El porcentaje de la población entre 16 y 29 años en una situación económica vulnerable aumenta siete puntos entre 2020 y 2021, hasta el 25,8%
La emancipación residencial de la población joven de Castilla y León apenas varió en el último año, ya que se situó en el 14,9 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años en el primer semestre de 2022, que supone solo dos décimas más que en el mismo periodo de 2021. Eso sí, el porcentaje se disparó hasta el 67,6 por ciento entre las personas entre 30 y 34 años. En cambio, empeoró mucho el porcentaje de jóvenes que se encontraba en una situación económica vulnerable o de pobreza, que ha pasado del 18,9 al 25,8 por ciento entre 2020 y 2021. En este sentido, hay un dato que el Consejo de la Juventud de Castilla y León calificó de “alarmante” como que uno de cada cinco jóvenes (21,9 por ciento) de las personas jóvenes que trabaja se hallaba en riesgo de pobreza y exclusión social.
El Observatorio de la emancipación en Castilla y León, referente al primer semestre de 2022 destaca “cierta” recuperación de la presencia de los jóvenes en el mercado laboral, gracias a la reforma laboral, pero esa mejora se topa con el incremento de los precios de la vivienda en el mercado libre. No en vano, los alquileres aumentaron un 4,3 por ciento en un año y los de compraventa, un cuatro por ciento. Algo que dificulta mucho el acceso a una vivienda, teniendo en cuenta el salario medio de los jóvenes en la Comunidad, que es de 946 euros netos al mes.
Por lo tanto, para alquilar en solitario en Castilla y León, una persona joven debería destinar el 61,7 por ciento de su salario, que son ocho puntos más que en el semestre anterior. En el caso de pagar una hipoteca, significaría reservar el 37,1 por ciento del sueldo mensual y haber ahorrado 2,6 veces el salario anual, sumando 29.993 euros. En ambos casos, se sobrepasa el umbral de sobreendeudamiento.
El año 2022 se inició con un aumento de la proporción de los jóvenes (entre 16 y 29 años) activos laboralmente, respecto al semestre anterior, con una tasa del 51 por ciento, y del 90 por ciento entre los de 30 a 34 años. Al mismo tiempo, se incrementaron los puestos de trabajo ocupados por la población entre 16 y 29 años, hasta el 38,5 por ciento, y del 83,5 por ciento entre los menores de 34.
El estudio constata los efectos “inmediatos” de la entrada en vigor de la reforma laboral en marzo de 2022 en cuanto a la contratación registrada. En el segundo trimestre de 2021, el 7,3 por ciento de todos los nuevos contratos suscritos por jóvenes era indefinido, mientras que en el año 2022 ascendía hasta el 35,5 por ciento. No obstante, todavía había más contratos temporales qué indefinidos, ya que el 64,5 por ciento de los contratos registrados ha sido temporal.
La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, se refería esta semana sobre la la emancipación que la “notable” mejoría en la contratación registrada no ha evitado hablar de “personas trabajadoras pobres”. No en vano, subrayó que en 2021 (últimos datos disponibles) se observa un empobrecimiento y mayor riesgo de exclusión social de los jóvenes en la Comunidad que en el año anterior, situándose el 25,8 por ciento, tras subir casi 7 puntos. Pese a ello, es inferior a la media nacional, donde se situó en el 33,5 por ciento.
En este sentido, el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, reconoció que ha habido un cambio de tendencia en la temporalidad con la reforma laboral pero alertó que aún hay mucha parcialidad no deseada. “Hay un cambio en la momenclatura de los contratos pero estamos valorando si esto ha supuesto una variación en la calidad de los contratos y del empleo de los jóvenes, que aún es preocupante”, significó. En todo caso, apuntó que, antes de la reforma, había 21.173 contratos fijos en España y, en la actualidad, son 309.356.
Ámez precisó que, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, el Índice de Precios al Consumo (IPC) experimentó en el segundo trimestre de 2022 un mayor incremento en Castilla y León, produciéndose una pérdida neta de poder adquisitivo entre la población joven, ya que los salarios de las personas jóvenes no crecieron en la misma medida.
12% de la población
Los jóvenes de entre 16 y 29 años suponían a principios de 2022 el 12,6 por ciento de toda la población de Castilla y León. Un menor peso demográfico que, según el Consejo de la Juventud, coincide con una mayor probabilidad que una persona joven nacida en la Comunidad estuviera residiendo en otras regiones. Al comparar la proporción de jóvenes en el primer semestre de 2022 con el mismo periodo de 2021, Castilla y León ha perdido 2.467 jóvenes.
Ámez destacó que, ante el año electoral que se avecina, es el momento de que el colectivo sea escuchado y para aprovechar para que los jóvenes reivindiquen, nuevamente, a la sociedad y los partidos políticos que tengan en cuenta la “continua” y “precaria” situación que padece la juventud. “Debemos lograr que la clase política se comprometa a terminar con la situación de vulnerabilidad de los jóvenes por que, hasta ahora, solo se han puesto tiritas y parches cuando lo que necesitamos es un traje entero. Urge adoptar medidas valientes y a largo plazo, con carácter estable”, aseveró.
Invertir en juventud
El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, valoró la importancia de la formación en los diferentes niveles, ya sea en la FP o la universidad, ya que, a su juicio, eso repercute más tarde en la consecución de empleo. “Hay que formarse para tener una buena cualificación y luego tener un mejor trabajo”, precisó. En su opinión, hay una tendencia de separar “en exceso” el periodo formativo y el empleo pese a que no son compartimentos estancos. No en vano, consideró que ambos se puede complementar, sobre todo cuando es un empleo formativo. “Castilla y León se ve como un buen sitio para formarse pero, a veces, sigue la tendencia de que luego hay que irse fuera a trabajar”, sentenció.
Cabero mencionó, según Ical, el contrato de formación en alternancia, que es muy importante y está muy vinculado en la formación dual de FP y universidad, y el contrato para adquirir experiencia profesional para los titulados, al permitir la conexión en los periodos de formación teórica y práctica.
Juan Antonio Báez citó que una de las medidas que permitiría solucionar el problema del empleo en España sería el Estatuto del becario, por que hay muchos jóvenes que trabajan pese a que no debería ser una relación laboral sino formativa con las prácticas extracurriculares, en las que hay “muchísimo” fraude.
El presidente del CES reiteró la necesidad de invertir en juventud ya que la Comunidad necesita más jóvenes, por lo que demandó incorporar la perspectiva de edad en las políticas de la Junta y las Cortes para así acometer, “con solvencia”, el reto demográfico.
Fuente: Ical