Instan al Ministerio y al Gobierno a solucionar una huelga que ya se extiende a lo largo de ocho semanas.
Los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Soria han mostrado este lunes respaldan a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en su exigencia de diálogo y negociación con el Ministerio de Justicia. Tras varias semanas de efectividad de la huelga que una parte significativa de profesionales que mantienen en los juzgados sorianos, los parlamentarios Tomás Cabezón (Congreso) y los senadores Gerardo Martínez y José Manuel Hernando (Senado) han expresado su "preocupación" ante lo que consideran como una situación que "empieza a ser insostenible, que redunda en perjuicio de los ciudadanos demandantes de justicia y va en claro detrimento del adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en nuestra provincia y en el resto de España.
En este sentido, y a través de un comunicado, argumentan que "No sólo es justo, sino plenamente razonable que se adopten las medidas necesarias con el fin de adaptar las retribuciones de los LAJ al creciente volumen e importancia de las funciones y responsabilidades asignadas a este Cuerpo en las últimas modificaciones legislativas que les afectan".
Para los populares, tras ocho semanas de huelga resulta "inconcebible que la ministra de Justicia, Pilar Llop, no se haya dignado siquiera a sentarse al objeto de escuchar a este colectivo en sus reivindicaciones".
Del mismo modo, consideran como "inaceptable" que no se hayan aprobado las bases de una negociación con los estos funcionarios, "basada en la comprensión y en la buena fe".
"Las taras del gobierno de Pedro Sánchez se muestran con toda claridad en este conflicto, al que ha aplicado una política informativa
basada en falsedades con la única finalidad de denigrar a los letrados de la Administración de Justicia y negarles el mínimo reconocimiento que merecen, a la vista de la labor impagable que vienen realizando en la protección y satisfacción de derechos fundamentales de los españoles", añaden.
Por ello, instan a la ministra y al Gobierno a que se reúnan con estos profesionales, y que "se avengan a negociar sobre la base de que este Cuerpo desarrolla una labor esencial para el pleno desarrollo del Estado de Derecho y se tomen las medidas necesarias para poner término al conflicto que tanto está perjudicando a uno de los pilares de nuestra democracia".