El texto plantea un modelo de aprovechamiento sostenible encaminado a atajar la despoblación, el abandono de los montes y reducir el riesgo de incendios.
El Senado ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley de Montes de Socios, una nueva normativa centrada en la zona rural, cuyo objetivo es la regulación de dos millones de hectáreas de terreno forestal de propiedad colectiva y carente de normativa reguladora. La iniciativa ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, excepto del PSOE, que se ha abstenido.
Los senadores del Grupo Parlamentario Popular, el soriano José Manuel Hernando y el jienense Javier Márquez, han defendido la iniciativa que goza del consenso del sector, “fruto del trabajo de profesionales, organizaciones, y administraciones de todos los niveles y signos políticos”, según han destacado.
Márquez, portavoz del GPP en la Comisión de Medio Ambiente, ha explicado que “los montes de socios son un mixto extraño entre una comunidad romana y una comunidad germánica, por sus características de montes privados, con una propiedad tan diluida”, en muchos casos, de propietarios que lo desconocen.
Ha incidido también en la necesidad de avanzar en el desarrollo legislativo porque “tampoco es fácil aclarar la superficie exacta de los montes y, o su definición se aborda ya, o existe la posibilidad de que se de cierta desaparición tanto física como jurídica”.
“Desde el Partido Popular entendemos que debe hacerse con una ley integral, donde realmente se salven los escollos de la gestión y titularidad”, ha asegurado. Tal y como ha explicado, “la situación de los montes de socios, jurídicamente hablando, no es la óptima”.
Al mismo tiempo, en palabras del senador Márquez, “se pretende materializar una definición clara de los montes de socios, un reconocimiento de su forma especial y de aprovechamiento, su carácter de indivisibilidad, salvo en secciones muy concretas, con el cumplimiento riguroso y respeto de la normativa autonómica y nacional”.
Igualmente ha señalado que es una figura que se remonta dos siglos, “un problema que generó el Estado en el siglo XIX y que sigue sin resolver”. En este sentido, recuerda que las únicas iniciativas de regulación son de 2003 y 2015, con gobiernos del PP, que, entre otras cosas, facilitaron la creación de las juntas gestoras, “con un excelente resultado”.
Así, ha afeado al PSOE su falta de apoyo a la Proposición de Ley del Partido Popular, el único grupo que se ha abstenido, recordando a los senadores socialistas que “su partido no se ha preocupado por regular los montes de socios y si lo dejamos en sus manos nos vemos otros dos siglos esperando una solución”.
Por su parte, Hernando, portavoz del GPP en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, ha destacado la “orfandad jurídica de los actuales montes de socios, absolutamente incompatible con los objetivos más básicos de desarrollo económico, de impulso demográfico y conservación ambiental”.
Por ello, la Proposición de Ley del PP plantea que los montes de socios sean comunidades de destino no divisibles, “porque fueron adquiridos en su día para ser de uso común y porque ello supondría traicionar el espíritu de solidaridad y cooperación que los inspiró”, ha explicado.
Hernando ha detallado que “con los montes de socios pasó lo mismo que con todo el mundo rural: sufrieron décadas de emigración y diáspora, con el resultado que conocemos, de abandono y despoblación”. A ello se une un problema añadido como es que los actuales propietarios, “en su gran mayoría, incluso desconocen que son dueños de una cuota del monte de sus abuelos”, ha apuntado para añadir que “a su vez, genera un problema jurídico que es preciso solucionar”.
Por ello, “no se trata de que los propietarios recuperen sus montes, sino de que los montes recuperen sus propietarios”, ha aclarado el senador soriano quien ha mencionado los “excelentes resultados” de las juntas gestoras surgidas de la Disposición Adicional de la Ley Básica en 2003, también promovida por el PP.
Por último, el senador ha remarcado que la iniciativa legislativa respeta “escrupulosamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas, ofreciéndolas un marco al que podrán adherirse si lo consideran útil”.
La Proposición de Ley de Montes que hoy aprueba la Cámara alta persigue tres objetivos: potenciar la rentabilidad económica y que repercuta en la zona rural; lograr su rentabilidad social, en la medida en que la mejora del monte reactiva el vínculo de los propietarios con sus pueblos de origen; y la rentabilidad ambiental, “porque un monte bien gestionado y bien conservado es la mejor prevención de los devastadores incendios forestales”.
La aprobación de la toma en consideración de esta 'Ley Feijóo' coincide, además, con la víspera del Día Internacional de los Bosques y han presenciado el debate desde la tribuna de público representantes de numerosas asociaciones forestales y juntas gestoras de toda España.