La parálisis de la presa del río Mayor angustia a vecinos y empresarios. Este 2023 se han vaciado mucho antes los manantiales que dan suministro al pueblo y se teme que el río Linares no aguante lo suficiente para salvar el verano.
En San Pedro Manrique y buena parte de las Tierras Altas sorianas viven pendientes del agua. El verano está siendo más caluroso de lo habitual y la sequía comienza a hacer estragos. Tanto es así que en Matasejún, pedanía del municipio, se ha emitido un bando por el que se limita el uso del líquido elemento prohibiendo el riesgo de parques y jardines, el lavado de vehículos y el llenado de piscinas.
En la cabecera del municipio, también mediante un bando del Ayuntamiento, se comunicó a los vecinos que el agua llegaría hasta los grifos de la localidad gracias a dos bombas instaladas en el río Linares. Una situación que no es nueva, pero sí preocupante, pues este 2023 se ha tenido que adelantar mes y medio respecto a anteriores campañas.
El agua procedente del río se trata y es potable, pero es aconsejable emplearla con precaución, pues puede contener bacterias. Carlos Martínez Izquierdo, alcalde de San Pedro Manrique, explica que, con este anuncio, se "notificó que los tres manantiales de los que bebe el pueblo se habían agotado y, por prevención, se aconsejaba la adquisición de agua embotellada para casos más especiales como puede ser el consumo de los más pequeños".
El regidor reconoce que en San Pedro se repiten los problemas de abastecimiento año tras año, pero ahora se muestra visiblemente preocupado por una situación que "puede ser muy grave". Lamenta que "se puedan vivir momentos críticos para vecinos y empresarios" cuando la solución está a escasos kilómetros, en la presa del río Mayor, una infraestructura que sigue paralizada desde hace más de cinco años, poco después de comenzarse a ejecutar.
Martínez Izquierdo ha retomado los contactos con representantes de todas las administraciones. A todos ellos les ha trasladado lo "urgente" de la situación, pero el proyecto, judicializado, depende de trámites que ahora mismo escapan de la voluntad política. Salva, en estos momentos, el último trámite en el Consejo de Estado, que deberá decidir si se rescinde o no el contrato con la empresa adjudicataria de la obra.
Tras esta decisión llegará otra importante, si se licita de nuevo la obra o se le encarga directamente a la empresa pública Tragsa. Esta segunda opción, ya sí una cuestión de voluntad política, sería mucho más rápida y Martínez Izquierdo espera que "exista sensibilidad" ante un proyecto de dimensiones relativamente modestas, de apenas 24 metros de altura y 0'6 hectómetros cúbicos de capacidad, del que depende que toda una comarca pueda "sobrevivir y desarrollarse".