Los populares señalan que la subida de este año realmente es desde el 0.56% al 0.594% porque la subida del año 2022 fue anulada por los tribunales. Ahora, presentan un recurso de lo contencioso administrativo y piden al equipo de gobierno que cumpla con lo dictado.
El grupo popular en el consistorio pide al equipo de gobierno que cumpla con la sentencia sobre el IBI de 2022 y que aplique los cambios en el tipo en base a la misma. Presenta un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del TSJCyL, aunque no solicita medidas cautelares.
El Partido Popular considera que la subida del IBI de este año realizada por el Ayuntamiento de Soria no es acorde a derecho. Lo cree así porque se realiza sobre el tipo de 0.574% que aplicó durante 2023 y 2022, aunque la subida que lo llevó hasta ahí fue anulada por la Justicia. Dicho de otra manera, el tipo aplicable para los años 22 y 23 debería seguir siendo el de 2021 del 0.56% y desde ahí sería desde donde el equipo de gobierno debería haber realizado la subida que considere oportuna.
Así lo cree el grupo municipal popular que ha anunciado esta mañana que llevará este asunto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, mediante un recurso de lo contencioso administrativo. Esta demanda se sumará a las dos que ya tienen planteadas los populares ante la misma instancia por las actuaciones del equipo de gobierno en relación a la quinta planta de Los Pajaritos.
El PP señala que ellos no han pedido medidas cautelares, pero que hay otra demanda en el mismo sentido, interpuesta por una organización, que pide paralizar el cobro del IBI hasta aclarar el asunto. Los concejales populares Belén Izquierdo y Saturnino de Gregorio han señalado que el Ayuntamiento podría cobrar a los sorianos el 0.594% como está previsto, pero le piden que reconozca que la subida de este impuesto para este año “no será entonces del 3,5% sino del 6%”.
Los concejales populares consideran que el ayuntamiento está cobrando “de más” o de una manera “no acorde a derecho” cerca de 400.000€ al año por IBI a los vecinos de la ciudad. “Es otro incumplimiento más de este equipo de gobierno, en este caso incumpliendo lo que dicta un tribunal”, señala Izquierdo. La portavoz popular ha exigido al equipo de gobierno que acate y cumpla la sentencia y que diga cómo la va a ejecutar.
De Gregorio informa que la sentencia la conoce el consistorio desde el 5 de mayo de 2023 y que, al no recurrirla, se da por asumida. Aun así, la sentencia no se convirtió judicialmente en firme hasta el 11 de octubre del pasado año y no fue publicada en el boletín oficial correspondiente hasta el pasado 11 de marzo. El ex de Ciudadanos, que ya recurrió el tema cuando estaba en la formación naranja, pide “que no tarden 5 años como con las basuras” en cumplir con la sentencia.