El alcalde de Ágreda asegura que los esfuerzos por parte de ambos ayuntamientos han sido ímprovos, llegando a invertir "algunos meses" hasta 16.000 euros.
La depuradora de Ágreda y Ólvega afronta, durante los próximos 18 meses, una inversión de unos 3,3 millones de euros para el "acondicionamiento y ampliación" de sus sistemas. Las instalaciones han recibido esta mañana la visita del director general de Infraestructuras y Sostenibidad Ambiental, José Manuel Jiménez, quien ha destacado que la idea de la intervención es "adaptarla a las nuevas necesidades de los municipios y arreglar definitivamente los problemas de vertidos que ha tenido la zona".
Y es que son recurrentes las denuncias por contaminación en el río Val y muchas se han achacado al mal funcionamiento de la Edar. La última se produjo a comienzos del pasado mes de marzo y Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la fiscalía el ataque al cauce del río y especialmente en el Pozo de las Truchas, una de las cascadas de interés turístico y ambiental.
Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, ha reconocido que "en la comarca teníamos un problema con la depuradora". Una cuestión que atribuye a una infraestructura que "se gestó en el año 2005 como insuficiente a la vista del espectacular desarrollo industrial" que se ha producido en su municipio y el vecino. Por ello, considera "absolutamente necesarias para resolver este problema" las obras en la edar de Ágreda y Ólvega, por lo que agradece a la Junta de Castilla y León "su apoyo".
También confía en que se solucionen unos vertidos que estaban suponiendo todo un quebradero de cabeza para ambos consistorios. Alonso asegura que los Ayuntamientos, cumpliendo con su obligación de control sobre las aguas, han realizado un "macroesfuerzo por encima de nuestras obligaciones presupuestarias" para "mejorar la calidad de las mismas". No obstante, y a pesar de haber invertido "hasta 16.000 euros al mes" para "supervisar actuaciones irregulares de algunas empresas", el responsable de los vertidos quedará impune.
Elia Jiménez, alcaldesa de Ólvega, ha reforzado las declaraciones del regidor agredeño señalando que "hemos hecho el trabajo que debíamos hacer, creando incluso un órgano de control de vertidos que realiza una labor extremadamente minuciosa". Alonso ha insistido en que "las empresas tienen la obligación de introducir a la red sus aguas sucias totalmente depuradas, algo que a veces no sucede y queda fuera del control de la activididad supervisora que corresponde a los ayuntamientos".
No obstante, la vigilancia se mantendrá y la gestión de la depuradora, que pasará a corresponder al Somacyl, asegura "una garantía de funcionamiento", ha referido el director general de Infraestructuras y Sostenibidad Ambiental. Por ello, y de captarse cualquier otra infracción y al autor de la misma, "el infractor será el responsable directo y hasta las últimas consecuencias".