Las patronales de Soria, Cuenca y Teruel critican a la ministra Pilar Alegría y consideran que no es comparable una mínima bonificación a las empresas de las provincias más despobladas de España con un régimen fiscal propio para una comunidad autónoma.
Nueva polémica sobre la interpretación que hacen dirigentes socialistas sobre las ayudas al funcionamiento. Si ayer en Soria eran criticadas por formaciones políticas y empresariales las palabras de la protavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, la burgalesa Esther Peña, hoy miércoles, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA) ha manifestado su disgusto por las "equivocadas declaraciones" de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, y le pide rigor y seriedad en el ejercicio de su cargo.
"Las CEOE de Teruel, Cuenca y Soria, que no Guadalajara, como equivocadamente cita la ministra, advierten a la ministra de su error al comparar la 'singularidad fiscal' de Cataluña con las ayudas al funcionamiento que reciben las empresas de las tres provincias con menor densidad de población de España, según el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional aprobado por la Comisión Europea", indican en el lobby empresarial.
Para la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca), la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel), resulta "un tanto bochornoso tener que recordar a la portavoz del Gobierno de España que su comparación es absolutamente tendenciosa y perjudica, no solo el trabajo que realiza la Red SSPA, sino a las empresas y al conjunto de la sociedad de las tres provincias más despobladas de España".
En la red SSPA indican que la ministra olvida que "no se puede comparar la cesión de la gestión de los impuestos a una comunidad autónoma, que compromete y beneficia a todos los ciudadanos de dicha comunidad, e incluso a los de toda España, con unas simples ayudas sujetas a unos requisitos aprobados por la Comisión Europea que reciben solo las empresas de Soria, Teruel y Cuenca".
En este sentido, la Red SSPA se pregunta cómo la ministra puede equiparar los 22.000 millones de la financiación singular catalana con los 28 millones que reciben las empresas de las tres provincias de la Red SSPA vía bonificación de las contingencias comunes a la Seguridad Social.
"Es, sencillamente, inquietante que un alto cargo del Gobierno de España defienda su política territorial escudándose en una medida mínima desde el punto de vista económico que se aplica en las tres provincias más desfavorecidas de todo el territorio nacional", remarcan las patronales.
FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel piden a la ministra Alegría, así como a todo el Ejecutivo nacional, que "dejen de intoxicar a la opinión pública al confundir política con gestión".
Para las tres entidades, el debate sobre la fiscalidad de Cataluña es la consecuencia de un problema político que "nada tiene que ver con el feroz esfuerzo que realizan las empresas de Soria, Teruel y Cuenca por seguir siendo competitivas en los territorios más despoblados de España y las ayudas de funcionamiento son solo bonificaciones aprobadas por la Comisión Europea que aplica el Gobierno de España".
A diferencia del pacto fiscal, permanente en el tiempo, las ayudas de funcionamiento dejarán de ser aplicadas en las empresas de Soria, Teruel y Cuenca cuando estos territorios superen los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Así lo reconocía el propio Gobierno al anunciarlas el 13 de octubre de 2022 al considerar que el Gobierno, con dichas ayudas, quería “equilibrar el modelo de desarrollo territorial, dando instrumentos adicionales a aquellos territorios que presentan una mayor vulnerabilidad”.
En este sentido, la Red SSPA ha recordado que las ayudas de funcionamiento no están teniendo el efecto perseguido por la Comisión Europea en los "tacaños términos" aprobados por el Gobierno de España.
De ahí que FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel vuelvan a pedir al Gobierno una mayor intensidad en las ayudas de funcionamiento hasta el 20% del coste laboral total que permite Europa, así como la equiparación entre las empresas existentes y las de nueva creación a la hora de recibir la bonificación, la inclusión en ella de los autónomos y la eliminación de las diferencias en el porcentaje de aplicación en función de los habitantes de los municipios establecidas en los actuales apoyos.