En la agrupación de hostelería soriana observan que existe una confusión generalizada con respecto a qué datos son exigibles y a la forma de remitirlos.
La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) se suma a la preocupación expresada por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) por la entrada en vigor, el 1 de octubre, de las sanciones previstas en la nueva normativa de registro de viajeros.
Según la asociación, la nueva norma exige ampliar los datos solicitados a los viajeros a su llegada. "A los contenidos en el DNI o pasaporte, la nueva normativa exige otros no oficiales, como el número de la tarjeta de crédito que puede vulnerar las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad".
A falta de solo dos semanas de la entrada en vigor de la última prórroga del Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre, en el que se exige solicitar datos a los subsectores del sector turístico, ASOHTUR manifiesta su oposición a dicha normativa por "el caos que produciría debido a la imposibilidad de cumplirla".
El Real Decreto señalaba que habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores del turismo (alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos…), "pero este desarrollo legislativo no se ha producido, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla".
El sector hotelero, que siempre ha venido colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tendría que facilitar ahora datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real, etc.
"Los establecimientos asociados a ASOHTUR no pueden remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir", explican en el colectivo.
Ante esta situación, todas las asociaciones sectoriales se han puesto de acuerdo por primera vez en los problemas que va a ocasionar una legislación que califican de "muy deficiente y de imposible aplicación".
La Agrupación soriana se suma al manifiesto publicado por CEHAT en el que manifiesta sus principales preocupaciones al respecto.
La primera de ellas pasa por la incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea. Exponen que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, lo que podría generar sanciones, acciones judiciales y mayor inseguridad jurídica para los establecimientos. Además, "el Real Decreto implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados".
Otro de los puntos contempla la inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento. Manifiestan en ASOHTUR que el Real Decreto "carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales", lo que provoca inseguridad jurídica. Asimismo, la normativa prevista "ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, lo que las expone a importantes sanciones".
Añaden, de igual modo, que se produce una "desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo", ya que los competidores en otros países de la UE no tienen normativas similares. Agencias de viajes, plataformas de comercialización, organizadores de congresos, hoteles, apartamentos turísticos y turoperadores, entre otros, han expresado ya sus dudas sobre el cumplimiento de esta normativa en los órganos europeos, manifestando las dificultades que implica para el envío de viajeros a España.
A estos puntos se suma la alta de adecuación tecnológica, ya que actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación "no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados. La falta de preparación tecnológica ya ha sido señalada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Europea".
Las preocupaciones comprenden que se da una "carga administrativa desproporcionada". En la asociación desgranan que conjuntamente de las dificultades señaladas, "nos parece relevante destacar que, las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el núcleo del sector turístico, el 95% de las empresas. Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión".
Ante la falta de respuesta a los problemas planteados por las patronales por parte de los funcionarios implicados, CEHAT se ha dirigido a los Ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo la revisión y ajuste del Real Decreto para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.
En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros advierten de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.