El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio da cuenta de las actuaciones de ampliación de polígonos industriales en más de 14 millones de metros cuadrados que, por 180 millones de euros, llevará suelo asequible de calidad, con energías renovables, a las nueve provincias de la Comunidad
Hoy lunes, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes de Castilla y León para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura.
En el ámbito de vivienda, se está reforzando el apoyo a las familias vulnerables, jóvenes y el medio rural, con varias medidas y reformas, mediante el Decreto-Ley 2/2022 con el que se introducen las viviendas colaborativas y las de protección pública (VPP) para el uso de terceros en el medio rural. También a través de la Ley 1/2023, que aumenta los ingresos familiares para poder ser adjudicatario de viviendas de promoción pública y facilita el uso de locales comerciales sin uso como viviendas.
En este sentido, se ha actualizado los precios máximos de venta y alquiler adecuándolos al incremento de precios de los costes de construcción para incentivar la construcción de vivienda protegida.
Además, se ha lanzado el Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes (TUYA), que incluye ayudas a la compra y alquiler, incrementando el parque público de alquiler y ofreciendo beneficios fiscales. La Consejería ha reducido el precio de compra de viviendas de promoción pública en municipios rurales y creado la línea de garantías "Mi Primera Vivienda" para avalar préstamos hipotecarios, que ha tenido ya más de 2.800 solicitudes y más de 600 hipotecas constituidas. También han impulsado la rehabilitación de inmuebles deshabitados con el programa Rehabitare, y mejorado las condiciones de las ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes y municipios pequeños, a las que este año se ha destinado más de 40 millones.
Se está fomentando la promoción de viviendas protegidas en el modelo de "Cohousing" y manteniendo una política fiscal favorable a los jóvenes y el medio rural. También se están introduciendo mejoras en las ayudas al alquiler, ampliando el objeto del alquiler y ajustando los límites de ingresos y cuantías de las rentas y subvenciones.
El compromiso incluye nuevos programas de ayuda para los más vulnerables, en colaboración con entidades del tercer sector, y la ampliación del parque público de viviendas, tanto en venta como en alquiler. Además, se planea un nuevo programa para construir viviendas sostenibles en áreas rurales con dinámica industrial o de servicios, con una inversión estimada de 32 millones de euros hasta 2030.
La ejecución de estos programas se integra en una política de vivienda orientada a su acceso en compra o alquiler por los jóvenes de menos de 36 años, con una perspectiva de medio rural, acciones en las que la inversión en la legislatura, impulsada por los fondos europeos, superará los 832 millones de euros para construir y rehabilitar a este fin un total de 2.967 viviendas.
El consejero ha señalado que, sin duda, una de las contribuciones más importantes para la atracción de población es la creación de empleo, especialmente en el medio rural. Ha incidido en que para su promoción es esencial una adecuada política de suelo industrial. Es por ello que, a través de los instrumentos de Ordenación del Territorio de los Planes y Proyectos Regionales de Ámbito Territorial, en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda, ha desgranado el impulso, a través de la empresa pública SOMACYL, de una inversión de más de 180 millones de euros para la ampliación en más 14 M m2 el suelo industrial en las nueve provincias de Castilla y León.
En Castilla y León se están implementando programas cruciales financiados por fondos Next Generation EU para avanzar en la eficiencia energética y la accesibilidad, alineados con los objetivos climáticos y de renovación del parque edificado de la UE. Uno de los proyectos destacados es el Programa de Rehabilitación a Nivel de Barrio, que incluye la creación de 15 Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP). Con una inversión global aproximada de 60 millones de euros y ayudas cercanas a los 36 millones de euros, este programa tiene como objetivo rehabilitar 1.920 viviendas y reurbanizar espacios públicos en diferentes localidades.
Además, se han convocado subvenciones por un total de 74,4 millones de euros, que se ampliará a final de año con otros 23 millones, para el Programa de Rehabilitación a Nivel de Edificio y Viviendas, destinado a mejorar la eficiencia energética en edificios y viviendas en la Comunidad. Paralelamente, se está llevando a cabo el Programa de Elaboración del Libro del Edificio y Redacción de Proyectos Técnicos, con una asignación presupuestaria de 4,5 millones de euros para facilitar la rehabilitación integral de edificios existentes.
