El área que dirige Isabel Blanco lleva cumplidos 80 de los 96 compromisos adquiridos al principio de la legislatura, ha destacado la propia consejera durante la comparecencia en la que ha hecho balance de los dos primeros años de mandato.
Tras superar el ecuador de la legislatura, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido hoy en las Cortes de Castilla y León para hacer balance de estos dos primeros años, en los que, desde el área que dirige, se ha emprendido una gran transformación para modernizar los Servicios Sociales de la Comunidad a través de una apuesta decidida por poner la innovación y las nuevas tecnologías al servicio del bienestar de los ciudadanos.
Un cambio que requiere una gran inversión y que, tal y como ha manifestado la titular de Familia, parte del esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León en gasto social: del presupuesto total de 1.081 millones de euros con el que se partió en 2021 se ha pasado a los 1.368 millones de euros en las cuentas para este año, es decir, 287 millones más que al inicio de la legislatura.
Dentro de esta estrategia de transformación de los Servicios Sociales autonómicos se encuentra, por un lado, la modernización de infraestructuras que, además del sustancial incremento de plazas en centros residenciales de la Junta para personas dependientes, ha supuesto la adaptación y rehabilitación profunda de instalaciones y la construcción de edificios modernos, confortables y sostenibles. Dentro de esta transformación también se incluye la inversión estratégica en nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados.
En este sentido, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del sistema de atención a la ‘Dependencia 5.0’, ha acelerado la progresiva domotización y desarrollo de robots aplicados a los cuidados. Uno de los grandes hitos es el servicio de Teleasistencia Avanzada, para cuya implantación en todo el territorio autonómico se están invirtiendo casi 40 millones de euros para el periodo 2022-2025, un salto exponencial en comparación con los 4,5 millones de 2021. Con cifras cerradas a 31 de diciembre del pasado año, se contabilizaron 50.176 usuarios, es decir, 12.552 más que en 2021, por lo que se ha superado el objetivo previsto con dos años de antelación. El 98,8 % de las personas que tienen instalado este servicio se encuentran satisfechos o muy satisfechos con él.
Sin embargo, la apuesta por la innovación social va mucho más allá. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no sólo la aplica, sino que está inmersa de manera directa en varios proyectos de desarrollo tecnológico a través de la conformación de una gran red de colaboración con universidades, centros tecnológicos y Tercer Sector. En el periodo 2021-2023 se han invertido 14,5 millones de euros en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia. Es el caso de ‘Hometec’, centrado en la instalación de domótica avanzada en el hogar para detectar situaciones de riesgo, o ‘SERENHe’, una plataforma de tele–rehabilitación física, cognitiva y emocional en el propio domicilio del usuario. Fruto de este trabajo conjunto se han dado pasos tan importantes como la implantación de los robots sociales en los centros residenciales de la Junta en Palencia y Soria.
Junto a esto, cobra especial relevancia la compra pública innovadora de productos técnicos de apoyo orientados a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. La Consejería se encuentra en proceso de adquisición de 400 andadores, 250 inodoros y 270 acostadores, todos ellos catalogados como ‘inteligentes’, al contar con una serie de funcionalidades tecnológicas que facilitan sobremanera la vida cotidiana.
Todas estas actuaciones tienen su punto de encuentro en el Hub de innovación tecnológica ‘La Aldehuela’ de Zamora, un polo tecnológico e innovador impulsado por la Junta destinado tanto a la investigación en el ámbito de los cuidados y el envejecimiento activo como a la creación de tejido empresarial de alto valor añadido en la provincia zamorana y en la Comunidad. Un espaldarazo al ecosistema innovador que ya es una realidad y en el que tiene un papel protagonista el Clúster de Investigación y Aplicación de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente —SIVI—, que cuenta con 68 asociados de los cuales varios están muy implicados, como Cartif, que ya se está instalando, o Fundación Intras, AIR Institute o Tecopisa–Enclave.
Todo este esfuerzo estratégico de cariz tecnológico se muestra al mundo en la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados, que en 2023 se celebró con rotundo éxito albergando a expertos y empresas de prestigio internacional y que en febrero de 2025 celebrará la segunda edición en la capital zamorana vinculada a la actividad innovadora desarrollada en el Hub.
En tan sólo dos años de legislatura, ya se han ejecutado o se encuentran en muy avanzado grado de ejecución 80 de los 96 compromisos adquiridos al principio de la legislatura, es decir, un 83,3 %. De ellos, la consejera ha destacado avances tan importantes para el desarrollo vital de las personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad como la aprobación de las leyes de atención en centros residenciales o la de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad. También ha recordado la extensión a todo el territorio de Castilla y León de programas de cuidados en el hogar como ‘A gusto en casa’ o ‘INTecum’, dirigido éste a usuarios con enfermedad crónica o en fase terminal.
