Representantes de los funcionarios consideran que se trata de una privatización, suprimiendo la labor de vigilancia en el trámite.
Los representantes de los empleados públicos en Soria han tenido conocimiento de la pretensión de la Junta por la que los precintos empleados en la gestión de los cotos de caza pasen a ser enviados directamente desde la empresa que se encarga de su fabricación a los titulares de los derechos cinegéticos, mediante una entrega con un servicio ajeno a la administración pública, "suprimiendo la labor de vigilancia y control que, mediante la tramitación de su entrega, se venía ejerciendo por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente como garantes de la legalidad".
Para los sindicatos, el desplazamiento a manos privadas de la entrega de los precintos, medios empleados para controlar la actividad cinegética, significaría "una pérdida de la capacidad de control los servicios públicos sobre los mismos, al dificultar o impedir la comprobación de que se cumplen los requisitos para obtenerlos, como devolución de los anteriores no realizados, pagos de matrícula, planes de ordenación cinegética en vigor, licencias, etc".
De este modo, "inexplicablemente" se traspasaría "a manos privadas esa gestión cuando quienes deben realizarlo, el personal funcionario de la administración, lo ha venido efectuando diligentemente".
Tampoco ven "aceptable como pretexto para el menoscabo" de la adecuada gestión e inspección de la actividad cinegética que la entrega de precintos "desborde a los medios existentes" en la Administración que la Junta de Castilla y León, cuando es la Junta la encargada de procurar esos medios, "y sin embargo deja sin cubrir un enorme porcentaje de puestos que podrían llevar a cabo esa labor. Valga el ejemplo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, al que le corresponde encargarse de ese procedimiento, y en el que se hallan cubiertos tan sólo 3 de los 17 puestos de auxiliares existentes, y además con carácter eventual".
"Resultaría inadmisible que la Junta de Castilla y León desatienda su obligación de cubrir los puestos que ella misma define deben existir y luego pretenda excusarse en la carencia de personal que ellos mismos generan para externalizar servicios y controles, dando un paso más en el desmantelamiento de lo público", concluyen.