Artículo de opinión de Alejandro Ramos, profesor universitario y secretario de NNGG Soria.
“Que se metan en el agua y hagan lo que puedan”. Esta fue la orden que cumplieron seis guardias civiles, tripulando un zódiac de cinco metros de eslora, en mitad del temporal Karlotta y frente a una lancha rápida de quince metros, cuatro motores y casi cinco toneladas. El resultado de esta lucha desigual fue el asesinato de dos agentes y las heridas de gravedad a un tercero. David y Miguel Ángel, de 43 y 39 años respectivamente, no solo dejan tres hijos huérfanos, sino dos familias rotas y mucho dolor, rabia e indignación entre la Guardia Civil.
El escenario de este crimen fue el Campo de Gibraltar. Un lugar, relativamente, próximo a Marruecos que, al encontrarse al otro lado del Atlántico, donde operan los cárteles colombianos, se convierte en un territorio propicio para la entrada de grandes cantidades de cocaína y hachís.
Por ello, no hay explicación posible que justifique la ausencia de medios materiales y humanos que puedan hacer frente a estos grupos criminales. De hecho, una de las mayores críticas al ministro del Interior, ha sido la desarticulación, en 2022, de OCON – Sur, un grupo especial de 150 guardias civiles destinados a la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. Durante sus años en activo, consiguieron desmantelar los principales clanes de la droga en zona, llegando a las 10.000 detenciones e incautando más de 1.400 toneladas de sustancias estupefacientes.
De nada sirve la imposición de medallas a título póstumo, las buenas palabras o las promesas vacías si previamente no tienen medios para su protección. Es vergonzoso que el Gobierno de España abandone de esta manera a las FCSE, que son quienes, de manera profesional, velan por nuestros derechos y libertades. En este caso, Marlaska es el máximo culpable de lo sucedido en Barbate, pero Sánchez es el máximo responsable de permitirlo.