El documento, rubricado por las nueve diputaciones provinciales, es el punto de partida para poder comenzar las obras en las más de 1.000 localidades de Castilla y León que, según las confederaciones hidrográficas, no tienen vertido adecuado.
Este martes, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano ha rubricado, en Urueña en Valladolid, con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el protocolo de colaboración con la institución provincial, al igual que las ocho restantes de Castilla y León, para el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en municipios con población de menos de 500 habitantes equivalentes.
Se trata de determinar el esquema básico de colaboración entre la Comunidad y las diputaciones para facilitar el establecimiento de un marco estable de actuación a futuro, que garantice el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de depuración de aguas residuales urbanas, en las localidades con población inferior a 500 habitantes equivalentes, ejecutando las infraestructuras precisas y garantizando su correcto mantenimiento y explotación.
Más de 1.000 localidades a depurar con una inversión de 125 millones de euros
Se trata de más de 1.000 localidades que, según las confederaciones hidrográficas, no tienen un vertido adecuado a la normativa europea y estatal vigente,
Este programa medioambiental beneficiará a más de 250.000 personas y supondrá la movilización de inversiones en torno a los 125 millones de euros (sin IVA), de los que el 40 % será aportado por la Junta, otro 40 % por las diputaciones y el 20 % restante por los ayuntamientos respectivos.
La Junta, además, ayudará a las administraciones locales que lo soliciten, financiando su aportación a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las administraciones locales.
“Si bien se trata de una inversión similar al del tramo anterior, en torno a 125 millones, la ejecución abarca un número muchísimo mayor de infraestructuras, lo que exigirá multiplicar el esfuerzo de gestión y colaboración institucional entre todos los partícipes”, ha precisado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias. Este grupo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.
La elección de cada sistema de depuración se basará en la experiencia acumulada por parte de los Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León en actuaciones proyectadas y ejecutadas en aglomeraciones similares en la Comunidad, así como en el Manual de Depuración de Pequeñas Localidades.
Los sistemas de depuración propuestos perseguirán, además de la depuración correcta de las aguas y, consecuentemente, la conservación de los cauces receptores, que el coste de mantenimiento de las instalaciones sea mínimo y siempre asumible para los escasos recursos económicos de los que disponen las entidades locales.
Como en el anterior programa de depuración de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, en este tramo de menos de 500 habitantes equivalentes, también ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.
En desarrollo el programa de depuración de 500 a 2.000 habitantes equivalentes
El 9 de octubre de 2020, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firmó el Protocolo general de actuación entre la Comunidad y las nueve diputaciones provinciales para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes.
Este programa abarca un total de 250 localidades con una dotación financiera de 125 millones de euros (40 % aporta la Junta, 40 % las diputaciones y 20 % los ayuntamientos beneficiarios), encontrándose en este momento en pleno desarrollo: 3 depuradoras en explotación, 65 obras en ejecución, 13 en fase de licitación, 45 localidades con proyectos redactados pendientes de la firma del convenio correspondiente, 89 proyectos en redacción y el resto de actuaciones en análisis previos. Actuaciones ejecutadas por la empresa pública Somacyl, que se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.
Compromiso con el medio rural y la preservación del medio ambiente
El consejero ha destacado que con este protocolo firmado hoy se trata de hacer una “apuesta por la modernización y la sostenibilidad; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social”.
Suárez-Quiñones ha señalado, además, que “es un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y el desarrollo de nuestros pueblos”, a la vez que ha subrayado que es un “ejemplo de cómo administraciones de distintos ámbitos de actuación y de diferentes signos políticos alcanzan acuerdos para la prestación de servicios básicos con el fin de potenciar el desarrollo poblacional e industrial en el medio rural” y “en beneficio de las personas de Castilla y León”.
Y en este contexto de compromiso entre instituciones, se aborda la ejecución de infraestructuras que garanticen una adecuada capacidad de tratamiento de las aguas residuales (tanto domésticas como de origen industrial) para reponerlas a los cauces de los ríos en las mejores condiciones, garantía de unas adecuadas condiciones de salubridad a la población y garantía de la preservación de la calidad de los cauces, disminuyendo la degradación provocada por los vertidos.
“Compromiso de las administraciones públicas, que han acometido un importante esfuerzo inversor en los últimos años, apoyadas por la disposición y aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea, con la preservación y protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de las personas y del crecimiento económico, favoreciendo el mantenimiento de las actividades productivas y sentando las bases para la localización y el asentamiento de nuevas actividades e iniciativas”, ha concluido el consejero.