Además, Isabel Blanco ha señalado el fuerte impulso a la ayuda a domicilio, con más intensidad en las prestaciones, más cobertura geográfica y su gratuidad; la puesta en marcha del centro residencial de personas mayores de Salamanca y la instalación de estaciones de telemedicina en todas las residencias de la Junta. La consejera ha hecho hincapié en el incremento de los servicios y ayudas a las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica —ELA— o la ya citada creación del centro de innovación para el desarrollo empresarial tecnológico ‘La Aldehuela’ de Zamora.
En cuanto a los compromisos adquiridos en otras áreas, la titular de Familia ha destacado la nueva línea de ayudas por nacimiento o adopción —‘Bono Nacimiento’—, la ampliación del ‘Bono Concilia’ o la creación de ‘Mediacyl’ para la atención integral a las familias, además de la gran ampliación del programa ‘Corresponsales Juveniles’ o la puesta en marcha del proyecto ‘Pausa y Reconecta’ para prevenir el uso abusivo de pantallas.
En el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la Consejería de Familia ha convocado una nueva línea de subvenciones destinada a la promoción profesional de la mujer y al fomento de la contratación y el emprendimiento de mujeres en sectores económicos en los que están infrarrepresentadas.
Los 16 compromisos restantes ya se hallan en proceso de ejecución, por lo que su cumplimiento se alcanzará dentro del plazo acordado, ha expresado la titular de Familia, quien ha analizado área por área los avances en materia de Servicios Sociales durante la presente legislatura.
Los gastos de inversión destinados a mejorar las instalaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, especialmente los centros residenciales, suman 150 millones de euros durante los dos primeros años de esta legislatura, 107,3 más que en los dos ejercicios anteriores. Las residencias de Burgos I, ‘Las Merindades’ de Villarcayo y el centro de atención a personas con discapacidad ‘Fuentes Blancas’; la residencia para personas mayores ‘Armunia’ de León; el centro residencial ‘Puente de Hierro’ de Palencia; las residencias ‘San Lorenzo’ y de personas mayores de Segovia; los centros de Parquesol y ‘La Rubia’ de Valladolid o el de Benavente, han visto mejorar de manera notoria sus instalaciones: tanto para lograr una mayor eficiencia energética como para adaptarse al modelo de unidades de convivencia.
Inversión en centros y Ley de Atención Residencial van de la mano. Y con vistas a la nueva normativa se ha levantado el nuevo centro de Salamanca, se está acometiendo la residencia de Zamora y se va a llevar a cabo la de Ávila. Sin olvidar, ha señalado Isabel Blanco, la nueva Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de León.
La consejera de Familia ha hecho mención también a las ayudas de la Junta para que todos los centros residenciales se adapten a la nueva Ley e implanten las obligatorias unidades de convivencia. Por un lado, 13 millones de euros para las Diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes; por otro, 15 millones para corporaciones locales más pequeñas, entidades sin ánimo de lucro y pymes gestoras de centros residenciales.
Si uno de los pilares del funcionamiento del sistema son unas instalaciones a la altura, el eje son las personas, los profesionales que prestan servicio en los Servicios Sociales de Castilla y León. A través de un protocolo de colaboración de cuatro años con Lares y Acalerte, ya se han formado 441 profesionales sociales en el nuevo modelo de atención centrado en la persona y en la profunda humanización de los cuidados, como la formación en la supresión de las sujeciones físicas y químicas en la atención a personas dependientes, para lo cual se han realizado cursos de formación en 474 centros en 2023.
La calidad de los servicios desde una perspectiva personal, especialmente en lo que respecta a los cuidados en centros residenciales públicos y privados, va de la mano también de un riguroso control del cumplimiento tanto de la normativa como del espíritu del nuevo modelo de atención. Por ello, la actividad inspectora es clave. En dos años, se han llevado a cabo 1.993 informes de inspección para garantizar la calidad de todos los servicios que prestan los centros.
Los tres ejes del sistema de cuidados son: mejores y más modernas instalaciones, atención personalizada y poner la tecnología al servicio de las personas, ha manifestado Isabel Blanco. Tras recibir un reconocimiento por liderar el Índice DEC de Servicios Sociales durante una década, el que se ha publicado hoy sigue arrojando el mismo resultado: Castilla y León continúa siendo líder de las comunidades de régimen común.
