El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco se ha servido de la red social X para anunciarlo a los ciudadanos. También piden la recusación de Conde-Pumpido.
Madrid fue la primera de las comunidades presididas por el Partido Popular que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía. Lo hizo ayer, pero dentro de la estrategia conjunta liderada por Génova, se supo que 11 comunidades apoyarían con sendos recursos el movimiento.
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, se ha servido de la red social X (antiguo Twitter) para anunciar a los ciudadanos el registro de este recurso en el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho con el siguiente mensaje: En defensa del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre todos los españoles, pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Constitución, la Junta de Castilla y León ha registrado hace unos minutos el recurso contra la Ley de Amnistía en el TC. También, ha pedido la recusación de Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, ya que consideramos que deberían abstenerse por su acreditada vinculación con el asunto recurrido".
Seguramente, a lo largo de este martes se amplíe la información y las reacciones a este breve comunicado con el que la Junta da un paso más después del visto bueno del Consejo de Gobierno tras recabar un informe del Consejo Consultivo.
El amplio y detallado Acuerdo adoptado por la Junta —más de 20 folios— se estructuraba en cuatro grandes bloques. En el primero de ellos, se acreditaba la legitimación de la Comunidad de Castilla y León para proceder a esta impugnación. Tras este punto, se recoge una crítica jurídica al texto legal en su conjunto respecto a la aplicación de la figura jurídica de la amnistía, por no estar como tal prevista en la Constitución, y a la utilización de un modelo de ley conocido como ‘ley singular’ a unos supuestos de hecho en los que no tiene encaje, con una errónea apreciación de las circunstancias de interés social que dicen perseguirse. Una vez hechas estas observaciones generales, el documento continúa con la impugnación de previsiones concretas de la ley en algunos de sus preceptos, y concluye con la impugnación de sus disposiciones, que también infringirían de forma concreta la Constitución.
Respecto a la legitimación de la Comunidad de Castilla y León para la impugnación de la ley, la esfera de la autonomía de la Comunidad, de forma general, se extiende objetivamente al ámbito de sus intereses peculiares que puedan verse afectados por la regulación estatal de una materia; pero, más allá del objetivo de la preservación de su ámbito competencial en sentido estricto, debe incluir también el interés en depurar el ordenamiento jurídico buscando la invalidación de una norma que pueda ser inconstitucional, y que podrá fundamentarse en previsiones constitucionales no simplemente delimitadoras de una competencia.