CASTILLA Y LEóN
Actualizado 17/10/2024 18:31:08
Ana Barbero

El portavoz de la administración provincial asegura que "con la legitimidad que nos da poner esta aportación de dinero sobre la mesa para mantener este transporte, le decimos al Gobierno que estamos en contra de que se cierren esas paradas con el argumento de que hay pocos viajeros”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha indicado que la administración autonómica está trabajando para “evitar que se eliminen las paradas de autobús de 33 pueblos de la provincia soriana”, así como otras tantas en toda la Comunidad. Así mismo, indica que “siempre se negó que hubiese un plan por parte del Gobierno, pero ahora resulta que este se conoce”.

Ante esta supresión, Fernández Carriedo recuerda que el delegado del Gobierno en Castilla y León argumentó que “había algunas líneas deficitarias, en las que se montaban pocas personas en el mundo rural”., unas palabras a las que ha mostrado su rechazo, pues asegura que “va claramente en contra con un principio de equidad y de compromiso rural y con el territorio”. El portavoz afirma que a pesar de que “hay líneas deficitarias por falta de viajeros, hay que mantenerlas porque sea cual sea el número de viajeros, siempre que haya demandantes existe un servicio que mantener en el territorio”.

Es por ello que, ante esta situación, en el presupuesto de 2025 la Junta de Castilla y León se han planteado 40M€ para “cubrir el déficit del transporte en nuestra Comunidad. Si nosotros quitásemos esta cantidad, la mayor parte de las líneas autonómicas desaparecían porque no serían rentables. Sin embargo, sí que lo son social y territorialmente”. Es por ello que asegura que “con la legitimidad que nos da poner esta aportación de dinero sobre la mesa para mantener este transporte, para que sea gratuito el transporte a la demanda, para financiar el transporte rural o interurbano, le decimos al Gobierno que estamos en contra de que se cierren esas paradas con el argumento de que hay pocos viajeros”, pues de seguir esa línea conllevaría que las inversiones “se produzcan por rentabilidad económica en las grandes ciudades y excluyéramos a todo el territorio de España que no están extremadamente poblados”.

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