Lo que se propone en esta PNL es la incorporación de parámetros de perspectiva territorial al Sistema de Indicadores Comunes de Institucionalización de la evaluación de políticas públicas de la Administración del Estado, además de en las Memorias de los de Análisis de Impacto por razón de cambio climático como ya se están desarrollando en algunas comunidades autónomas.
El diputado Luis Rey ha adelantado que el Grupo Parlamentario Socialista defenderá en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar el desarrollo y la implantación del Mecanismo Rural de Garantía que incorpore la evaluación de los efectos territoriales de las políticas públicas. En ella se propone que el Gobierno elabore una metodología específica de los “impactos territoriales que sea compartida por la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas” así como otros organismos evaluadores a nivel estatal. El mecanismo parte de la necesidad de evaluar el impacto que puede tener en el medio rural las leyes o planes que aprevén los Estados Miembros, “en especial aquellos en los que el problema de la despoblación es más acuciante”. Los socialistas consideran que este Mecanismo Rural de Garantía ofrecerá soluciones basadas en los potenciales impactos territoriales sobre todo en zonas con hándicaps geográficos o demográficos estructurales para tener en cuenta las necesidades y especificades de los distintos territorios.
Rey lo ha detallado en su intervención en la Jornada Rural Proofing y Gobernanza Local que el Hueco ha organizado en el Congreso de los Diputados. Lo que se propone en esta PNL es la incorporación de parámetros de perspectiva territorial al Sistema de Indicadores Comunes de Institucionalización de la evaluación de políticas públicas de la Administración del Estado, además de en las Memorias de los de Análisis de Impacto por razón de cambio climático como ya se están desarrollando en algunas comunidades autónomas.
Los socialistas argumentan que una correcta dimensión territorial del problema ayudará a configurar “opciones bien orientadas, así como evitar la aplicación de políticas en zonas en las que no es necesaria ninguna respuesta o bien a prevenir, aspectos dañinos para el medio y las sociedades rurales, evitando costes directos o indirectos”. Con este propósito, las evaluaciones que se proponen deberían incluir particularmente las condiciones de vida, los servicios públicos esenciales, las actividades económicas, infraestructuras y la ordenación del territorio.
Las acciones de formación específicas en las administraciones públicas son otras de las cuestiones que se relaman, “de aprendizaje, intercambio e incorporación de buenas prácticas europeas e internacionales”. Todo ello en aras de continuar y profundizar en una perspectiva rural en la legislación y las políticas públicas en España, tanto de la Administración General del Estado, así como de las diferentes territoriales mediante la evaluación de normas, directrices y buenas prácticas.