El portavoz de la formación, que admite que los datos sobre la violencia hacia las mujeres son "alarmantes", considera que existe "utilización ideologizada y sectaria de todo lo relacionado con el feminismo" por parte del PSOE.
El portavoz de Vox en Soria, Fernando Castillo, ha expresado esta mañana de sábado el posicionamiento de su partido con respecto a la programación de este 25 de noviembre: “No iremos a los actos por la utilización ideologizada y sectaria de todo lo relacionado con el feminismo que realiza el PSOE”.
“Estamos de acuerdo en que la situación es alarmante por el aumento de casos de violencia, (51 víctimas en lo que va de año), pero para Vox, este incremento, lo que pone de manifiesto es la inutilidad y poco sentido del Ministerio de Igualdad”, señala Castillo, quien ha querido recordar sus palabras en el último pleno municipal afirmando que su formación "es el partido que defiende de verdad a la mujer porque tiene en cuenta todas las causas que provocan la violencia contra ella sin silenciar ninguna. Solicitamos castigos máximos para los agresores – incluida la prisión permanente revisable – y que el dinero público para este tema se destine a lo que sí es verdaderamente importante: más policías y juzgados que investiguen y hagan seguimiento de los casos y más medidas telemáticas para protección de las víctimas”.
En este sentido Castillo ha señalado que “los socialistas de Soria han validado que el gobierno haya puesto en la calle a más de mil agresores sexuales”, y añade que “los socialistas han supuesto un mayor peligro para las mujeres por la Ley del Solo sí es sí y por no combatir la inmigración ilegal. Así, atraen a personas procedentes de culturas donde consideran que las mujeres no tienen derechos y cuando las agreden impunemente pues este gobierno silencia sus delitos en un intento de negar la realidad”.
Para finalizar Castillo ha añadido que “quedarse en el machismo como única causa de la violencia evidencia el interés de seguir perpetuando un falso relato adoctrinante para justificar una Ley que acaba con determinadas garantías constitucionales y derechos civiles básicos para el 50% de la población, como el derecho a la presunción de inocencia, y la igualdad entre todos los españoles. Con ello se suprimen garantías judiciales que fundamentan el estado de derecho en España”.