Denuncia la falta de medios personales y técnicos en la campaña antincendios y acusa a Suárez-Quñones de “confundir y engañar” a la opinión pública.
Un grupo de trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales de la Junta se ha concentrado este mediodía a las puertas del Centro para la Defensa contra el Fuego de León (CDF), coincidiendo con la presentación oficial de la campaña de 2024, “para poner de manifiesto la precaria situación del operativo de lucha contra los incendios forestales en Castilla y León y denunciar el sistema de guardias”.
La protesta ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que advierte que el operativo ‘flexible’ contra los incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio “sigue persistiendo en el incumplimiento de la ley, que obliga a la asignación estable y permanente, de medios técnicos y profesionales” y “durante todo el año”.
La falta de medios de vigilancia y de primera intervención hacen que el operativo no esté desplegado al 100%, “lo que por desgracia puede producir una demora en la extinción del conato de un probable incendio forestal”, afirma el vicepresidente del sector de la Administración General de la Junta en CSIF Castilla y León, Agustín Argulo.
Asimismo, acusa al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de “confundir y engañar a la opinión pública”, porque “muchos de los efectivos que anuncia o bien no se han contratado aún, o comienzan su contrato disfrutando de un periodo de vacaciones de 15 días”.
Faltan peones y conductores de camión de incendios; vigilantes de incendios en torretas; cuadrillas de tierra; retenes de maquinaria (buldócer); no hay técnicos de control de cámaras de vigilancia; o no se cuenta con técnicos de base, por lo que cuando un helicóptero acude desde la base a un incendio, u otro tipo de misión, no hay nadie en la base con quién gestionar cualquier incidencia surgida, asegura CSIF.
Especialmente sangrante es el cierre de 13 torres de vigilancia de incendios de la provincia de Segovia, por el reiterado incumplimiento por parte de la Consejería de los requerimientos de la Inspección de Trabajo, que exigían mejoras ya para la campaña de 2023. La Junta, en lugar de subsanar las deficiencias, ha optado por cerrar las torres.
Por poner más ejemplos, gran parte de las cuadrillas de tierra, que en la época de peligro alto tienen que contar con 7 integrantes y dos vehículos, en la actualidad están formados por 5 miembros, lo que supone una disminución cercana al 30% del personal. Y lo que es peor, no cuentan con ese segundo vehículo pick-up que lleva una bomba con un pequeño depósito de 500 litros, muchas veces primordial a la hora de afrontar la extinción de los incendios forestales en su inicio, explica Agustín Argulo.
En el caso de los trabajadores de las autobombas y puestos de vigilancia, la carencia de efectivos también ronda ese 30%, bien porque comienzan disfrutando vacaciones o por la negligente gestión de movilidades o cambios de puestos, “que no autorizan hasta que no comienza el calendario provocando la falta de personal durante 15 días o un mes, hasta que se gestiona nuevo personal para esos puestos vacantes”.
Totalmente “incompresible es la falta de personal de dirección de extinción”, en el caso de los agentes forestales y medioambientales, “que solo abarcan el 33% del territorio, ya que solo una comarca de cada tres cuenta con guardias de agentes, así como de técnicos o conductores”.
CSIF avisa que, en este momento, no hay agentes medioambientes para cubrir toda Castilla y León, a pesar de ser los primeros intervinientes en el protocolo antincendios, para poder valorar los conatos de fuego que se produzcan, y tomar decisiones sobre los recursos y garantías para su extinción, “en esos primeros momentos que resultan cruciales”. Los agentes medioambientales tienen que cubrir, con una guardia comarcal de incendios, hasta cinco comarcas en algunos casos, “algo intolerable y peligrosísimo”.
Por otra parte, CSIF denuncia que, a fecha de hoy, y siendo de obligado cumplimiento por el DECRETO-LEY 2/2023, aún hay centros de mando de Castilla y León que permanecen cerrados desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas del día siguiente.
Y ante la carencia de recursos, CSIF denuncia que la Consejería de Medio Ambiente está recurriendo a la privatización del operativo. “La Consejería presume de poner más medios, pero lo que está haciendo es contratar de forma privada autobombas, personal para planificación en los grandes incendios o personal para investigación”. En contra de esa práctica, CSIF exige un operativo de incendios “100% público, profesional y permanente”; y se pregunta si alguien entendería que los bomberos de una ciudad fueran privados.
Recuerdan que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la última reunión celebrada el 1 de junio de 2023 de la mesa técnica para la revisión del operativo de lucha contra incendios forestales, se comprometió a presentar un documento de propuestas, “algo que ha hecho después de más de un año”. En él se vuelve a poner sobre la mesa las guardias ‘low-cost’ que ya fueron rechazadas unánimemente por todos los sindicatos. “No se está conseguido el más mínimo avance en las negociones. La Junta de Castilla y León, después de haber sacado adelante el Decreto-ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que es lo único que le urgía para cumplir con la exigencia del Gobierno central, no está poniendo interés alguno en las negociones”, lamenta CSIF. “Llevamos más de un año, con cinco reuniones improductivas, y no percibimos intención de negociar por parte de los responsables de la Consejería”.
CSIF ha culminado la celebración de asambleas con los agentes medioambientales por las nueve provincias, para explicar los motivos de su rechazo al reciente preacuerdo de mayo sobre agentes medioambientales: ni hay mejoras salariales suficientes ni creación de más plazas. Al contrario, “existe una intención velada de aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para eliminar 85 puestos de agentes medioambientales”.