La Mesa de las Cortes aprobará este jueves la admisión a trámite de la proposición de ley al no encontrar, los servicios jurídicos de la cámara, obstáculo legal para que pueda ser tramitada.
Este jueves coinciden dos importantes noticias respecto a la nueva, y polémica, ley de Concordia que el gobierno de Castilla y León pretende aprobar a corto plazo. El texto dará su primer paso legal tras su admisión a trámite por la Mesa de las Cortes. Los servicios jurídicos de la cámara no han encontrado obstáculo legal para que pueda ser tramitada la ley, que se remitirá después a la Junta para que exprese su criterio y pueda ser tomada en consideración por el pleno.
En paralelo, el Gobierno de España ha decidido llevar este texto, y los que pretenden ser aprobados en Aragón y la Comunitat Valenciana (también con coaliciones de PP y Vox) al Constitucional, la UE y la ONU. Así se ha dado a conocer en un comunicado remitido a todos los medios de comunicación. El Gobierno asegura que estos textos son "contrarios a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática", y ha decidido, además de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, elevar esta cuestión "por su gravedad a las principales instancias Europeas e Internacionales. Estas son:
1. Naciones Unidas. El Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.
2. Parlamento Europeo. Se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del dia del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del Grupo S&D.
3. Consejo de Europa. Invocando la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos se promoverán las siguientes actuaciones:
- Un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autonomas gobernadas por PP y Vox.
- Informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación.
- Solicitar la elaboración de un Informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonomicos de PP y Vox.
Reacciones en Castilla y León
Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, presente en la inauguración de la nueva comisaría de Soria, ha asegurado que el ejecutivo está "analizando" el texto de la futura ley de Concordia y llevará a cabo "todas aquellas acciones necesarias" contra "lo que vaya en contra de la ley de Memoria Democrática". Sen ha añadido que la ley nacional "no ha supuesto la ruptura del consenso que si conyevará la ley de Concordia".
Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, ha reiterado que "la ley que salga de las Cortes será plenamente respetuosa con las leyes nacionales y con la ley de leyes, la Constitución". Ha añadido que el objeto de este nuevo texto es "centrarse en las víctimas, ampliando su número y los apoyos". Además, ha criticado que el Gobierno de España "no puede dar lecciones ni ser ejemplo" después de "elaborar una ley de Memoria Democrática convirtiendo los deseos de Bildu en ley".