El futuro texto, que ya puede consultarse en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta, establece una serie de incentivos para las familias que decidan acoger a un menor. Se establece un equilibrio entre derechos y deberes de niños y adolescentes, se otorga una mayor protección a las personas con discapacidad y se hace hincapié en el uso responsable del entorno digital.
Tras más de dos décadas con la actual norma en vigor, la Junta de Castilla y León impulsará una nueva Ley de atención a la infancia y a la adolescencia en Castilla y León, que se adecuará a los numerosos cambios sociales y normativos a nivel nacional e internacional. En un contexto en el que se ha venido reconociendo cada vez más al menor como sujeto de derechos, la nueva norma profundiza no sólo en estos, sino en un conjunto de deberes que equilibren la balanza hacia una mayor corresponsabilidad de niños y adolescentes de las sociedades en las que se integran. Además, ahonda en la protección de los menores más vulnerables y potencia los acogimientos familiares para ofrecer una vida digna a todos y cada uno sin distinción.
De este modo, junto a la garantía de derechos vitales básicos como a la vida y a la integridad personal, igualdad, identidad o al libre y pleno desarrollo de la personalidad, así como otros de carácter social como los derechos a la educación, cultura, deporte, inclusión social o el disfrute de una vida libre de violencia, la ley desarrolla una serie de deberes −los cuales la norma vigente menciona con carácter general− relacionados con la igualdad y la no discriminación, el menoscabo de la dignidad de las personas, el respeto a los miembros de su familia, a sus compañeros de estudios o a la sociedad en general.
La futura norma hace hincapié en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en la protección de los menores más vulnerables, como son los niños con discapacidad. Y, por otro, en la prevención de todas las formas de violencia tanto en la infancia como en la adolescencia y en todas las direcciones: tanto intergeneracional como dentro del colectivo y en ámbitos como el de la salud, el escolar o el entorno digital. La ley profundiza en esta área debido a que la evolución tecnológica de las dos últimas décadas ha dado lugar a nuevas situaciones y contextos. En este sentido, no sólo establece una protección efectiva de los menores en el ámbito digital para evitar el menoscabo de su privacidad e imagen, sino que también promueve acciones de educación y buenas prácticas e insta a los propios niños y adolescentes a respetar al resto de la sociedad y a hacer buen uso de los medios digitales.
Junto a esto, también se contempla un compendio de acciones preventivas en todos los demás ámbitos relacionados con el desarrollo vital de los menores, como los de la cultura, el deporte, el ocio y el tiempo libre.
La nueva norma pone énfasis en la situación de determinados menores que, por diferentes causas, no tienen padres, tutores o guardadores y a los que se les quiere otorgar un desarrollo vital en igualdad de oportunidades con el resto de los niños y adolescentes. Por ello, la nueva norma potencia los acogimientos familiares, para que estos sean la opción principal frente a la institucionalización de los menores.
La Junta de Castilla y León ofrece incentivos a las familias que decidan acoger, como compensaciones económicas por gastos de manutención o extraordinarios, unas bonificaciones que, al no tener carácter ni de subvención ni de ingreso de la unidad familiar, no computarán a efectos de obtener cualquier otra ayuda o subvención pública. Además, serán intransmisibles e inembargables y, en determinados casos, podrán mantenerse una vez alcanzada la mayoría de edad.
El futuro texto legal establece una serie de cambios frente a la actual regulación en un área concreta de los acogimientos, como es el de menores con problemas graves de conducta en instalaciones específicas de la Junta de Castilla y León. La norma adopta un marco actualizado y adecuado para la educación, la normalización de su conducta y el libre desarrollo de su personalidad, aportando un enfoque positivo y de oportunidades. Eso sí, establece esta vía como último recurso, en los casos en los que no sea posible la intervención a través de otra medida de protección, y por el tiempo estrictamente necesario.
El Anteproyecto de Ley de infancia y adolescencia incorpora un apartado de gran relevancia para los menores en acogimiento tanto familiar como residencial y es el dedicado a la preparación para la vida independiente, que comenzará a los 14 años. El objetivo es favorecer su proceso de maduración y autonomía. En el caso de que los menores tengan algún grado de discapacidad, la norma garantiza todos los recursos necesarios para que esa transición se complete en igualdad de oportunidades.
Estas actuaciones están relacionadas con el apoyo socioeducativo, laboral y en habilidades personales y sociales, así como el aprendizaje de la autogestión doméstica. Para ello, se llevarán a cabo acciones de orientación y apoyo tales como información, motivación, resolución de problemas, asesoramiento, apoyo personal, orientación laboral, contactos con otros recursos, etc.
Otro aspecto destacable del texto es que se aborda la guarda con fines de adopción. El objetivo es que el niño o adolescente no tenga que permanecer en un centro o conviviendo con una familia distinta mientras recae la resolución judicial mediante la que se autoriza la adopción. En este mismo ámbito, se establece también el concepto de ‘adopción abierta’, a través de la que se buscan alternativas consensuadas, familiares y permanentes para dotar de estabilidad familiar a los menores.
Por último, cabe señalar el establecimiento de un sistema coordinado de actuación ante situaciones de desprotección, para que el procedimiento sea más rápido y eficaz.