El Ejecutivo regional argumenta la ausencia de competencias de la ministra de Trabajo y Economía Social y en el hecho de haber sido remitido fuera del plazo legalmente establecido.
La Junta de Castilla y León recibió el pasado 10 de marzo un requerimiento judicial por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social por el que se insta a reponer el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), un servicio que a día de hoy no ha dejado de prestarse.
En la respuesta a este requerimiento, la Consejería que dirige Mariano Veganzones argumenta que no existe obligatoriedad de financiación del SERLA, dado que el Acuerdo de financiación suscrito entre la Junta de Castilla y León y los firmantes del III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) perdió su vigencia el día 2 de octubre de 2020, y fue denunciado en la legislatura pasada por parte de la entonces Consejería de Industria y Empleo y que no se alcanzó un acuerdo de financiación con los sindicatos y la patronal, razón por la cual no se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023 ninguna consignación presupuestaria para la financiación del SERLA. Siendo la ley de Presupuestos la que fijó la financiación de la Fundación SERLA, no cabe un requerimiento previo a la vía judicial por parte del Ministerio, puesto que correspondería manifestarse al Tribunal Constitucional.
Además, en la contestación remitida por la Junta, se indica que el recurso se ha presentado fuera de plazo por parte del Ministerio puesto que la ley estipula que los requerimientos deben producirse en un plazo de dos meses desde que se hubiera conocido la inactividad. La eliminación de aportación a la Fundación SERLA fue aprobada por las Cortes de Castilla y León el pasado 29 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de diciembre.