La nueva programación ofrece especial atención al gasto social, el endeudamiento de la Comunidad, la seguridad informática y las mancomunidades de municipios.
El Pleno del Consejo de Cuentas, celebrado hoy por primera vez en Astorga (León) ha dado luz verde al proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2024, propuesta que ha sido trasladada al Parlamento autonómico para su aprobación, tal como establece la normativa.
La nueva programación prevé 29 nuevos informes e incluye además 27 fiscalizaciones de planes anteriores, actualmente en elaboración. Así, con el PAF 2024 la actividad del Consejo de Cuentas alcanzará el próximo año un total de 56 fiscalizaciones en distintas fases de tramitación, implicando todos sus recursos en la ejecución de los trabajos. En 2023 el Consejo ha aprobado 15 informes, teniendo prevista la finalización de 13 fiscalizaciones más en el primer cuatrimestre de 2024.
El Consejo de Cuentas abordará la provincia de Soria en 15 de estas fiscalizaciones, seis nuevas como son las del Fondo de Compensación Interterritorial, el Informe del Sector Público Local, el análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Soria, la fiscalización de los procedimientos de estabilización de empleo temporal de las entidades locales o la fiscalización de las mancomunidades de municipios, de los consorcios, y de otras entidades asociativas como fórmulas alternativas a la reducción de la planta local.
El resto se trata de fiscalizaciones en elaboración como la que analiza las medidas de ahorro energético de determinados municipios o la de análisis de las actividades y servicios prestados por las mancomunidades locales.
El Pleno del Consejo de Cuentas, formado por el presidente Mario Amilivia y los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, fue recibido en el Ayuntamiento de Astorga por el alcalde, José Luis Nieto. También se han desplazado al municipio leonés en esta jornada de trabajo el secretario general de apoyo a las Instituciones Propias, Santiago Salazar, y quien viene ejerciendo como director de Fiscalización del órgano autonómico de control externo, Eduardo Cubero.
Amilivia destacó ante los periodistas la importancia de este nuevo Plan de Fiscalizaciones. Un Plan que ofrece especial atención al gasto social, el endeudamiento de la Comunidad, la seguridad informática y las mancomunidades de municipios.
Subrayó también que los distintos informes del Consejo no tienen otro fin que el de contribuir a la mejora de la gestión pública, objetivo que se recoge a través de las recomendaciones que realiza con carácter constructivo esta institución autonómica.
Plan de Fiscalizaciones 2024
Las cuatro fiscalizaciones legales recogidas en la programación elaborada para 2024 permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión de las administraciones autonómica y local de la Comunidad, consiguiéndose además la comparabilidad de los datos y su análisis evolutivo para un mejor conocimiento de las políticas públicas y su ejecución.
En cuanto a las 24 fiscalizaciones de carácter especial, 8 corresponden al ámbito de la Comunidad y 16 al ámbito local. En el ámbito autonómico se continúa profundizando en el análisis del endeudamiento, una vez publicado este año el relativo a la gestión del programa de Deuda Pública.
El Consejo viene haciendo un especial seguimiento de los principales gastos a nivel presupuestario, especialmente en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Para este último, se iniciará una auditoria financiera de la Gerencia de Servicios Sociales, de manera similar a la realizada este año sobre la Gerencia Regional de Salud.
Precisamente para esta última se prevé una auditoria de ciberseguridad en lo referido a su gobernanza, al igual que para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como organismo pagador que gestiona los gastos de la Política Agraria Común.
En el ámbito educativo se actualiza la fiscalización de la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Como área de relevancia social especial, en colaboración con el Tribunal de Cuentas se iniciará una fiscalización que alcance a la promoción y gestión de la vivienda protegida.
Además de los gastos de contratación, que se fiscalizan por mandato legal, otros que por su naturaleza adquieren un papel relevante son los de carácter subvencional, por lo que se propone un análisis a nivel operativo de la situación de los planes estratégicos de subvenciones de la administración autonómica.
En el ámbito local, por un lado se completarán las actuaciones en materia de seguridad informática con los ayuntamientos capitales de provincia (Soria, Segovia y Zamora) y se realizará el seguimiento de siete auditorías de ciberseguridad ya efectuadas sobre municipios intermedios.
A su vez, se actualiza la fiscalización de actividades y servicios prestados por las mancomunidades, se iniciarán dos auditorías específicas sobre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y el Consejo Comarcal del Bierzo y se fiscalizará la contratación menor de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no sean capitales de provincia.
Asimismo, se introducen dos fiscalizaciones por razones de oportunidad, de interés social e impacto en la Administración pública. Una que pretende analizar los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos y otra, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, que analizará la situación del establecimiento de las zonas de bajas emisiones.
Finalmente, en cuanto a otras actuaciones, se realizará el informe de seguimiento de recomendaciones, correspondiente al ejercicio 2023.