El presidente de la Junta ha intervenido hoy en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde se ha debatido el informe sobre el impacto de esta norma. Ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León, desde una voluntad integradora y un plano institucional, seguirá actuando en defensa de los intereses de la Comunidad.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en el Senado en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde ha mostrado su apoyo al informe acerca de los efectos de la Proposición de Ley de Amnistía, amparada por el Gobierno de España.
Respecto al impacto de esta norma, Fernández Mañueco ha destacado que deja "desprotegido" al Estado autonómico al sentar un precedente peligroso para su misma supervivencia y pone en peligro a las comunidades autónomas porque ataca directamente los principios esenciales de igualdad de los territorios, libertad y solidaridad que ampara la Constitución.
En este sentido, ha señalado que afecta a España y, por lo tanto, a Castilla y León, que ha sido y es protagonista esencial de la identidad española, especialmente desde la unión de los Reinos de León y de Castilla hace 800 años, caracterizándose por su fuerte voluntad integradora.
Además, ha indicado que esta ley, "a medida para unos pocos", se ha creado sin el mínimo debate social, rigor técnico u opiniones cualificadas, por lo que ni refuerza la convivencia ni la estabilidad nacional. En este sentido, ha hecho referencia a la Comisión de Venecia que considera que la amnistía ha ahondado en una profunda y virulenta división, y que ninguna ley debe concebirse para cubrir a individuos específicos, como hace ésta.
Por otro lado, este órgano consultivo del Consejo de Europa apunta también la incompatibilidad de cualquier amnistía con los delitos de terrorismo. Asimismo, el informe que hoy se ha debatido expresa la "radical contradicción" de la amnistía con las directivas europeas sobre la lucha contra el terrorismo.
El jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado convencido de que a la amnistía le seguirán otros privilegios, como la soberanía fiscal, con cupos "injustos", que "destrozan la solidaridad financiera" entre comunidades autónomas.
Como consecuencia de ello, ha alertado de que se va a poner en riesgo el mantenimiento de servicios públicos esenciales en Castilla y León, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia, que están "entre los mejores de España", ha matizado el presidente; una posición que ha atribuido a la "gestión eficaz y la labor útil" de los empleados públicos y del Gobierno autonómico, y no "a los regalos fiscales del Gobierno" central.
Mañueco ha expuesto cómo la amnistía afecta directamente a Castilla y León, que no solo ha sido y es una de las protagonistas esenciales de la identidad española y la misma existencia de España, sino que siempre ha tenido una voluntad integradora.
Ante esta deriva, la Junta de Castilla y León va a seguir actuado desde un plano institucional, como ya viene haciendo. El presidente ha recordado cómo el pasado mes de septiembre el Ejecutivo autonómico, cumpliendo el mandato de este Parlamento, pidió al Gobierno de España que rechazase cualquier pacto político que implicase una amnistía. Y, en noviembre, expresó su rechazo a la Proposición de Ley y a todas las injerencias del Ejecutivo central en el Poder Judicial.
Finalmente, Fernández Mañueco ha garantizado que el Ejecutivo autonómico defiende la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho, y rechaza cualquier norma que fomente la división entre españoles. Asimismo, ha apuntado que la Ley de Amnistía será un paso previo a la soberanía total de Cataluña, a través de un referéndum de autodeterminación.