Fernando Castillo califica la política migratoria de Pedro Sánchez como "temeraria y suicida". Para intentar controlar la situación en la capital, su grupo solicitará al Ayuntamiento "que políticos y policía local tengan acceso al padrón municipal".
Continúan sucediéndose las reacciones al anuncio de un posible reparto obligatorio de menores no acompañados llegados a Canarias entre el resto de Comunidades Autónomas. Vox Soria defenderá su postura en el pleno del Ayuntamiento de mañana. Allí presentarán una moción con un doble objetivo, el primero visibilizar su oposición a esta medida por considerar "temeraria y siucida" la política migratoria de Pedro Sánchez, que califican como "de puertas abiertas".
Y para controlar "la inmigración irregular en la capital" incluirán en esta moción una petición dirigida al equipo de gobierno. Le instarán a dar acceso "a políticos y policía local" al padrón municipal, una información que consideran"de vital importancia para el desempeño del trabajo por parte de los agentes".
En este sentido, Fernando Castillo, concejal de Vox en el Consistorio capitalino, ha denunciado que "la puerta que se abre a la inmigración irregular tiene que ver con un empadronamiento fraudulento e ilegal". Asegura que, cada pocas semanas se produce "la entrada indiscriminada en inmuebles de la ciudad de grupos de veinte personas" y denuncia que "a Soria llegan autobuses de manera nocturna y personas de contacto los hacen desaparecer en minutos", lo que le lleva a dudar del procedimiento.
Castillo afirma que todo esto está afectando a la seguridad de la capital y se sirve de datos de la Policía Nacional para destacar el factor nacionalidad como "uno de los más determinantes en el incremento de la inseguridad". Estos datos reflejan que de los 149 detenidos en Soria durante los 6 primeros meses del año, 111 son ciudadanos extranjeros. Por ello exige "una política de empadronamiento con luz y taquífrafo" que permita a la policía "estar al corriente de lo que sucede en cada domicilio".
Considera que lo que pasa en las Islas Canarias no es una situación excepcional, sino "provocada por el Gobierno y auspiciada por el efecto llamada". Le preocupa que el ejecutivo de Sánchez no establezca límites "en tiempo o número de inmigrantes" que deba acoger cada comunidad, y por tanto cada provincia".