El Consejo Agrario Provincial estudia las reivindicaciones de las OPAs en la provincia.
A petición de las Organizaciones Profesionales Agrarias con representatividad en la provincia, se ha reunido esta mañana el Consejo Agrario Provincial, bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio. El encuentro ha servido para analizar distintas cuestiones que preocupan a todos los agricultores y ganaderos de Soria.
Los representantes del agro provincial han manifestado su grave preocupación por la repercusión que tiene la aplicación de las medidas de condicionalidad reforzada, conocidas como 'Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales'. Concretamente se han referido a la BCAM nº 4, “creación de franjas de protección en los márgenes de los curos de agua” y de la BCAM nº 6, “cobertura mínima del suelo en los periodos más sensibles”.
Se ha analizado entre todos los miembros la representación gráfica de los cursos de agua que generan la franja de protección en la cartografía Sigpac, y la trascendencia práctica que tiene un mal dibujo de la zona ocupada por los cauces. Por otro lado, se ha hecho hincapié en el interés que tiene el retraso en el periodo de prohibición de tratamientos en las parcelas destinadas a barbecho. La normativa estatal impone un periodo que comprende los meses de abril, mayo y junio, en los que no se permite la aplicación de tratamientos agrícolas, dejando la posibilidad de que este calendario se ajuste por las comunidades autónomas.
La delegada ha comunicado que para la provincia de Soria se va a establecer una excepción que retrasa un mes la prohibición, de manera que no se podrán aplicar tratamientos agrícolas en los meses de mayo, junio y julio, adaptándonos a la climatología de la provincia, más tardía que el resto de España. Por otro lado, se intentará mejorar la representación de los cauces para que reflejen fielmente los cursos de agua y no se produzcan perjuicios a los cultivadores.
El Consejo ha analizado la situación del saneamiento ganadero en la provincia de Soria, fundamentalmente la tuberculosis bovina. Los datos de incidencia y el porcentaje de explotaciones indemnes durante el año 2023 no han hecho posible la declaración como oficialmente indemne. En una provincia como Soria, con un número de explotaciones bovinas muy bajo, cualquier positividad supone un porcentaje relativamente elevado. El sector ha puesto de manifiesto su interés por avanzar para lograr el objetivo, rogando a la administración que haga lo que esté en su mano para ello.
La aplicación del nuevo Coeficiente de Subvencionalidad de Pastos, CSP, que sustituye al antiguo CAP, que se ha calculado en toda la provincia, ha originado unas nuevas superficies aptas para la justificación de ayudas de la PAC. Esta novedad preocupa a los ganaderos, dado que varía una situación que se arrastra desde 2014. Se ha indicado desde el Servicio Territorial de Agricultura que el balance global de la provincia es de un mayor número de hectáreas admisibles gracias a la aplicación de un nuevo factor de especie, pero que en algunos casos se pueden producir mermas respecto a la situación anterior. Estas cuestiones deberán tratarse de manera individual, por cada interesado, para su análisis.
Como un tema recurrente, las Opas han manifestado su preocupación por la incidencia que los proyectos de energía fotovoltaica en zonas de cultivo suponen para los profesionales que viven del campo allí donde se proyectan. Piden a la Administración que regule estas instalaciones y que proteja la actividad agraria.
El problema del lobo, con ataques a la ganadería muy frecuentes, y la presencia de fauna salvaje con daños a los cultivos cada vez mayores, se han puesto encima de la mesa por parte de las organizaciones.
Todos los representantes de los agricultores y ganaderos han puesto de manifiesto la desesperanza que suponen todas estas condiciones para la actividad agraria, transmitiendo a la sociedad que su función es la producción de alimentos seguros y baratos, función que va siendo cada vez más complicada.