Artículo de opinión de Alejandro Ramos, profesor universitario y secretario de NNGG Soria
Hace un año por estas fechas, el equipo de gobierno de Carlos Martínez presumía de haber aprobado para el 2023 la congelación del IBI y la puesta en marcha de bonificaciones para familias monoparentales y numerosas.
A día de hoy, siguen presumiendo. Pero esta vez, de todo lo contrario. Después de finalizar un año marcado por las urnas, y que todavía está por concluir, el equipo de gobierno de la capital ha hecho valer su mayoría absoluta, en contra del resto de partidos de la oposición, para aprobar una subida de un 3.5% en el IBI y el Impuesto de circulación de vehículos.
En un contexto de dificultades económicas, donde la cesta de la compra ha aumentado más de un 10% con respecto al periodo anterior y la inflación se ha encontrado en máximos históricos, no parece que tenga mucho sentido, exigir un esfuerzo extra a las familias y no al ayuntamiento, para que sea éste quien reduzca los gastos no prioritarios y, con ello, los impuestos.
Los buenos gestores, son conscientes de que la verdadera financiación de los servicios públicos no debería producirse a través de la subida de la presión fiscal a los ciudadanos, sino más bien, mediante un adecuado desarrollo económico, incrementando los niveles de renta y no perjudicando directamente a las familias, autónomos o pequeñas empresas. Todo ello, generaría un mayor consumo y actividad económica y, paralelamente, se favorecería la creación de empleo.
Lo que los ciudadanos debieran preguntarse cada vez que tienen una subida de impuestos es, para qué o con qué finalidad se lleva a cabo. La respuesta no es muy complicada. Soria sigue siendo una ciudad con el mobiliario muy deteriorado (aceras, baches, pintadas o iluminación), demasiado comercio cerrado y, sobre todo, con mucho adoquín, ¡qué no nos falte el adoquín!