El informe de la Cuenta General de la Comunidad recoge 8 recomendaciones

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha oficiado esta tarde su primera comparecencia del año en el Parlamento autonómico al informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente a 2021.

Ha subrayado al respecto en la Comisión de Economía y Hacienda el sentido de oportunidad de presentar uno de los informes de más reciente aprobación “porque estimamos que puede resultar de utilidad el análisis que ofrece para el debate que se abrirá próximamente con la tramitación parlamentaria prevista del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2024”.

En este sentido, ha manifestado que esta es la primera ocasión en la que la comparecencia sobre la Cuenta General antecede al debate presupuestario planteando, con el mismo propósito, que la segunda comparecencia del año en curso podría estar dedicada al también reciente informe sobre el Análisis de la gestión de la Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto social.

Ha precisado, por otra parte, que tras la sesión de hoy son 13 los informes de fiscalización pendientes de ser presentados en las Cortes. Respecto al resto de las actuaciones, cinco fiscalizaciones correspondientes al Plan anual 2022 se encuentran en su última fase de elaboración y otras 22 del Plan de 2023 se encuentran también en marcha. En resumen, ha resaltado, 40 informes en distintas fases de tramitación que conforman la actividad presente del órgano autonómico de control externo.

En esta línea, afirmó también que durante este primer cuatrimestre del año se aprobarán 13 trabajos; todo ello, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones para 2024, cuya propuesta, incluyendo 28 nuevas auditorías, fue aprobada por el Pleno del Consejo el pasado 28 de diciembre y remitida al Parlamento para someterla a su aprobación.

Durante el presente mandato, hasta la fecha, Amilivia ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara autonómica en 45 ocasiones con un total de 117 auditorías, lo que representa ya el 42% de toda la serie histórica de las fiscalizaciones.

Comenzando con la presentación de la Cuenta General, ha indicado que esta se rindió en plazo, atendiendo a la estructura e información establecidas normativamente, comprobándose la coincidencia entre las cuentas anuales individuales de las distintas entidades y las comunicadas a la Intervención General para formar la Cuenta General consolidada, no detectándose incidencias significativas. Tampoco surgieron, apuntó, incidencias significativas en la revisión del proceso de consolidación.

Ha puntualizado al respecto que las entidades que realizan actividades administrativas representan el 99,3% en la Cuenta General. Concretamente, que la Junta de Castilla y León, seguida de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales suponen el 95,7% del total y el Consorcio Parque Empresarial del Medio Ambiente, adscrito a la Administración autonómica, debe formar y rendir sus cuentas para su inclusión en la consolidación de la Cuenta General.

Con relación a los informes de auditoría de las cuentas anuales, la opinión en los informes de auditoría de los cinco entes públicos de derecho privado y de la Sociedad Pública de Infraestructura y de Medio Ambiente de Castilla y León es favorable.

En sentido contrario, las cuentas del Consorcio del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca obtuvieron opinión desfavorable. También, no se presentó en plazo el informe de auditoría de dos fundaciones (Supercomputación Castilla y León y Fundación Patrimonio Natural). Por otro lado, las cuentas de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León fueron presentadas sin aprobación, aunque posteriormente fueron reformuladas con una opinión favorable en su informe de auditoría.

Con referencia a las entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Pública, el presupuesto definitivo de gastos, cifrado en 12.917.807.703 euros, experimentó en 2021 un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior. Hay que recordar, ha explicado Amilivia, que la variación interanual 2019-2020 alcanzó un 13,1% debido a la distribución por parte del Estado de recursos adicionales por la pandemia COVID-19, y también, en menor medida, a los fondos procedentes de la actualización de los ingresos del sistema de financiación, que no estaban contemplados en el presupuesto por la situación de prórroga de estos.

En el ejercicio 2021 las oscilaciones más significativas en términos cuantitativos se produjeron en la Gerencia Regional de Salud y en la Junta de Castilla y León, pero en sentidos inversos, ya que, mientras la primera disminuyó su presupuesto un 6,2%, la segunda lo incrementó un 5,2%.

Porcentualmente, la Junta de Castilla y León (51%), la Gerencia Regional de Salud (35%) y la Gerencia de Servicios Sociales (8%) absorben el 94% de las obligaciones reconocidas netas consolidadas sobre un total de 12.396.299.871 euros. El 75% de las obligaciones se originaron por gastos de personal (4.305 millones de euros), los gastos corrientes en bienes y servicios (1.849 millones) y por transferencias corrientes (3.185 millones).

El 79% de los ingresos de la liquidación consolidada provienen de impuestos, directos por importe de 2.403 millones de euros e indirectos por 3.531 millones, así como de transferencias corrientes (3.856 millones).

En cuanto a los ingresos del sistema de financiación, estos representan una media del 70% de los ingresos de la Administración General en los últimos cuatro años y un 64% del total de los ingresos de la Cuenta General consolidada.

El ejercicio 2019 fue en el que el sistema de financiación resultó más representativo de los últimos cinco años. En 2021, con una cuantía de 7.483 millones de euros, estos ingresos descendieron respecto a 2020, aunque el impacto de la financiación recibida por la pandemia se extendió también al ejercicio fiscalizado.

