La convocatoria sindical se debe a la reducción de 70 plazas que pretende la Junta y para exigir el cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2007 sobre mejoras del Cuerpo.
Los agentes medioambientales de Castilla y León, a través de los sindicatos CSIF, USCAL, CCOO y UGT, han convocado una concentración de protesta el próximo 21 de noviembre ante las Cortes regionales. Rechazan la “inadmisible e inaceptable propuesta de la Junta de reducir más de 70 plazas" de ese colectivo.
Exigen al Gobierno autonómico el cumplimiento del acuerdo alcanzado hace 16 años, sobre la mejora de sus condiciones laborales, del que se ha incumplido el 80% de los asuntos negociados. Además, denuncian la situación de "abandono, olvido y absoluta descoordinación" existente en la Consejería de Medio Ambiente, en todo lo concerniente a las emergencias por incendios forestales y otras emergencias medioambientales.
En las asambleas y concentraciones que han celebrado los cuatro sindicatos la pasada semana en las nueve provincias de la Comunidad, y en las que han participado el 75% de la plantilla de agentes medioambientales, éstos han trasladado su "tremendo malestar e indignación". Herederos del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, con cerca de 150 años de historia, se sienten "engañados" por el incumplimiento del acuerdo de 2007 con la Junta.
Consideran “impresentable” la propuesta de reducción de más de 70 plazas de agentes medioambientales y forestales, “cuando la carencia de efectivos en la actualidad hace muy difícil garantizar el servicio público de defensa del medio natural de la Comunidad, así como dar servicio a los numerosos avisos que se atienden por recogida de fauna, atropellos, daños a la ganadería y otros incidentes que requieren, en muchas ocasiones, una atención inmediata.
Los sindicatos convocantes de la concentración recuerdan que los agentes medioambientales son profesionales que cuentan con una alta cualificación técnica, asumiendo diferentes riesgos en las funciones de vigilancia y policía. Asimismo, subrayan la complejidad de sus funciones y acciones, que requieren unas capacidades y de formación que, lamentablemente, “las han obtenido por ellos mismos, sin ningún tipo de apoyo por parte de la Junta”.
Todas las funciones que realiza este Cuerpo, explican las organizaciones sindicales, no se corresponden con la nueva clasificación y niveles retributivos que la Junta de Castilla y León pretende llevar a cabo en la modificación de sus puestos de trabajo, dejando a los agentes medioambientales en el nivel más bajo de la Consejería, a la par que no se contempla el complemento de ultra periferia, siendo el servicio de funcionarios con mayor dispersión en el medio rural de toda la administración.
“Es más que lógica y justa la petición de equiparación a la retribución media a nivel nacional”, insisten los sindicatos. Para ello, piden la inclusión del colectivo en el grupo profesional de grupo B, correspondiente a la titulación superior exigida como requisito para el acceso al Cuerpo; y que se faciliten fórmulas de equiparación para los agentes en servicio activo que accedieron con anterioridad a la exigencia de esa titulación superior.
Reglamento
Por otra parte, los convocantes aseguran que se hace más que necesaria una urgente actualización del reglamento de funcionamiento del colectivo. Se trata de un documento que tiene ya 21 años, y que no responde a las necesidades jurídicas, profesionales y laborales actuales. “No contempla todas las funciones que se hacen actualmente los agentes medioambientales, además de generar grandes disfunciones organizativas que restan gran eficacia al servicio público”, critican.
Para conseguir todos estos objetivos, “se requiere la creación, en la Ley de Cuerpos y Escalas, de una estructura de Cuerpo para asumir una dependencia de un mando orgánico que ostente la condición de agente de la autoridad. Igualmente, la creación de unidades y especialidades que se vienen realizando ya sin ningún tipo de estructura funcional ni reconocimiento alguno”.
Para ello, remarcan los agentes medioambientales, es de importancia vital la nueva estructuración de la organización territorial que permita establecer servicios en pareja. Mejora la eficiencia del servicio y es una garantía mínima para la seguridad de los agentes. Castilla y León reciben anualmente más de 5 millones de visitantes y turistas, muchos de ellos atraídos por actividades relacionadas con la caza, pesca o disfrute del Patrimonio Natural, seña de identidad incluida en el Estatuto de Autonomía.
Los avisos en el 112 por recogida de fauna, rescates de personas extraviadas, entre otros sucesos, son una tónica diaria, sobre todo en festivos y fines de semana. Por ello, “se hace necesario el establecimiento de guardias para la gestión de todo tipo de emergencias en el medio natural, todos los días del año, y la inclusión operativa eficaz en emergencias 112”.
"Da la impresión de que, tanto la Junta como la Consejería de Medio Ambiente, consideran que los agentes deben realizar funciones de meros encuestadores de usuarios de actividades reguladas con normas de obligado cumplimiento mediante leyes, reales decretos, decretos de desarrollo e infinidad de herramientas del ordenamiento jurídico". Apuntan.
Sin embargo, consideran que los servicios de vigilancia y policía requieren de "la necesaria y obligatoria evaluación de riesgos, y la elaboración de protocolos y formación para recuperar la autonomía en la protección ambiental y vigilancia de los recursos naturales”, advierten.
Castilla y León cuenta con una superficie de más de 94.000 kilómetros cuadrados. Por ello "la Junta debe abandonar la idea de que los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado van a poder acudir en su apoyo de forma inmediata, dada la dispersión territorial, los limitados medios disponibles y el escaso conocimiento del terreno, que sí tienen los agentes medioambientales". Así lo creen los profesionales del servicio público de defensa del medio ambiente, que piden el cese del actual director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, “ante la demostrada falta de gestión y el daño medioambiental y social que sus políticas están desencadenando”.