En materia de accesibilidad, se ha programado la convocatoria de subvenciones por un total de 8,1 millones de euros para mejorar las condiciones de accesibilidad en las viviendas y satisfacer las necesidades de las personas con diversidad funcional.
Respecto al urbanismo, se han introducido reformas significativas en la normativa para simplificar la gestión de fondos europeos y promover la actividad económica eliminando requisitos burocráticos en proyectos de rehabilitación urbana. Además, se han presentado las Directrices para adaptar la Agenda Urbana Española en la Comunidad, buscando un urbanismo más sostenible.
Se han aprobado Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) en Valladolid, Soria y León, beneficiando a más de 200 municipios al facilitar la ordenación urbanística. Y se sigue mejorando el Sistema de Información Urbanística para garantizar la transparencia y accesibilidad de los datos, incluyendo un convenio con los Registradores de la Propiedad para integrar información catastral y registral en un visor cartográfico.
Está ultimado un borrador del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Castilla y León se ha elaborado en colaboración con el EREN y está siendo revisado con el compromiso de aprobarlo en la presente legislatura.
En el marco de la Estrategia de Economía Circular 2021-2030, Castilla y León ha sido seleccionada como una de las 12 entidades piloto en la Iniciativa de Ciudades y Regiones Circulares de la Comisión Europea. A través del proyecto CIRCULAR_ECOSYSTEMS se ha lanzado el Pacto de Economía Circular, que cuenta con más de 150 empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la economía circular. Además, se aprobará el primer Plan de Acción de Economía Circular, con actuaciones financiadas con fondos Next Generation EU.
La Fundación Patrimonio Natural, en colaboración con la Consejería de Educación, ha finalizado el Programa de Renaturalización de Patios Escolares en 65 centros educativos, con una inversión de 4 millones de euros, implementando infraestructuras verdes que mejoran el clima, incrementan la biodiversidad y benefician la salud de los niños.
SOMACYL está promoviendo el uso de biomasa forestal, con un programa de inversión de 180 millones de euros para extender las redes de calor sostenible, con la construcción de nuevas redes, la ampliación de las existentes, y con un incremento significativo de la potencia instalada y la longitud de las redes a más de 200 kilómetros. Grandes redes como las de Valladolid, León, Salamanca Segovia y Ponferrada, acompañadas de proyectos en núcleos rurales como Aguilar de Campoó, Bembibre, Cuellar, Medina del Campo, Villablino, constituyen objetivo consumados y en diferentes fases de realización que configuran la mayor red de sistemas comunitarios de calefacción y agua caliente (district heating) por biomasa de España. Además, se están desarrollando proyectos adicionales y se ha establecido un decreto para conectar los edificios públicos a estas redes.
Para diversificar la energía en la Comunidad, la Consejería está impulsando proyectos relevantes de energías renovables, incluyendo la construcción de la primera planta de hidrógeno verde en el PEMA, instalaciones de energía solar fotovoltaica, y proyectos futuros de biogás y comunidades energéticas solares, metanol verde o SAF. Se están desarrollando nuevas industrias para la producción de combustibles renovables, posicionando a Castilla y León como un líder en sostenibilidad y energía verde.
En Castilla y León se están implementando varias medidas de prevención, evaluación y control ambiental en el marco de la Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire 2020-2030. Se ha puesto en marcha un plan para reducir la contaminación por ozono troposférico, que incluye estudios y acciones específicas para disminuir las emisiones de precursores industriales y de tráfico, con una inversión anual superior a 300.000 euros para mejorar la red de medición de calidad del aire.
También se están actualizando mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica en municipios con más de 20.000 habitantes, con subvenciones de 400.000 euros. Además, se revisa la declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agropecuario para incluir nuevas áreas afectadas y ajustarse a las directrices europeas, identificando el uso inadecuado de abonos químicos como principal fuente de esta contaminación.
