El vicepresidente de la Junta resalta el “éxito relevante” de las políticas aplicadas, que tendrán continuación con otros cuatro programas financiados con 6,5 millones de euros.
Este martes, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha anunciado la aprobación este mismo mes de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral, un documento que ordena y refuerza las líneas de actuación que la Consejería de Industria viene aplicando en esta materia y en la que, según ha destacado, se han logrado “éxitos relevantes”.
García-Gallardo ha realizado este anuncio al término de su visita a una unidad móvil que la mutua Asepeyo ha instalado en Burgos para informar a los ciudadanos sobre buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales.
El vicepresidente ha resaltado que la política de prevención de riesgos en el trabajo es una de las prioridades del Gobierno autonómico y ha puesto en valor la labor que está realizando la Consejería de Industria.
García-Gallardo ha recordado que, desde el inicio de la actual legislatura, la inversión en Prevención de Riesgos Laborales ha crecido un 240 %, pasando de 5 millones de euros en 2021 a 17 millones en 2023. Y los resultados han acompañado el esfuerzo, pues la siniestralidad mortal se ha reducido en un 30 % en este mismo periodo de tiempo: desde los 52 fallecidos de 2021 a los 38 de 2023.
Esta línea de trabajo se verá reforzada por la aprobación en Consejo de Gobierno, a finales de este mes, de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2024-2026, según ha anunciado el vicepresidente. Esta Estrategia ratifica y da soporte a todo el trabajo que la Consejería de Industria viene realizando, y brindará la cobertura para avanzar más allá. “El objetivo es seguir reduciendo la siniestralidad todo lo posible”, ha explicado.
En este contexto, ha anunciado cuatro programas de prevención de riesgos que se publicarán en el Bocyl esta semana y que cuentan con un presupuesto conjunto de 6,5 millones de euros. Se trata de programas que prosiguen y renuevan las líneas de actuación acometidas el año anterior.
La primera de las convocatorias contempla ayudas para la compra y adaptación de equipos de trabajo y maquinaria, y está dotada con 2 millones de euros. Una segunda, financiada con 2 millones, busca impulsar la mejora de los centros de trabajo para que sean más seguros, también en todo lo relativo a la salud del personal.
Otros 2 millones de euros se destinarán a una tercera convocatoria para facilitar la retirada segura de cubiertas frágiles con amianto para que sean sustituidas por otras transitables sin amianto. Con ello se evitan dos riesgos: el de intoxicación y el de caídas.
Y, finalmente, un cuarto programa, dotado con 500.000 euros, financiará acciones para implantar planes de bienestar laboral: psicología, nutrición, educación física, terapia ocupacional y fisioterapia en las empresas. Además, facilitará la instalación de desfibriladores en los centros de trabajo para conseguir más espacios laborales cardio seguros.