Artículo de opinión de Alejandro Ramos, profesor universitario y secretario de NNGG Soria
La educación siempre es sinónimo de progreso y evolución social. Invertir en políticas educativas que estén a la vanguardia de la digitalización y las nuevas tecnologías, a la par que garantizar la calidad en materias básicas como la comprensión lectora, las matemáticas o las ciencias, debería convertirse en una política prioritaria para todas las administraciones competentes.
No es por azar que Castilla y León siempre esté en lo más alto de calidad, según el Informe Pisa, recientemente publicado, donde se evalúa el rendimiento académico del alumnado de 15 y 16 años de ochenta países. Este resultado se basa en saber conjugar en las aulas la innovación pedagógica adaptada a las necesidades de los estudiantes, fomentando la equidad y la igualdad de oportunidades con independencia del nivel de renta de las familias. Frente al modelo de éxito de Castilla y León, Sánchez anuncia un paquete de 500 millones de euros en Lengua y Matemáticas, con lo que está reconociendo expresamente el fracaso del sistema educativo a nivel nacional.
Sin duda, una de las medidas más gravosas a la que se enfrenan los estudiantes, es la falta de acuerdo para generar una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio. En ese momento tan delicado, donde muchos jóvenes decidimos nuestro futuro laboral, no es comprensible que existan diferencias de nivel en función de donde vivamos. El criterio de acceso debería ser ejemplo de igualdad de oportunidades y, en cualquier caso, no perjudicar a las comunidades que mas alta calidad exigen a sus estudiantes.
En definitiva, la educación tiene que ser un pilar fundamental en nuestra sociedad. Apostar por tener los mejores docentes y las tecnologías más avanzadas son pasos a seguir para que las próximas generaciones gocen de un nivel de vida adecuado y desarrollado.