Valladolid acoge la III Jornada de Coordinación y Especialización de una actividad que, durante 2022, realizó 28.592 intervenciones y detectó 17.180 infracciones, y cuyo objetivo es velar por el presente y futuro del sector, luchando contra las malas prácticas que promueven la competencia desleal o el incremento de los riesgos en la carretera.
Valladolid ha acogido la III Jornada de Coordinación y Especialización en Inspección de Transportes que, organizada por la Junta y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León, “nos permite seguir avanzando en la mejora de la inspección de transportes, y que servirá para poner en común el trabajo que venimos desarrollando Inspección de Transportes, Guardia Civil y Policías Locales, y así profundizar en nuestras relaciones y mejorar los procedimientos de actuación”, ha indicado la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, durante la inauguración de la misma.
Esta cita, “que hemos decidido establecer como hito anual, dado el éxito de convocatoria de las dos anteriores”, ha destacado González Corral, sirve, también, para poner de manifiesto que el Plan de Inspección que ejecutan Junta de Castilla y León y Guardia Civil, “es la herramienta para velar por la competitividad del sector del transporte”, ya que, tal como ha señalado la consejera, “un correcto control, no sólo a las empresas del sector, sino a todos aquellos otros usuarios directamente relacionados con la actividad, es indispensable para fomentar el cumplimiento de las normas y mejorar la confianza en el sistema”.
En este sentido, la consejera ha reiterado que el objetivo del programa no es otro que el de “luchar contra las malas prácticas que promueven la competencia desleal, mediante la reducción de costes de forma fraudulenta, o el incremento de los riesgos en la carretera, al no respetar los tiempos de conducción y descanso”, y, de este modo, “se logra promocionar, modernizar y hacer más competitivo el sector del transporte por carretera en Castilla y León”.
Un sector que, según demuestran las cifras, tiene una enorme importancia tanto para la movilidad de las personas, como para la economía, “al ser esencial para el buen funcionamiento del comercio, la industria y, por ende, de la creación de empleo”, ha manifestado la consejera. No en vano, Castilla y León cuenta con más de 14.000 empresas dedicadas al transporte por carretera, y una flota de 42.604 vehículos, “siendo el de mercancías el que mayor peso tiene con 12.000 empresas y 35.951 vehículos”, ha puntualizado.
Plan de Inspección
En lo que respecta al Plan de Inspección propiamente dicho, María González Corral, ha revelado que durante el año 2022 se realizaron 28.592 actuaciones de control y se detectaron un total de 17.180 infracciones, “la mayor parte de ellas (el 82%) relativas a los tiempos de conducción y descanso”. En lo referido al año 2023, estando en plena ejecución, se contemplan tres novedades con respecto a años los anteriores.
En primer lugar, se encuentra el control de la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores profesionales, ya que según el Real Decreto ley 3/2022, sólo deberán intervenir en este proceso en los supuestos en los que por razones de seguridad y eficiencia en la operación esté justificada.
La segunda novedad reside en el control de la morosidad, una de las prioridades de la Unión Europea para evitar pactos de contenido abusivo para el porteador. En este caso, lo que se vigila es que se cumpla el pago del porte dentro del período determinado por la ley y que está establecido en sesenta días. Para ello se comprueba la facturación de las empresas y los justificantes de pago de cada una de las facturas emitidas correspondientes a los servicios de transporte.
Y la tercera y última se centra en el control del precio del transporte, intentando garantizar que el precio del porte sea superior al de los costes y gastos individuales efectivos en que incide el transportista. De cara a lograr este objetivo, se considera necesario que los contratos se documenten por escrito, apareciendo expresamente el precio acordado con referencia a los gastos que supone la prestación del servicio. A efectos de inspección, el reflejo del precio convenido en las cartas de porte, así como en los documentos en los que figure, constituye un elemento importante para el control de los precios de transporte, por lo que serán objeto de un control exhaustivo.
Otras actuaciones
En relación a otras actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería, “siempre con el objetivo de reducir el número de accidentes, de que haya menos fallecidos en carretera y menos heridos y pérdidas materiales”, según ha asegurado la consejera, habría que referirse al novedoso proyecto para la digitalización de las actuaciones ligadas a esta labor inspectora, “que supondrá una inversión de 570.000 euros y para lo que hemos aprovechado la oportunidad que nos brindan los Fondos Europeos NEXT Generation”.
Dentro de ese marco se prevé la compra de básculas móviles electrónicas de pesaje, herramientas y material informático complementario para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento de regulaciones, el suministro de ordenadores portátiles convertibles y llaves tacógrafo, además de la implantación de una aplicación para la tramitación y gestión de expedientes sancionadores.
“Todo este trabajo sólo viene a confirmar el compromiso claro que, tanto la Junta como la Guardia Civil, a cuyos integrantes me gustaría agradecer su labor eficiente e imprescindible, tienen con el sector del transporte en nuestra Comunidad autónoma”, ha concluido la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral.