La financiación extraordinaria del Fondo COVID-19 posibilitó hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis sanitaria, aunque paralelamente la deuda aumentó un 3,7%.
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico las fiscalizaciones de la Cuenta General de la Comunidad correspondientes a los años 2019 y 2020. Dos informes fundamentales del sector público autonómico que ponen de manifiesto la salud financiera de Castilla y León.
Bajo el punto de vista de su contenido, la de 2020 presenta variaciones significativas respecto de la precedente en los indicadores económicos y financieros analizados al tratarse del primer ejercicio afectado por el impacto de la pandemia. Así, el presupuesto definitivo de gastos se incrementó en 1.461 millones, hasta los 12.661 millones, destinándose casi una cuarta parte de este al refuerzo en Sanidad para afrontar la pandemia.
Mediante una exposición conjunta de ambas fiscalizaciones, estableciendo una comparación interanual, Amilivia ha resumido en referencia al año 2020 que la Cuenta experimentó una mejora tanto en el aspecto formal como en el fondo. Primero, porque incluyó cambios normativos que, en la práctica, supusieron el cumplimiento de recomendaciones reiteradamente planteadas por el Consejo de Cuentas.
De esta manera, se presentó por primera vez formando una unidad, dado que hasta entonces la integraban las tres cuentas correspondientes a las entidades sujetas al régimen de contabilidad pública, a las empresas públicas y a las fundaciones públicas. Además, se presentó de manera consolidada en todos los documentos que la componen, es decir, sin duplicidades por operaciones internas, en consonancia con la Cuenta General única del Estado.
Por otro lado, la financiación extraordinaria del Fondo COVID-19 posibilitó que la financiación sanitaria estuviese mejor cubierta, con más presupuesto y mayor gasto sanitario, también en la Administración General, aunque paralelamente se registró un incremento interanual de la deuda del 3,68%. Además, la evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto por la Gerencia Regional de Salud reflejó en 2020 una notable disminución, la mayor en 14 años, pasando de 417 a 62 millones, gracias a la generación de créditos que posibilitaron imputar a gasto corriente los gastos de ese año y los correspondientes a ejercicios anteriores.
Amilivia ha significado que en opinión del Consejo la Cuenta General se presentó en ambos ejercicios, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, reflejando de forma fiable la actividad económico-financiera de la misma, excepto por algunas limitaciones e incumplimientos recogidos en las conclusiones.
Con relación a las conclusiones más destacables, la Cuenta General se rindió en ambos ejercicios dentro del plazo establecido y atendiendo a la normativa, aunque en la de 2020 hubo algunas carencias en la información suministrada y una serie de incidencias en las homogeneizaciones y eliminaciones por operaciones internas entre entidades llevadas a efecto en el proceso de consolidación.
La Cuenta General de la Comunidad incluye todas las cuentas de las entidades que deberían estar integradas en la misma excepto -en ambos ejercicios- las del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente.
Teniendo en cuenta las diferentes magnitudes para cada una de las entidades que integran la Cuenta General, las entidades del Sector Público que realizan actividades administrativas representan el 99,3%. La única empresa (Somacyl), nueve fundaciones y un ente público de derecho privado integrados -el mismo número que en el ejercicio 2019- representan menos del 1%.
Con relación a los informes de auditoría de las cuentas anuales, la Memoria de la Cuenta General de 2020 incluye la opinión manifestada por los auditores en los correspondientes informes de auditoría de todas las entidades, excepto del Instituto para la Competitividad Empresarial, aportado en el curso de la fiscalización. No ocurrió así en la de 2019, pues a fecha de confección de la Cuenta solo se habían auditado las cuentas de tres entes, todos con opinión favorable.
En ambos ejercicios sí se recoge el informe de auditoría, con opinión favorable, de las cuentas de la única empresa pública que se ha integrado en la Cuenta General. Siguiendo la tónica de los últimos ejercicios, prácticamente todas las fundaciones presentaron informe de auditoría favorable.
En lo referente a las entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al Régimen de Contabilidad Pública, el mayor peso presupuestario corresponde a la Administración General, seguida de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales, con un 87,35%, 6,06% y 3,85%, respectivamente, del presupuesto definitivo consolidado de ingresos en 2020. En cuanto a los gastos, la Administración General representa el 49,56%, la Gerencia Regional de Salud el 37,38% y la Gerencia de Servicios Sociales el 8,47%.
Amilivia ha subrayado que el presupuesto definitivo de gastos experimentó en 2020 un incremento del 13,05%, es decir, 1.461 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, alcanzado los 12.661 millones. Produciéndose la mayor variación en términos cuantitativos en la Gerencia Regional de Salud, con un incremento de 1.063 millones (29%), seguida de la Administración General, 301 millones (5,04%).
Dentro de las obligaciones reconocidas consolidadas, el mayor peso específico respecto de cada capítulo presupuestario corresponde a la Administración General, salvo en personal y gasto corriente, donde la Gerencia Regional de Salud absorbe el 52,32% y 74,45% de los respectivos capítulos, y en el capítulo de activos financieros que corresponde al Instituto de Competitividad Empresarial, con el 80,29%.
En cuanto a los derechos reconocidos consolidados, el mayor peso específico corresponde a la Administración General en todos los capítulos, a excepción de los activos financieros, que corresponde al Instituto de Competitividad Empresarial.
Evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto
Con relación a la Gerencia Regional de Salud, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2020 por 62 millones de euros, siendo 5,5 de ejercicios anteriores. Existen, además, obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2020 por 412 millones. La evolución de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto en los últimos años refleja que 2020 fue el ejercicio con el menor importe, habiéndose producido una notable disminución, pasando de 417 millones en 2019 a 62.
La causa principal fueron las generaciones de crédito, que permitieron que en 2020 se imputaran a presupuesto corriente tanto los gastos generados en ese ejercicio, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito. La principal fuente de financiación fue el Fondo COVID-19 creado por la Administración del Estado para que las comunidades autónomas afrontaran las incidencias presupuestarias de la crisis sanitaria.
En cuanto al seguimiento de debilidades, las memorias de las cuentas anuales de las entidades sujetas a contabilidad pública presentaban incidencias de diferente tipo en cada una de ellas que afectan a su finalidad de completar, ampliar y comentar la información contenida en el resto de los documentos.