Los procedimientos ambientales se han simplificado mediante modificaciones legislativas, excluyendo planes sin impacto ambiental significativo y tramitando un nuevo Decreto de Inspección Ambiental para reforzar las inspecciones con previsión de aprobación en tres meses.
En el ámbito de la gestión de residuos, se ha promovido la recogida separada de biorresiduos con una inversión de 34,2 millones de euros en contenedores e instalaciones de tratamiento. Además, se han iniciado obras de mejora en centros de tratamiento de residuos y se planea construir una planta regional de valorización energética en 2024, con una inversión de 500 millones de euros. También se pondrá en marcha un programa para completar la red de puntos limpios con una inversión de 24,4 millones de euros y se ha aprobado un decreto para fomentar el uso de áridos reciclados en obras públicas. Se está evaluando y revisando el Plan Regional de Residuos 2019-2023 y se trabaja en la firma de convenios para mejorar la gestión de residuos y en un grupo de trabajo para el desamiantado de edificios públicos.
La Consejería ha puesto en marcha programas por importe de 455 millones de euros para garantizar el suministro y depuración de agua en toda la Comunidad, en colaboración con Diputaciones y Ayuntamientos. En el ámbito del abastecimiento, se destinan 180 millones de euros para extender el suministro de agua desde fuentes fiables a núcleos con problemas, renovar redes de distribución obsoletas y realizar mejoras puntuales en infraestructura. En 2024, se licitarán nuevas obras y se firmarán protocolos con diputaciones para renovar redes en 225 núcleos.
Para la depuración, se destinan 275 millones de euros, finalizando obras en municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, con mejoras y ampliaciones en plantas existentes. También se implementará un programa para construir 250 depuradoras en municipios de 500 a 2.000 h-e, y otro para instalar más de 1.300 infraestructuras en localidades con menos de 500 h-e, en colaboración con las diputaciones. Adicionalmente, se colabora con las diputaciones para financiar el suministro de agua potable en áreas con escasez y para depurar aguas en espacios naturales, con una inversión de 9,5 millones de euros.
En materia de educación ambiental, Castilla y León ha aprobado la III Estrategia de Educación Ambiental 2024-2030, con una inversión estimada de más de 19 millones de euros. Esta estrategia se ejecutará mediante planes trienales y se enfoca en promover la sostenibilidad a través de la información, comunicación, participación y formación. El primer Plan Trienal (2024-2026) está en proceso de aprobación, con un presupuesto de 5,4 millones de euros.
Junto con la Consejería de Educación, se ha impulsado el sello ambiental "Centro Educativo Sostenible", que reconoce el esfuerzo de los centros docentes en formación ambiental y gestión sostenible. Este año, se han acreditado 15 nuevos centros, alcanzando un total de 107 desde la primera edición en 2019, con el objetivo de llegar a 150 durante la legislatura.
Se mantiene la convocatoria anual de los Premios Fuentes Claras a la Sostenibilidad en Municipios Pequeños y se organizan jornadas para difundir los proyectos ganadores. Además, se ha lanzado un programa de subvenciones para financiar iniciativas innovadoras en educación ambiental, con un presupuesto de 164.000 euros para 2024 y 2025, dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades sin ánimo de lucro.
También se han organizado dos ediciones de los Premios de Sostenibilidad Ambiental, premiando ocho proyectos de un total de 61 presentados y se celebra el festival LINA, en colaboración con las Consejerías de Cultura y Turismo y de Educación, que reúne a profesionales y organiza actividades culturales para familias y escolares.
Finalmente, se desarrolla un programa de voluntariado ambiental a través de la Fundación del Patrimonio Natural en la Red de Áreas Naturales Protegidas, con la participación de alrededor de 2.000 voluntarios anualmente.
En lo referido al patrimonio natural y la política forestal en Castilla y León, destaca la importancia del diálogo y la colaboración con administraciones, agentes económicos, sociales y organizaciones del sector forestal. La Consejería ha hecho énfasis en el trabajo conjunto con Mesas de la Resina, del Piñón e Intersectorial de la Madera para promover la gestión sostenible de los recursos forestales.
