de ahorro energético adoptadas por determinados municipios.
Fuente: Ical