El vicepresidente de la Junta se reúne con representantes de la asociación policial Jupol y denuncia que sólo una pequeña parte de los extranjeros que entran ilegalmente en España son expulsados.
Hoy martes, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha pedido al Gobierno central “responsabilidad” en la política migratoria y más medios materiales para las fuerzas de seguridad del Estado que deben gestionarla, pues están “desprotegidas”.
Ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes de la asociación de policías Jupol, quienes le han mostrado, según fuentes de la Junta, su preocupación por la falta de dotaciones adecuadas en materias como el vestuario o la prevención.
“Siempre hemos sido una Comunidad de acogida. Pero de acogida de aquellos que vienen aquí a integrarse y a trabajar para levantar con nosotros una Castilla y León mejor”, ha manifestado esta tarde el vicepresidente.
Ha añadido que, aunque la situación en la región está lejos de la “tensión” que se vive en otras zonas del país, como Cataluña, la Comunidad podría verse abocada a recorrer el mismo camino con años de retraso si no se le pone remedio.
García-Gallardo se ha mostrado preocupado por el bajo índice de casos en los que las personas que llegan ilegalmente a España llegan a ser expulsadas, un porcentaje queJupol estima en un 3 %. Algo que el dirigente autonómico ha atribuido, en parte, a los agujeros legales de la Ley de Asilo.
El vicepresidente ha reconocido que la inmigración tiene un peso todavía pequeño en Castilla y León, pues las personas de origen extranjero suponen un 7,42 % de la población autonómica, sólo algo más de la mitad de la media española (13,1%). Pero ha destacado que en el último lustro su peso relativo ha crecido un 30 %, pasando del 5,59 % del censo a ese 7,42 %.
La agrupación policial ha trasladado al vicepresidente de la Junta también la existencia de carencias materiales en aspectos que pueden entrar dentro de la normativa laboral, como la falta de ropa adecuada y de prevención. García-Gallardo ha anunciado que el Gobierno autonómico va a estudiar la situación “y probablemente elaboraremos un requerimiento”.