En cuanto al sector forestal, se destaca la movilización y aprovechamiento de los recursos forestales y el desarrollo del tejido industrial basado en la transformación de productos forestales. A través de los fondos FEADER, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y el Plan Estratégico de la Política Agrícola Comunitaria 2023-2027, la Consejería invertirá más de 124 millones de euros en diversas acciones como ayudas para la reforestación, la planificación de montes, la conservación de recursos genéticos y estudios sobre biodiversidad. En concreto, se han destinado una gran inversión a la reforestación, prevención de daños, restauración de terrenos afectados por incendios y fomento de plantaciones de especies forestales de alto valor. La restauración de terrenos afectados por incendios ha sido otra prioridad, con una inversión de 6,8 millones de euros entre 2022 y 2023.
En el ámbito del sector de la madera, se ha trabajado con asociaciones y centros tecnológicos forestales, concediendo subvenciones por valor de 1,2 millones de euros. Se ha desarrollado la Red de Parques Micológicos, se ha apoyado la producción de resina, castaña y piñón, y se ha lanzado un nuevo Portal de Datos Forestales para mejorar la planificación y gestión de los recursos. Además, se han destinado fondos a la industria forestal y al proyecto RETECHFOR, que busca reducir desastres ambientales y fomentar la bioeconomía forestal.
En cuanto a la normativa, se ha actualizado la facilitación de la gestión de los aprovechamientos forestales y reducción de la carga administrativa. Se ha aprobado el Decreto 9/2024, que regula las autorizaciones de cambio de uso forestal, y está próximo a publicarse otro decreto sobre los aprovechamientos en montes privados. También se está tramitando un nuevo decreto para la planificación y ordenación forestal, que incluirá un inventario forestal continuo. La Ley de Montes ha sido modificada para clarificar su redacción y promover una mayor movilización de los aprovechamientos forestales y la gestión sostenible.
Finalmente, se ha mantenido el crecimiento de la superficie certificada de gestión forestal sostenible, con cerca de 824.000 hectáreas certificadas por el sistema PEFC y 39.000 hectáreas por el sistema FSC. Esto demuestra el compromiso continuo con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos forestales en Castilla y León.
La Junta de Castilla y León ha implementado diversas mejoras en la protección del patrimonio forestal y natural, con énfasis en la lucha contra incendios. Se ha duplicado el presupuesto destinado a este fin, alcanzando un incremento total de 126 millones de euros en la legislatura. Esto ha permitido mejorar infraestructuras, recursos, tecnologías y condiciones laborales para más de 4.700 profesionales involucrados. Además, se han aprobado directrices para la prevención y extinción de incendios forestales, y se ha avanzado en la tramitación del Plan Especial de Protección Civil frente a Incendios Forestales (INFOCAL), con aportes de inversión suplementaria impulsada por los fondos europeos.
En cuanto a la estabilidad y consolidación laboral, se ha logrado la cobertura de todas las plazas de operadores de centros de mando y se han realizado llamamientos para el personal de autobombas y puestos de vigilancia. Los contratos vigentes para las cuadrillas terrestres aseguran una duración mínima de trabajo de nueve meses, y se ha invertido en la renovación de vehículos y tecnologías, incluyendo sistemas de videovigilancia y una plataforma de información en tiempo real sobre incendios forestales (INFORCYL). También se ha invertido 8,5 millones en la mejora de infraestructuras y otros más de 5 millones de euros que van a permitir ampliar y adecuar las bases de medios aéreos.
En sanidad forestal, se han realizado más de 37.000 inspecciones y 18.500 análisis de laboratorio, invirtiendo 4,2 millones de euros en 2023-2024. En conservación del patrimonio natural, se han simplificado procedimientos para los informes de afecciones de planes y proyectos, y se ha creado un Banco de Datos de la Naturaleza. Además, se han iniciado proyectos de restauración de ecosistemas y gestión forestal sostenible con una inversión total de 36,6 millones de euros.