La clave: contar un sistema de atención a la dependencia de cobertura total y con numerosos niveles de ayuda. En los dos años de legislatura se han incorporado 13.877 dependientes a través de 20.541 prestaciones, un 12,7 % más que alcanzan las 122.589 personas atendidas con 168.591 prestaciones. Con una lista de espera del 0,1 % —frente al 9,9 % nacional—, una reducción de dos meses en la tramitación del expediente de reconocimiento del grado que deja el procedimiento en 117 días —frente a los 324 estatales— y un incremento sostenido de las cuantías máximas de ayudas vinculadas a un servicio de cuidados, con prestaciones que alcanzan hasta un 50 % más que las estatales en muchos casos, la Junta demuestra por qué se ubica en la cúspide de las comunidades con el mismo régimen de financiación.
A ello hay que sumar los programas de cuidados en el hogar, como ‘A gusto en casa’ —premiado a nivel nacional por la Fundación Vivofácil—, ‘INTecum’ y el servicio de ayuda a domicilio, que han ampliado sobremanera tanto intensidad como cobertura, junto con la amplia red de centros residenciales, los cuales completan el sistema de cuidados de Castilla y León, un modelo de ‘Atención en Red’ amplio y eficiente.
Las personas con discapacidad también entran dentro de los colectivos protegidos por esta red de cuidados cada vez más personalizada. De hecho, en el caso de estos ciudadanos, la apuesta por su bienestar por parte de la Junta ha sido aún mayor, si cabe, tras la aprobación de la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida, que les dota de un total protagonismo a la hora de decidir su futuro y garantiza la ayuda necesaria en todas sus etapas vitales. Un paso crucial tanto en la evolución de los cuidados como en la integración social y el ejercicio de derechos de este colectivo.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha multiplicado en estos dos años los apoyos a las personas con discapacidad, con el incremento en un 42 % de las prestaciones de asistente personal —2.434, la segunda mayor de toda España—, o la gran apuesta por su integración laboral a través de los itinerarios de empleo, colocando la tasa de actividad del colectivo tres puntos por encima de la media nacional. De las 4.700 personas que participaron en 2023, se celebraron 2.487 contratos, casi el doble que al inicio de la legislatura —1.337 contratos—.
La titular de Familia ha hecho referencia a dos cuestiones que han cobrado gran relevancia en este ámbito. El servicio de atención temprana a niños con discapacidad, con 3.400 atendidos; y a la ampliación e incremento de los servicios a las personas con ELA. Sobre esto último, ha destacado la integración en el ‘INTecum’ del ‘Protocolo ELA’, que lleva consigo financiación específica para la adaptación de hogares o compra de productos tecnológicos de apoyo —o préstamo gratuito—; la aplicación de procedimientos de urgencia en la valoración de la dependencia; el servicio de respiro de las familias o la subvención nominativa de 250.000 euros a la asociación de afectados a través de los presupuestos generales.
El colectivo de personas mayores es muy numeroso en Castilla y León. Por ello, la Consejería de Familia e Igualdad Oportunidades le presta una atención especial. En primer lugar, para que estos castellanos y leoneses no estén solos. La lucha contra el aislamiento social desembocó en el Plan Estratégico de Castilla y León contra la Soledad No Deseada 2022-2025, que pone en marcha un mecanismo de detección de casos en colaboración con el Tercer Sector. En la Comunidad y por primera vez en España, una persona mayor o con discapacidad en una situación de soledad no deseada tiene derecho a acceder a prestaciones sociales específicas para atajar esta situación. En este contexto, se puso en marcha la Red Amiga —detección—, los equipos de promoción de la autonomía —atención— y el teléfono ‘Cerca de ti’, como vía de apoyo, orientación y asesoramiento, así como 18 podcast grabados con temas de interés para las personas mayores o campañas de información y sensibilización.
Si bien, una vía para prevenir tanto la soledad no deseada como la dependencia son las políticas de envejecimiento activo, tal y como ha puesto sobre la mesa la consejera de Familia. Un área en el que la Junta ha gastado un 15 % más de lo previsto y el nivel de ejecución alcanza el 91 %. Se han batido todos los récords de matriculaciones en el recién finalizado curso del ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’ —galardonado a nivel nacional por el Grupo Senda— y, el constante éxito de los viajes del ‘Club de los 60’ ha llevado al Ejecutivo autonómico a sacar adelante una convocatoria en Navidad. Todo ello sin contar otros programas clave como el de convivencia intergeneracional o todas las actividades que realizan las federaciones y asociaciones de jubilados a través de la financiación de la Junta.
