Las acciones serán concretadas con el resto de las organizaciones profesionales agarias (OPAs) durante esta semana
Las organizaciones nacionales profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA anunciaban ayer que va a ser retomado el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de la Unión Europea, como del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. ASAJA Soria concretará las acciones que se van a emprender como provincia dentro de la estrategia nacional y europea que se pone en marcha.
Mañana día 1 de febrero miembros de la directiva provincial participarán en la Junta Directiva nacional para concretar esta estrategia y al día siguiente la Junta Directiva de ASAJA Soria se reunirá para decidir las primeras acciones concretas dentro de este marco.
En esta junta provincial, que ya había sido convocada el 22 de enero, en su tercer punto del orden del día se recoge expresamente este asunto con el fin de estudiar y concretar la mejor manera de transmitir el malestar de todo el sector y la necesidad de cambios profundos en la política agraria de nuestras administraciones y en el funcionamiento de los mercados agrícolas y ganaderos. Siempre bajo la perspectiva de la responsabilidad que se asume por parte del sector y de la consecución de los logros que la organización busca obtener. Por ello antes de tomar decisión alguna se ha esperado a conocer esta estrategia para lo cual era preciso estar al resultado de lo decidido por la la directiva nacional, que también había sido convocada a mediados de enero.
Inicialmente, los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más cercano durante las próximas semanas, con la previsión de culminar en un gran acto nacional.
ASAJA Castilla y León, ayer mismo, manifestaba su total y rotundo apoyo a las movilizaciones del campo español y también europeo, y propiciará la unidad de acción tanto a nivel provincial como autonómico.
El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. "Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa", han subrayado las tres organizaciones agrarias.
Sin embargo, la Unión Europea sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, COAG, UPA y ASAJA, van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que sean paralizadas las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
Además, han pedido que el Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. "Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria", sostienen en las tres organizaciones agrarias.
Del mismo, modo, reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las BCAM (Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales). "La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental", aducen.
Por otro lado, a nivel nacional, las tres organizaciones profesionales agrarias (OPAs) reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria con el fin de prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de aplicar "sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control".
A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
Para las OPAs, ha de ser reforzada en España, la ley de la Cadena Alimentaria para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los “precios anormalmente bajos”, como es el caso ahora mismo del limón.
Asimismo, se va a exigir al Ministerio un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.
Además, en el ámbito de sus competencias, a las Comunidades Autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.
Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son “víctimas inocentes”. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.
Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.
A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante el gran número de jubilaciones de los profesionales del campo.