Ambas instituciones renuevan su compromiso de colaboración, iniciado en 2017 con la firma del primer convenio, para el desarrollo de actividades formativas y de perfeccionamiento en las que participan letrados y personal de las diferentes Consejerías de la Junta.
La Junta de Castilla y León, a través del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena Cerdá, han firmado hoy en Valladolid el convenio en materia de formación continua de fiscales para este año 2023.
A través de este acuerdo se articula la cooperación entre la Fiscalía General del Estado y la Administración de Castilla y León para el desarrollo de actividades de formación y perfeccionamiento para todos aquellos fiscales con destino en la Comunidad. Las acciones formativas se enmarcan dentro de las que desarrolla de forma habitual la Consejería de la Presidencia para su propio personal en relación con cuestiones jurídicas de actualidad que pueden resultar de interés para los fiscales de la región, por lo que participan también letrados y personal de las diferentes consejerías de la Junta, en función de la temática abordada.
Se pretende así dar cabida a los fiscales de la Comunidad en dichas actividades de formación, no solo beneficiándose de tal actividad formativa, sino también interviniendo de forma activa en la planificación de la programación de los cursos. Además, la participación conjunta de personal de la Junta de Castilla y León y de los fiscales en estos cursos permite establecer un marco propicio no solo para el conocimiento, sino, lo que es más importante, para el intercambio de experiencias entre los fiscales y letrados participantes acerca de las diversas materias objeto de su labor diaria.
No en vano, en los cursos se abordan temas jurídicos de interés y actualidad para los fiscales, como los relativos a discapacidad, menores, protección del medio ambiente, violencia de género, patrimonio cultural, acoso escolar, o los relativos a las agresiones frente a empleados públicos en ámbitos como sanidad o educación, entre otros. A lo largo de estos años, en las diferentes actividades llevadas a cabo (un total de 12 acciones formativas), han participado más de 290 profesionales entre fiscales, letrados y otro personal de la Administración autonómica.
Para 2023, teniendo en cuenta que las actividades se desarrollarán en el último trimestre del año, está previsto celebrar dos cursos formativos que inciden en aquellas materias que, bien por las modificaciones legislativas recientes, bien por las nuevas corrientes jurisprudenciales o por la propia situación y coyuntura de la sociedad a día de hoy, resultan de mayor interés, como son los delitos contra el medio ambiente o las novedades en materia de protección de menores.