Hay proyectos, como la ampliación del aeródromo y el punto de nieve de Santa Inés, que deberían recibir el impulso definitivo durante los próximos meses. Otros asuntos, como las residencias o los bomberos, piden a gritos una reestructuración urgente. Además, el Plan Soria, seguirá indudablemente centrando el debate entre equipo de gobierno y oposición.
Comienza el curso y en la Diputación es el momento de ponerse a trabajar después de un verano más que convulso. Benito Serrano, investido como presidente de la institución provincial el pasado 26 de julio (casi dos meses después de las elecciones municipales), debe servir como buen director de orquesta para encarrilar la legislatura desde sus primeros compases. Hay asuntos y proyectos que no admiten más demoras y, tres años después, la pandemia ya no servirá de excusa.
Para afrontarlos con éxito, lo primero ha sido organizar la casa. A priori, esta legislatura se presenta mucho más asequible para los populares. Tras la integración de la PPSO y la desintegración de Ciudadanos, las decisiones se presumen mucho más ágiles al disponer el PP de una cómoda mayoría absoluta. Pero Serrano ha incluido en el equipo de gobierno varias caras nuevas y, con el retraso acumulado tras la polémica de la conformación de la institución, estas están obligadas a ponerse al día de forma inminente. El asunto no es baladí, pues alguno de estos 'nuevos' diputados, llevarán áreas de un peso tan notable como son Servicios Sociales (Laura Prieto), Centros Asistenciales (Juan Ramón Soria) o Reto Demográfico y Fondos Europeos (Daniel García).
Paralelamente, ya se debería estar trabajando en los que se venden ya como grandes proyectos de la legislatura, aunque también lo fueron de la pasada. Es cierto que existen otros proyectos coleando, como puede ser el de Aguas Bravas para San Esteban de Gormaz, pero por su entidad y expectativas la ampliación del Aeródromo y del punto de nieve Santa Inés tendrían que recibir el impulso definitivo durante los próximos meses.
En Garray continúan esperando la licencia de AESA. El documento, que se espera desde hace dos años, es necesario para continuar con los planes del equipo de gobierno de licitar el proyecto y la obra de forma conjunta y así acelerar los trámites. Los populares, que han criticado "triquiñuelas políticas" en la demora en los trámites, confían en que se haya acabado su recorrido porque insisten en que el dinero que tiene reservado la Junta para la ampliación de la pista no puede quedar paralizado. Los socialistas aseguran que se "todo es consecuencia de no hacer los deberes a tiempo" y piden "cumplir con los actos reglados para que nadie te pueda negar una licencia".
Con urgencia se quiere tramitar también la ampliación y modernización del Punto de Nieve Santa Inés. Con la declaración ambiental de la Junta sobre la mesa, el siguiente paso es que la Mancomunidad de los 150 pueblos apruebe la disponibilidad de los terrenos. Así la Diputación podrá licitar el proyecto y la obra de forma conjunta y comenzar los trabajos en los próximos meses. Se deberá también salvar la oposición de los ecologistas, que alegan que el cambio climático convierte en insostenible cualquier estación de esquí. Aquí está la excusa perfecta para encontrar un buen modelo desestacionalizador que haga de Santa Inés un enclave de verdadera referencia.
También los próximos meses deberían ser determinantes para aportar algo de luz a dos asuntos que parecen enredarse con el transcurso de las legislaturas. El primero de ellos es el servicio de prevención y extinción de incendios en la provincia. La Junta aprobó a comienzos de 2021 un plan sectorial con el que se sentaban unas bases de obligado cumplimiento y, desde entonces, la Diputación estudia cómo encajar las piezas para que el presupuesto (más que ajustado) cuadre con estas.
Aunque la lógica aconsejaba una reestructuración de los parques disponibles para redistribuir los medios eliminando dos de los actuales (San Esteban o El Burgo y Ágreda u Ólvega) y abrir otros dos en zonas peor protegidas (como Pinares o Arcos de Jalón); se ha vuelto a evitar lo que nadie antes ha querido afrontar con la promesa de "no eliminar nada de lo existente" y la licitación de tres nuevos parques en San Pedro Manrique, San Leonardo de Yagüe y Arcos.
Ahora toca asegurar los fondos comprometidos para estas obras después de dos licitaciones desiertas. Más adelante habrá que hablar de la dotación de personal y medios y del mantenimiento de ocho parques provinciales.
En segundo lugar, e igual o más enquistada, está la reorganización de los centros asistenciales que dependen de la Diputación. Las residencias han sido, son y serán un tema sensible y equipo de gobierno tras equipo de gobierno han dejado pasar un asunto que cada año deja en las arcas provinciales un déficit de 4 millones de euros.
Se debe iniciar ya un estudio serio y riguroso de los costes sin olvidar el importante papel de servicio público que desempeñan. Gobierno y oposición coinciden en que la solución no pasa por privatizar ni despedir personal por lo que habrá que empeñarse a fondo en conseguir la cuadratura del círculo.
El curso político que ahora inicia la Diputación Provincial estará también marcado por dos temas en apariencia menores, pero que influirán decisivamente en las rutinas de diputados y, sobre todo, técnicos de la casa. En el Palacio Provincial se requieren más trabajadores en la mayoría de departamentos, pero tampoco será fácil ampliar la plantilla. Para ello hay que abrir más de 10 comisiones negociadoras con los sindicatos y esperar a que concluya la consolidación de plazas del Gobierno.
Además, se tendrá que lidiar con el problema de ejecución de obras que existe desde que la pandemia y la guerra en Ucrania incrementasen los precios de todo tipo de suministros. En los Planes Provinciales de 2023 se modificaron las bases para que los pueblos pudiesen solicitar obras plurianuales, más atractivas para los empresarios por su mayor importe. La oposición pide que sea opcional para los Ayuntamientos el licitar las obras de menos de 40.000 euros y así la Diputación pueda ofrecer una especie de "paquetes de trabajos por zonas" para que con los mismos medios un constructor lleve a cabo todos ellos.
Por último, el Plan Soria. Después de cambiar de nombre para convertirse en el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, este plan 'específico' que la Junta mantiene con la provincia para impulsar proyectos llamados a combatir la lacra de la despoblación seguirá copando espacios informativos. El debate volverá a situarse en si la institución autonómica introduce o no lo ordinario entre las partidas del Plan soriano para disimular su escasa atención con esta zona.
A mayores, la Diputación debería analizar, una vez más, la repercusión del dinero invertido y por qué hay subvenciones que no han recibido la respuesta social esperada. Un ejemplo son las ayudas a la vivienda joven, que han dejado 300.000 euros sin repartir.