La quinta columna de Patxi Irigoyen para Soria Noticias.
Los distintos instrumentos de política de recursos humanos que han de ser ejecutados puntualmente por todas las administraciones públicas se han ido abandonando año tras año y ahora resulta que, con el paso de los años, hay que hacer reconversiones y mil maravillas para determinar una política de personal, cuando menos, legal y a futuro. Y para no ser menos, nuestras dos administraciones más cercanas están en el mismo barco que el resto de aquellas.
Tiene el Ayuntamiento de Soria una enorme labor por hacer, y un problema enorme por resolver. Su falta de ejecución en política de personal ha llevado a la institución municipal a tener un auténtico cuadro en casi todos los servicios que presta. Desde los mostradores del propio edificio en la plaza Mayor, hasta cualquiera de los despachos que ocupan a lo largo de la ciudad los centros cívicos, las aulas, el almacén municipal o la policía municipal.
Que tengan que hacer, en materia de personal, consolidaciones de empleo porque no se han ejecutado tras las distintas ofertas de empleo público los procesos selectivos correspondientes es, cuando menos, punible. Que la empresa privada no pueda ejecutar contratos con duración superior a tres años, cuando las empresas públicas dichos contratos los realizan con duraciones de cinco, siete, ocho, diez o más años, llega a ser delictivo; y eso que hay situaciones que se contemplan y que inciden en este tipo de contratos, es cierto. Pero son uno de cada mil, y no al contrario.
La política de personal es, en la empresa, una de las principales actuaciones. Los trabajadores encuentran su adecuada estabilidad no sólo por el capítulo económico, sino también, e incluso en mayor proporción, por la actitud de quien les dirige, por la empatía de sus responsables, y sobre todo por el respaldo de sus superiores en todas y cada una de sus actuaciones.El empleo público exige, cuando menos, actitud. Y eso se presupone en todos y cada uno de los trabajadores que lo desarrollan.
Todos los años, tras la aprobación de los presupuestos de cada institución pública, ha de ser desarrollada la Oferta de Empleo, que marca las necesidades de personal. Si la programación es lógica, adecuada y salva las excepciones -que también las hay-, no hay más explicaciones que dar. Las administraciones habrían de ser, cuando menos, transparentes y puntuales a la hora de poner en marcha sus procesos selectivos. Y de ello no tienen la culpa ni los que superan los ejercicios, ni los que adquieren las plazas. O al menos, no todos. Por ello hay que ser puntuales, cumplidores, y pulcros cuando se habla de seleccionar empleados públicos.