Consideran que la Junta podría estar incurriendo en una ilegalidad, según la normativa que rige este servicio público.
La Junta de Personal Docente de Soria ha mostrado su desacuerdo, con una concentración este viernes en a la puerta de la Delegación Territorial de la Junta, por la concesión del uso del comedor escolar al colegio concertado Calasancio en la localidad de Almazán.
“Este servicio se presta en la Escuela Hogar/CRIE de Almazán en unas instalaciones públicas, con trabajadores públicos, a precios públicos, y ahora se van a aprovechar de ello familias que han elegido una educación privada para sus hijos”, han explicado los convocados
Para este colectivo, la medida es “electoralista y absolutamente intolerable, la gota que colma el vaso, ya que se están financiando con dinero público servicios que no son los estrictamente educativos como los que sí podrían estar incluidos en un concierto. Con esta ‘ayudita’, el centro Calasancio estaría ejerciendo una competencia desleal. Añagazas políticas, nada nuevo”, apuntan.
A juicido de la Juna de Personal Docente, la Consejería de Educación está “echando tierra” sobre del único centro de titularidad pública que tiene en la localidad adnamantina. Un hecho que “ofende a la dignidad, legitimidad y coherencia de todas las familias que consecuentemente eligieron la enseñanza pública para sus hijos.
Del mismo modo, han indicado que el colegio admamantino Calasancio de Almazán es una empresa educativa y que como todos los centros privados-concertados” ha venido a hacer caja con dinero público”. Con lo que dicho colegio a partir de ahora verá aumentados sus beneficios, y “teniendo instalaciones de comedor en su centro, le va a salir mucho mejor hacer uso de unas instalaciones públicas ajenas, atendidas por trabajadores que no son suyos y a unos precios públicos que ya se verá en qué cuantía repercute a sus clientes”.
Se trata de un despropósito que denota, según expresan, “la falta de responsabilidad de la administración educativa al no reparar en las responsabilidades que se pueden derivar de la asistencia al comedor escolar de unos alumnos que no pertenecen a la escuela pública y que si se presentan problemas de convivencia o disciplina ¿quién va a ser el responsable de reprender y en su caso sancionar?, ¿y quién va a asumir la comunicación con las familias?, ¿se van a mezclar trabajadores del centro público y del privado?, ¿quién va a asumir las tareas multiplicadas de organización, transporte, intendencia, limpieza, etc., etc.?”.
alifican que esta decisión, pone de manifiesto “la falta de consideración de la Consejería por sus trabajadores. Además, ven que el hecho podría incurrir en la ilegalidad en función de la normativa regional sobre el servicio de comedores. “Si la Consejería persiste en mantenerlo procederemos a presentar la correspondiente demanda judicial”, avanzan.
Por último, los denunciantes han manifestado su “profunda decepción” que en el colectivo docente ha provocado la responsable del ramo, Rocío Lucas, a la que tildan como “la peor consejera de Educación que hemos tenido y que siendo soriana, ha sido la que más daño ha hecho y está haciendo a la provincia de Soria y a la educación pública con sus privatizaciones y su pusilánime toreo de salón”.