La Consejería de Industria, Comercio y Empleo inicia la tramitación para subvencionar la resolución de los conflictos colectivos conforme a las condiciones de financiación autorizadas por la Junta en 2023.
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado hoy una reunión del patronato de la Fundación Serla para someter a votación de la patronal y sindicatos la aportación correspondiente a 2024, anticipándose así a las necesidades financieras de la fundación.
La falta de adopción por parte del Serla de ninguna de las medidas de ahorro solicitadas por la Consejería llevó a que en el mes de diciembre la Junta tuviera que aportar los recursos suficientes para el pago de salarios de los trabajadores y sus cotizaciones sociales.
En la reunión celebrada esta tarde, los sindicatos UGT Y CCOO han rechazado la propuesta de financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para 2024, por la cual se aportan 400.000 euros para la resolución de los conflictos colectivos, considerando que esta cuantía es insuficiente.
Este planteamiento sí ha contado con el voto favorable de CEOE, que a su vez ha planteado su disposición a renegociar con los sindicatos el acuerdo interprofesional para adaptarlo a las nuevas condiciones políticas y sociales.
Cabe recordar que desde el año 2022 la Consejería de Industria, Comercio y Empleo hizo una reducción adicional de gasto que, en concepto de asistencias técnicas, cobraban los sindicatos por su participación en el Serla.
La actuación del Serla se limita a la mediación en conflictos colectivos en Castilla y León, e individuales en Valladolid, a pesar de que sindicatos y patronal acordaron extenderlo a todas las provincias en 2017. Sin embargo, la ausencia de financiación lo impidió.
Ante las quejas sindicales, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) falló en contra de sus pretensiones en 2023 al dictaminar su falta de jurisdicción sobre la autonomía financiera del Gobierno de Castilla y León, considerando que se trata de una decisión en el ámbito de la potestad de autoorganización de la administración, que debe supervisar el uso razonable de los recursos públicos.
Asimismo, el TSJCyL sentenció que el Protectorado de Fundaciones de la Junta no puede anular los acuerdos del patronato del Serla, sino que en caso de observar alguna ilegalidad deberá impugnar los mismos ante la jurisdicción competente.
Paralelamente a la actividad del Serla, en Valladolid, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha atendido 15.117 procesos de mediación en conflictos laborales de los trabajadores castellanos y leoneses previos a la vía judicial. Se trata de la cifra más alta desde 2020, con un incremento en los casos atendidos del 9,22 % desde 2022 y del 19,4 % desde 2021.
Esta labor se lleva a cabo desde las Oficinas Territoriales de Trabajo, que atendieron el 100 % de las solicitudes de los trabajadores. En concreto, Ávila medió gratuitamente en 933 casos; Burgos en 4.075; León en 4.073; Palencia en 1.111; Salamanca en 2.087; Segovia en 1.032; Soria en 586; Valladolid en 76, y Zamora en 1.144.
El Servicio de Mediación y Arbitraje que presta la Consejería de Industria, Comercio y Empleo lleva en funcionamiento desde 1995 y se consolida tras estos datos como uno de los servicios mejor valorados por los trabajadores y empresarios de Castilla y León por su alta calidad, eficacia y su gratuidad, a diferencia del Serla, que no consigue atender todos los conflictos que se le presentan y viene suponiendo un claro supuesto de duplicidad injustificada.