La consejera ha insistido en que la Junta ha demostrado con hechos que una de sus prioridades es el apoyo a las familias y el fomento de la natalidad. Los 925 millones movilizados en estos dos años se han canalizado a través del ‘Plan Familias Castilla y León’, un conjunto de actuaciones que no han hecho más que crecer tanto en extensión como en intensidad. De ellos, 52,1 millones van destinados directamente a la promoción y apoyo a la familia, una cuantía que se ha triplicado en estos dos años.
En cuanto al fomento de la natalidad, se puso en marcha el ‘Bono Nacimiento’, ayudas de hasta 2.500 euros de las que se han concedido 8.594. Los recursos de conciliación no han parado de crecer: ‘Conciliamos’, con 18.130 niños inscritos en 2024, 6.390 más que en 2021 y los mismos precios que en 2013; ‘Crecemos’, con 225 plazas más que hace dos años hasta alcanzar las 4.395; o el ‘Bono Concilia’, ayuda de 750 euros para gastos relacionados con la conciliación de los cuales se han beneficiado 12.538 familias con 13.334 bonos, 2.694 más que en 2021.
Junto a esto, se han ampliado los supuestos para recibir las subvenciones por reducción de jornada laboral y excedencia, se ha convocado una nueva subvención para luchar contra la despoblación con ayudas de hasta 2.000 euros para instalarse en los municipios de la Comunidad o se han implantado los centros Mediacyl para la resolución de conflictos.
Aunque las cifras de pobreza en la Comunidad son más positivas que en el conjunto del país, la Junta ha venido incrementando la cobertura de la Red Protección a las Familias de Castilla y León a través de medidas que facilitan el acceso de los hogares a las prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas o el pago de las hipotecas —ampliándose aquí los supuestos para apoyar también a las rentas medias—, con sendos decretos aprobados para tales fines. Cada año se atienden a 250.000 familias a través de esta Red.
Tras la irrupción del ingreso mínimo vital y la consecuente reducción de perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, la cual, al contrario del primero, está ligada a requisitos como la búsqueda de empleo, el presupuesto resultante de casi 11 millones de euros ha sido redirigido a incrementar otros programas como las ayudas extraordinarias para hacer frente a la subida de la luz —5,8 millones—, el incremento del precio del alquiler —con casi 10.000 beneficiarios—, a las cuotas hipotecarias —1.000 personas atendidas— o cubrir las necesidades básicas de subsistencia —17.448 perceptores de esta ayuda—, con datos de 2023.
La consejera ha recordado también que su área no se olvida de la principal vía de inclusión social, como son los itinerarios personalizados de empleo, con 10,7 millones de euros desde 2018 para 605 actuaciones destinadas preferentemente a perceptores de renta garantizada de ciudadanía o ingreso mínimo vital. 1.200 personas que percibían la renta de la Junta se incorporaron al mercado laboral en 2022 y 2023.
Trabajar por el bienestar de cada niño y joven significa mantenerlos protegidos, y este es uno de los objetivos más trascendentales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha dicho Isabel Blanco. La Junta tutela actualmente a 1.676 menores —110 más que en 2021—, de los cuales 861 se encuentran en acogimiento familiar y 815 en residencial.
El Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Castilla y León recoge ese objetivo y refuerza sobremanera la protección del menor. Pero, además, impulsa de manera decidida los acogimientos familiares e incentiva las adopciones, ya que el propósito principal es que, aunque la Junta cuente con una amplia red de centros, los menores puedan vivir en familia. Por ello, ya se han mejorado y simplificado los procedimientos de adopción, que entrarán en vigor una vez se apruebe la Ley: se podrá acceder a la adopción desde el acogimiento y se regulará la guarda con fines de adopción, para que el menor no tenga que residir en un centro en lo que recae la resolución judicial autorizando dicha adopción.
Cabe señalar que se han modernizado las instalaciones de varios centros de menores en Ávila, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, con especial referencia al ‘Zambrana’ vallisoletano, donde se ha adjudicado un contrato que aumenta un 20 % la dotación económica para reforzar los servicios y el personal.
