La Junta recibe el premio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España en un reconocimiento para el que la consejera del ramo destaca la colaboración entre administraciones y entidades, la labor de los profesionales y el esfuerzo económico en un entorno demográfico complejo.
Castilla y León continúa siendo la punta de lanza de los Servicios Sociales a nivel nacional. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha galardonado a la Comunidad por ocupar el primer puesto de manera ininterrumpida desde 2012 entre las autonomías de régimen común. Así lo ha venido recogiendo año tras año el Índice DEC que, en el correspondiente a 2022, otorga al territorio castellano y leonés una puntuación de 7,30 sobre 10, casi medio punto más que en 2021 y alrededor de 2 más que la media nacional.
Un premio que ha recogido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha destacado que la constancia de los buenos resultados en la prestación de este pilar del Estado social se debe al consenso fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León, las entidades locales y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, que garantiza estabilidad, continuidad y homogeneidad. Además de agradecer el reconocimiento por ser referente nacional en la prestación de Servicios Sociales, la consejera ha subrayado que este galardón pone de manifiesto el compromiso de la Junta con las personas de Castilla y León y ha hecho referencia al desempeño de los profesionales que trabajan en el sistema social autonómico, a quienes ha destacado como los principales artífices de este galardón.
Blanco ha subrayado que todo ello hace que los Servicios Sociales de la Comunidad sean los más eficientes, es decir, que los recursos se utilizan para lo que realmente necesitan las personas, y ha explicado la complejidad que supone gestionarlos en una realidad sociodemográfica como es la de Castilla y León: una población cada vez más envejecida, atomizada en el entorno rural y acompañada de una baja natalidad. Por ello, el esfuerzo económico para cubrir todas las necesidades es cada vez mayor. No en vano, la Comunidad destaca respecto del gasto social por habitante, que es de 519,3 euros, un 16 % más que el año anterior y 57 euros por encima de la media estatal.
Otro dato que la consejera ha puesto sobre la mesa es el hecho de que la Comunidad haya sido de las pocas que aumentó el gasto en Servicios Sociales sobre el PIB en 2022, el cual alcanzó el 2,12 % −dos décimas más que el año anterior− y superó el 1,82 % de la media del conjunto del Estado. Pero también se incrementaron, en general, las partidas presupuestarias de corte social de las administraciones públicas ubicadas dentro del ámbito territorial de Castilla y León, superando en más de punto y medio a la media nacional. De todo el gasto social de la Comunidad, el 76,6 % corresponde a la Junta.
El Gobierno de Castilla y León tiene un compromiso especial con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género, por eso, de todos los datos que recoge el Índice DEC 2022, la consejera ha destacado el incremento de las plazas de alojamiento destinadas a mujeres maltratadas, situándose 8 puntos por encima de la media nacional.
Índice DEC de 2022
Una buena parte del mérito de ese 7,30 otorgado por los directores y gerentes de servicios sociales de las comunidades autónomas se debe a las altas tasas de cobertura efectiva en las prestaciones y servicios y, concretamente, al liderazgo indiscutible en materia de dependencia: la Comunidad obtiene un 8,5, la nota más alta del país, mientras que la media estatal se sitúa en el 5,1. Casi el 100 % de las personas dependientes con derecho a prestación ya la reciben, por un 87,63 % de todo el Estado.
De hecho, de acuerdo con el Índice DEC, el sistema social de Castilla y León se mantiene muy equilibrado en sus tres dimensiones: derechos reconocidos, esfuerzo económico y cobertura, que refleja unas tasas que superan ampliamente la media nacional: un 5,96 % frente al 2,69 % estatal en plazas residenciales para mayores de 65 años y un 4,3 % frente al 1,73 % en las destinadas a personas con discapacidad. Es por ello por lo que la Comunidad ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, que se traduce en la gran eficiencia del sistema.
Ello se debe, tal y como establece el informe, a la colaboración y el protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, pero también es fruto de decisiones estratégicas clave como la integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales autonómicos y a nivel municipal. Precisamente, la vertebración y la descentralización local del gasto son factores determinantes en esta reconocida eficiencia del modelo castellano y leonés. Junto a ello, la asociación de directoras y gerentes destaca la cultura del consenso en la ordenación del sistema con agentes sociales, Tercer Sector y entidades locales.
Además, cabe señalar que, en otras tasas de cobertura, la Comunidad también se ubica en la parte alta de la tabla, como sucede con las plazas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género −21,1 por cada 100 mujeres con orden de protección, 8 más que la ratio estatal− y las destinadas a personas sin hogar −64,2 por cada 10.000 habitantes, un 56 % más que el conjunto del Estado−. En lo referente a los acogimientos familiares a menores, Castilla y León también se ubica en la cúspide, con un 59,4 % del total dentro del territorio y 5 puntos más que la media nacional.
Una década a la cabeza de España
La prolongada crisis económica de 2008 y la derivada de la pandemia de la COVID-19 no han impedido que Castilla y León siga ocupando la primera posición de las comunidades de régimen común después de 10 años. Un sistema social consolidado cuyo nivel de derechos y ordenación obtiene una puntuación de 1,45 sobre 1,50, superando ampliamente el 0,99 del conjunto del país.
Mientras que, durante esta última década, el gasto por habitante ha crecido a nivel estatal un 30,7 %, en la Comunidad lo ha hecho un 40,2 %, 10 puntos por encima, que se traducen en 149 euros más por habitante, superando en 40 euros a la media de todas las comunidades autónomas. Y si el gasto en servicios sociales sobre el presupuesto total de las administraciones públicas se incrementó en 1,13 puntos en estos 10 años, en Castilla y León lo hizo en 2, un 77 % más.
Al igual que reflejan los datos relativos al pasado año, la Comunidad también se sitúa a la cabeza en la cobertura de plazas residenciales, ocupacionales o de personas sin hogar entre 2012 y 2022. En cuanto a las correspondientes a las residencias financiadas con dinero público, se ha duplicado las destinadas a mayores de 65 años −un 141,3 % más−, ocupando el primer puesto. Y crece también un 13,2 % las plazas reservadas a personas con discapacidad, mientras que a nivel nacional se refleja un retroceso del 21,8 %. Hay disponible 1 plaza por cada 23 personas pertenecientes a este colectivo, frente a la ratio de 1 por cada 56 del conjunto del Estado. Además, los centros ocupacionales y de día para estas personas han aumentado su capacidad en un 11 % en 10 años, mientras que en el resto del país se produce un descenso del 13,5 %. Por último, el incremento estatal del 19 % en las plazas de alojamiento para personas sin hogar queda lejos del aumento del 94 % en Castilla y León.