La oposición pide su cese inmediato y que el Ayuntamiento investigue se ha actuado de igual manera en otros procedimientos. El PP avisa de que es “gravísimo” que el propio técnico acabe, de manera directa o indirecta, trabajando en la obra sobre la que vigila y ejecuta el procedimiento. La denuncia se enmarca en las obras de la juventud donde la inspección de trabajo encontró a 6 de 10 trabajadores sin papeles y a ninguno contratado por la empresa adjudicataria. El equipo de gobierno habla de "deslealtad" del PP, le invita a que cuénte en comisión si sabe algo más y pide "tiempo" para acabar todos los trámites.
El grupo popular en el Ayuntamiento de Soria ha exigido esta mañana el cese inmediato del técnico municipal responsable de las obras en la piscina de la Juventud que han sido denunciadas por la inspección de trabajo. Además de un procedimiento salpicado de irregularidades y de “muy dudosa legalidad”, el PP señala que, en la inspección de trabajo por el empleo de 6 trabajadores sin papeles, aparece la empresa propiedad de dicho técnico.
Según han explicado, esta empresa aparece en el expediente por ceder parte de sus trabajadores para la realización de la obra, aunque se desconoce si estos son algunos de los 6 en situación irregular o de los 4 que, sí tenían permiso, pero no estaban dados de alta. Ni el único trabajador de la empresa adjudicataria ni su dueño, un autónomo, estaban trabajando en la obra en el momento de la inspección.
Tres asuntos más inciden en el “mal olor” de este asunto. El primero que el contrato inicial no contemplaba la subcontratación de trabajadores. El segundo, que el técnico municipal no tiene concedida ningún tipo de compatibilidad para realizar estas actividades, siempre según explica el PP. Y el tercero es que la empresa adjudicataria presentó su oferta sin haber abierto el correo en el que se le informaba del proceso y se le invitaba a participar del mismo.
Por todo ello, los concejales populares Saturnino de Gregorio y Javier Jiménez, han pedido esta mañana el cese inmediato del técnico y la responsabilidad política por parte de la concejal del ramo, Ana Alegre, y del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. El PP también pide que el Ayuntamiento inicie una investigación interna para saber si este procedimiento cuestionable ha sido utilizado por ese empleado público en anteriores contrataciones.
El técnico en cuestión, se trata de un personal laboral temporal del Ayuntamiento de Soria que lleva trabajando muchos años en la casa y que, previsiblemente, podría verse afectado por el proceso de estabilización. Desde el PP han exigido una investigación “para saber cuántas obras ha dado” y si alguna más ha terminado siendo ejecutada por su propia empresa.
En estos casos, los contratos menores por un precio inferior a 50.000€ más IVA, el técnico municipal pude decidir a qué empresas invita a presentar ofertas. “No puedes mezclar a tu propia empresa en un expediente del que tú eres el encargado... Y si tus trabajadores han estado ahí”, concluyen los populares.
Consideran que se trata de una “irregularidad muy muy grave” y más recordando que esta persona “no tiene la compatibilidad concedida” pero que mantiene al menos 2 empresas con actividad. “Vemos cosas muy muy extrañas y por eso pedimos que se investiguen obras anteriores”, señala De Gregorio.
“Sería gravísimo que el propio técnico municipal esté ejecutando la obra, directa o indirectamente”, avisan. Por eso piden que cautelarmente se aparte a las empresas implicadas de toda adjudicación de contratos menores y se inicie el expediente para una futura inhabilitación para licitaciones públicas.
De Gregorio ha señalado que el procedimiento de contratación está salpicado de irregularidades, más allá de que durante la realización de la obra se utilizasen “personas que no podían estar trabajando”. Las obras de mantenimiento de la piscina de la Juventud se adjudicaron mediante un contrato menor solicitando 198 horas de peón y 198 de oficial, aunque “sin describir las actuaciones que se iban a realizar ni el precio de los materiales”.
El concejal popular señala que, además, el consistorio podía haber utilizado el medio propio de Tragsa logrando un precio más barato. Entre las irregularidades que relata el PP se encuentra que el contrato se adjudicó antes de que terminase el plazo para la presentación de la oferta por otro de los licitadores. Finalmente, de las 5 ofertas solicitadas solo se presentaron 2.
En el acta de la inspección de trabajo, se refleja que ninguno de los 10 trabajadores que estaban realizando la obra estaban contratados por la empresa adjudicataria. Además, 2 personas no contaban con autorización para trabajar y residir en España, otras 3 se encontraban dentro de procesos de protección internacional y por tanto tampoco podían trabajar y 1 más solo tenía permiso para trabajar en el sector del transporte.
Los concejales del PP señalan que se han presentado alegaciones a la sanción, por la que se ha renunciado a la reducción del 50% de su cuantía, en contra de lo indicando por el alcalde.
A final de la mañana, el Partido Popular ha salido a responder a las críticas del PP en boca del teniente de alcalde Luís Rey. El concejal ha “lamentado una vez más” su “falta de lealtad” como concejales del consistorio. Señalan que son temas desconocidos por el equipo de gobierno y lamenta tener que enterarse por la prensa de los mismos. “Están excesivamente nerviosos y deseosos de buscar una causa para atacar al equipo de gobierno”, señala.
Rey ha recordado que se trata de una obre menor y por menos de 15.000€ algo “relevante” porque el consistorio no puede designar responsables de contratos para las obras menores por el gran número de las mismas. El socialista habla de “transparencia” del equipo de gobierno y de un expediente “inconcluso” tras las alegaciones municipales presentadas.
“El Ayuntamiento no es responsable de lo que hizo una empresa en una instalación municipal”, señala Luís Rey sobre el uso de trabajadores en situación irregular. Señala también que se ha abierto expediente a la empresa y que se ha reclamado a la misma el coste de la posible sanción.
Sobre el fondo del asunto, las “graves acusaciones” a trabajadores del ayuntamiento, señala que, “hasta donde nosotros sabemos”, la empresa no tiene nada que ver con ningún trabajador del consistorio. “Si el PP sabe algo más su obligación tendría que haber sido trasladárnoslo a nosotros”, indica. Rey espera a la comisión de contratación de esta semana para conocer más detalles sobre lo que sabe el PP.