Las actuaciones del FSE benefician a 7.000 desempleados y las del FEDER impulsan mejoras en banda ancha en 32.000 hogares y obras de depuración de aguas para más de 326.000 personas en el anterior periodo financiero.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ha participado en la comisión constitutiva de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) para analizar los los fondos europeos cofinanciados por la Junta de Castilla y León que se destinan a impulsar el desarrollo de todo el territorio de la Comunidad a través de las entidades locales.
En concreto, los recursos europeos, contando con la aportación de la Junta de Castilla y León, ascienden a 1.421 millones de euros destinados a los municipios en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2021-2027. Esta asignación incluye también los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)
Castilla y León es beneficiaria de la Política de Cohesión europea, cuyos instrumentos financieros principales tienen como objetivos: una Europa más competitiva e inteligente; más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones; más conectada; una Europa más social e inclusiva; y, por último, una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de todos los territorios e iniciativas locales.
Así, Castilla y León gestionará 1.421,3 millones de euros de fondos europeos, que se distribuyen a través de los fondos FEDER –que alcanzan 591.8 millones de gasto con una cofinanciación del 40 % de la Junta–; del Fondo Social Europeo (FSE) Plus –que suman 282,3 millones, también cofinanciados en un 40 % por el Gobierno autonómico–; el Fondo de Transición Justa –que asciende a 281,5 millones destinados a actuaciones en las provincias de León y Palencia, cofinanciadas en un 30 % por la Junta–; así como los fondos de Cooperación Transfronteriza –que llegan hasta los 26 millones de euros de gasto total y que cuentan con un cofinanciación del 25 %–. Todos estos fondos son gestionados directamente por la Junta de Castilla y León, siendo los beneficiarios las entidades locales.
Asimismo, los Fondos Next Generation destinan, a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 239,7 millones de euros de gestión directa por las entidades locales de Castilla y León para hacer frente al impacto causado por la crisis del COVID-19, a través de reformas e inversiones, y construir un futuro más sostenible.
En el anterior Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020, se han cofinanciado actuaciones a través del FSE que han beneficiado a más de 7.000 personas desempleadas. Mediante las iniciativas desarrolladas a través de los FEDER se ha logrado beneficiar a 32.132 hogares con acceso a banda ancha de al menos 30 Mbps y mejorar la depuración de aguas residuales beneficiando a una población de 323.650 personas. Asimismo, se calcula en 650.000 beneficiados por distintos tipos de servicios públicos y más de dos millones de personas beneficiadas por actuaciones desarrolladas en el ámbito de la protección, prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural.
La Junta de Castilla y León destina este año la cifra récord de 489 millones de euros de recursos del Presupuesto 2024 de la Comunidad para reforzar los servicios públicos prestados por las entidades locales de Castilla y León.
El consejero de Economía y Hacienda ha destacado el compromiso de la Junta con el municipalismo y la vocación de servicio a los vecinos en la Comunidad con mayor número de entidades locales de España, en concreto 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores.
Por último, ha trasladado a los representantes de los ayuntamientos la necesidad de acometer la reforma del sistema de financiación local de forma conjunta con la del modelo de financiación autonómica. La Junta ha reiterado esta necesidad tanto en el acuerdo suscrito en 2016 por todos los grupos parlamentarios de las Cortes, como en las declaraciones institucionales con otras comunidades autónomas con intereses comunes, como la Declaración de Santiago en noviembre 2021; y en iniciativas parlamentarias aprobadas por las Cortes de Castilla y León.