Castilla y León cuenta con 21,1 plazas de alojamiento para mujeres víctimas de la violencia machista según el Índice DEC, muy por encima de las 14,25 de la media nacional. En 2023 se atendieron a 5.713 mujeres en las redes de atención, de las cuales 592 se alojaron en casas de acogida, servicios de atención dual y centros de emergencia. A través del ‘Proyecto Atrapadas’ —para mujeres en situación de explotación sexual y contextos de prostitución— se han realizado 40.165 intervenciones y atendido a 7.001 mujeres en dos años, se ha puesto en marcha el centro virtual ‘Atiendo’ y se ha resuelto el concierto para la gestión de centros de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual. La consejera de Familia ha realizado un resumen de todos los servicios en marcha en la Comunidad, en los que se materializa el compromiso de la Junta con la lucha contra la violencia machista. De hecho, Castilla y León es la Comunidad con la menor tasa de violencia de este tipo en todo el país: 52,5 por cada 10.000 mujeres frente al 79,4 global.
Un compromiso que también tiene con la promoción de la igualdad de oportunidades, cuyo presupuesto para programas de este tipo en el contexto de la colaboración con entidades locales se ha triplicado, pasando de 2,8 millones de euros a 8,9 en el nuevo Acuerdo Marco. Se han puesto en marcha nuevas líneas de subvenciones para la promoción profesional de la mujer o el fomento de la contratación en sectores masculinizados y se han consolidado los programas ya existentes, como Multiplica, Pemcyl, Stem Talent Girls o su versión infantil, para promover las carreras universitarias de ciencias en el colectivo femenino. En dos años, se ha incrementado la colaboración con el sector privado a través de la Red de Empresas Comprometidas con la Igualdad o la concesión del distintivo ‘Óptima’.
Este es el objetivo principal del V Plan Estratégico de Juventud 2022-2025, que se puso en marcha nada más comenzar la legislatura. Un gran conjunto de actuaciones fruto de una estrategia a largo plazo destinadas a mejorar la vida de los jóvenes, especialmente la empleabilidad. Los programas de Movilidad Europea como Eurojoven ya han permitido la salida de 156 jóvenes desde 2022, y la nueva regulación de las escuelas de animación juvenil y tiempo libre y las titulaciones asociadas reordenan un sector que genera centenares de empleos, especialmente en verano. También se han puesto en marcha programas de formación artística y cultural.
Desde el Instituto de la Juventud se apuesta por la participación juvenil, con el gran impulso del programa ‘Corresponsales Juveniles’, que ha pasado de 112 participantes en 2021 a 400 este año y al que se han incorporado las universidades. También se ha ido reforzando la oferta de ocio y tiempo libre, ha destacado la consejera, como el continuo incremento de plazas en ‘Red Activa’, así como los servicios asociados al carné joven.
Junto a estas actuaciones, Isabel Blanco ha señalado la inversión de 9 millones de euros en mejorar las residencias y los albergues juveniles durante estos dos años, así como el mantenimiento de los precios de las primeras desde el año 2013.
Más de 54.000 personas con problemas de adicciones se atienden cada año en la Red de asistencia, que cuenta con una plantilla de más de 400 trabajadores y un presupuesto de 10,5 millones de euros. Esas son las cifras globales que ha señalado la consejera quien, si bien, se ha detenido en los nuevos abusos y adicciones que afectan de manera especial a niños y adolescentes.
En este caso, ha señalado, el Plan Autonómico de Castilla y León sobre Adicciones 2024-2030 que se está tramitando centra su atención, además de en el precoz consumo de alcohol, tabaco, cannabis, ciertos medicamentos o el incremento del vapeo, en las nuevas adicciones o adicciones sin sustancia, como son el juego —presencial y online— o el uso abusivo de pantallas. En este contexto destaca el proyecto ‘Pausa y Reconecta’.
Muchos de los servicios directos se canalizan y ejecutan a través de las entidades locales. Todo ello se recoge en un Acuerdo Marco, de duración cuatrianual, que es el instrumento mediante el cual la Junta transfiere recursos para que ayuntamientos y diputaciones presten dichos servicios. El firmado para el periodo 2024-2027 refuerza de una manera exponencial los servicios sociales municipales: con un presupuesto total inicial de 700 millones de euros, supera en un 57 % la cantidad aprobada en 2019 para el Acuerdo Marco 2020-2023. Es decir, se otorgan a las entidades locales 254,8 millones de euros más.
Junto con el presupuesto triplicado para igualdad y lucha contra la violencia machista, se incrementa en 66,5 millones la financiación de la atención a la dependencia hasta los 416 millones, mientras que el dinero destinado a personal de los centros de acción social y de los equipos de acción social básica crece hasta los 135 millones, un 10,5 % más de media anual. Por último, la cantidad destinada para la protección a las familias ha crecido un 16,1 % hasta los 136,78 millones de euros.