En biodiversidad, se están desarrollando planes de recuperación y conservación de especies amenazadas, como el quebrantahuesos y el oso pardo. Se han invertido 5 millones de euros en programas de conservación de especies catalogadas y se ha mejorado el hábitat del oso pardo. También se está estudiando la reintroducción del lince ibérico y se han tomado medidas para reducir los daños ocasionados por el lobo en explotaciones ganaderas, incluyendo un nuevo sistema de indemnización y proyectos de infraestructuras preventivas.
En la red de áreas naturales protegidas, se trabaja en la consolidación y mejora de infraestructuras y equipamientos de uso público, con inversiones en eficiencia energética, digitalización y señalización. Además, se han iniciado proyectos de recuperación de espacios naturales, como el entorno del Pinar de Antequera y la antigua base militar de Picón Blanco.
La Junta ha realizado un importante refuerzo en el sistema de Protección Civil con múltiples iniciativas en diferentes ámbitos. En el ámbito operativo y tecnológico, se han aprobado planes específicos de seguridad para infraestructuras críticas como el Centro de Emergencias 1-1-2, adaptándolos al Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas. Además, se ha implementado una nueva estructura organizativa en el 1-1-2 para mejorar la especialización del personal y se está modernizando la plataforma tecnológica para permitir la recepción de comunicaciones más avanzadas como texto, imágenes y videos, cumpliendo con estándares europeos de accesibilidad.
Se ha introducido el sistema Es-Alert para enviar alertas a través de teléfonos móviles en caso de emergencias, cumpliendo con la normativa europea. Además, se han incorporado avances significativos en los recursos operativos, como el nuevo helicóptero biturbina H145 para rescates y la Unidad Fénix de drones, fortaleciendo las capacidades de respuesta ante diversas situaciones de emergencia.
En el ámbito formativo, se ha lanzado la plataforma de formación online FOPCYL para capacitar a profesionales de Protección Civil, y se han realizado numerosos cursos para bomberos, policías locales y voluntarios, incluyendo colaboración transfronteriza con Portugal.
Finalmente, en materia de planificación, se está trabajando en la aprobación del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico (RADIOCyL) y en la actualización de otros planes especiales para estar preparados ante riesgos como accidentes con mercancías peligrosas e inundaciones.
También se ha implicado a la ciudadanía en el sistema de Protección Civil, con el desarrollo del Plan de promoción de la Autoprotección a través de PROTECCYL, con una inversión de más de 3 millones de euros para el programa itinerante.
Por otro lado, la colaboración entre las distintas administraciones territoriales se ha visto fortalecida mediante diversas acciones normativas, técnicas y económicas. En el ámbito normativo, se ha avanzado significativamente en la actualización del marco jurídico que regula la actuación de los cuerpos de Policía Local y de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en los municipios. Se está tramitando la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de ordenación y coordinación de los SPEIS, con la participación de sindicatos y representantes locales, para mejorar la organización y el régimen estatutario de su personal.
Además, se ha actualizado la normativa sobre el voluntariado de Protección Civil, asegurando una mayor seguridad jurídica y facilitando su registro. Se han simplificado los procedimientos administrativos en materia de espectáculos públicos, como en el caso de las plazas de toros portátiles y las sesiones juveniles, promoviendo la actividad económica y aumentando la oferta de ocio de forma segura para los jóvenes.
En cuanto a las acciones de apoyo técnico y económico, se ha celebrado el Congreso Autonómico de Coordinación de Policías Locales y se ha iniciado un proceso unificado para cubrir 137 plazas de agentes de Policía Local en diversos municipios. Se han impulsado subvenciones para mejorar la dotación de parques de bomberos en áreas rurales, financiando la construcción y adquisición de vehículos y equipamiento, con una inversión significativa proveniente de fondos europeos.
Además, se ha renovado el parque móvil de Protección Civil con la entrega de vehículos todoterreno y furgones equipados, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias en todas las provincias de la comunidad.