En relación con la Gerencia Regional de Salud, en los años 2020 y 2021 se incrementaron los créditos, lo que ha permitido que se imputen a presupuesto corriente tanto los gastos generados en estos ejercicios, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito. En este ámbito, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2021 por importe de 32 millones de euros, disminuyendo el 48% respecto a 2020, lo que afirma la tendencia descendente. De estas, 5,3 millones corresponden a obligaciones generadas en ejercicios anteriores. Por otra parte, se imputaron al ejercicio 2021 obligaciones de ejercicios anteriores por un importe de 56 millones.

En cuanto a las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, la cuenta 413, de acreedores por operaciones devengadas, indica el total de las obligaciones reconocidas que no han sido aplicadas a presupuesto. En 2021, el saldo total de la cuenta disminuyó un 10% con respecto al ejercicio anterior, siendo la entidad con mayor importe en dicha cuenta la Gerencia Regional de Salud, seguida la Administración General.

Sobre el seguimiento de debilidades, refiere el informe en primer lugar, que la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. El Inventario General únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre estos de la Administración General, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo. Por su parte, el Instituto Tecnológico Agrario es la única entidad que incluye bienes muebles en su inventario.

En segundo lugar, las cuentas rendidas del Consorcio Palacio de Congresos de Salamanca están formadas de acuerdo con el modelo normal de contabilidad local y no con arreglo al plan contable de la Junta de Castilla y León, a la que está adscrita.

Por otra parte, los entes sujetos a contabilidad pública no utilizan las cuentas de ingresos y gastos imputados a patrimonio neto y, por tanto, tampoco se reflejan los movimientos en el estado de cambio de patrimonio neto, incumpliendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.

Finalmente, en este apartado de seguimiento de debilidades, cuatro entidades: la Junta de Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo tienen saldos pendientes de contabilizar correspondientes a las liquidaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe total de 22 millones de euros. Al respecto, por parte de la Administración se ha declarado que se encontraban saldados en 2022.

Con relación a los ajustes, refiere el informe que las obligaciones reconocidas netas deben disminuirse en 27 millones de euros y, por tanto, el resultado presupuestario consolidado se ajusta de forma positiva en dicho importe, con lo que quedaría en -81 millones de euros.

En materia de modificaciones presupuestarias, el presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 12.286 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 631 millones, por lo que el presupuesto definitivo llegó a 12.917 millones, precisó.

En términos agregados, el importe de las modificaciones tramitadas disminuyó un 69% con respecto al ejercicio anterior, tanto por la financiación extraordinaria a causa de la COVID-19 como porque en 2020, debido a la prórroga de los presupuestos de la Comunidad, la actualización de los ingresos provenientes del sistema de financiación, que no estaba contemplada, se implementó a través de modificaciones de crédito.

Por políticas de gasto, los créditos que más se incrementaron a través de modificaciones fueron los correspondientes a Sanidad (un 45% del total), seguidos de Industria y Energía, con un 20%.

El expediente de mayor importe, 232 millones, fue tramitado por el Instituto para la Competitividad Empresarial, destinado a la financiación de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. El crédito se minoró posteriormente, en 2021, por importe de 96 millones para reintegrar al Tesoro las ayudas no concedidas, bien por no cumplir los solicitantes los requisitos o bien por no haber sido solicitadas.

En el apartado de conclusiones sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ha detallado Amilivia que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2021 fue de 13.215 millones de euros, un 2% superior al del ejercicio 2020.

En el contexto de suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso como consecuencia de la pandemia, la Junta de Castilla y León tuvo en el ejercicio 2021 un déficit de 79 millones de euros (0,10% sobre el PIB), coincidente con el límite de referencia inicialmente establecido. El volumen de deuda suponía el 22% del PIB regional, inferior al valor de referencia objetivo de deuda fijado inicialmente. La Junta de Castilla y León incrementó el gasto computable en 921 millones a cierre de 2021, un 11% más que en el ejercicio anterior, siendo el objetivo de la regla de gasto inicialmente previsto para ese año del 3%.

Sobre la concesión de avales, en 2021 la Administración General concedió tres de estos por importe total de 127 millones y no canceló definitivamente ninguno. La cuantía del riesgo vivo de los 21 avales existentes al inicio del ejercicio era de 434 millones y de 451 la de los 24 avales a fin de ejercicio, incrementándose en un 4%.

Finalmente, con referencia al sistema de información trimestral Ley 15/2010, por la que se establecieron medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el periodo medio de pago a proveedores en el ejercicio 2021 fue inferior al límite de 30 días señalado por la normativa sobre morosidad en once de los doce meses transcurridos. Por sectores, los periodos medios de pago global a proveedores de educación son inferiores al resto de sectores de actividad, excepto en el mes de enero, donde el sector de los servicios sociales presenta el menor valor.

Concluyía Amilivia la presentación del informe con las recomendaciones apuntadas en el mismo. Los resultados del trabajo, reflejados en 69 conclusiones, dieron lugar a 8 recomendaciones, 6 menos que en la Cuenta de 2020. Entre ellas, que la dotación de los créditos en la elaboración de los presupuestos debe tener en cuenta el importe de los gastos pendientes de imputar de ejercicios anteriores.

Asimismo, que la Administración autonómica debería determinar reglamentariamente la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a dos o más entidades.

Por otra parte, que la Gerencia Regional de Salud debería completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de gastos de personal, además de regular el procedimiento para la confección de la nómina.

También, que el Instituto para la Competitividad Empresarial debe extremar los controles sobre los avales vencidos cuyos avalados se encuentren en concurso de acreedores.