Este anteproyecto contempla un nuevo permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación a partir de la semana 37 de embarazo, ampliable hasta la semana 35 en los casos de embarazo múltiple. También incluye la nueva regulación de Cuerpos y Escalas de la administración autonómica.
Tras haber informado al Consejo de Gobierno, la Consejería de la Presidencia ha publicado en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta el anteproyecto de la futura Ley de la Función Pública, que ha elaborado dicho departamento de acuerdo con el compromiso expresado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate de política general celebrado este año. Con esta publicación se cumple con el trámite previsto en la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana.
La futura Ley de la Función Pública de Castilla y León tiene por objeto desarrollar la legislación básica del Estado, de conformidad con las competencias que tiene la Comunidad, de tal forma que dicha legislación se acomode a la naturaleza y las necesidades de la Administración de Castilla y León y de sus empleados públicos. Cabe recordar que la vigente Ley autonómica de la Función Pública data del año 2005, y es previa a la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007.
Por tanto, la Junta de Castilla y León quiere que la norma que se apruebe sea una norma de futuro, que sirva como soporte para un adecuado funcionamiento de la Administración autonómica, para satisfacer los intereses de los empleados públicos, pero siempre teniendo presente avanzar en la calidad de la prestación de los servicios demandados por los ciudadanos de Castilla y León.
Entre todas las novedades que introduce este anteproyecto de Ley, destacan dos de ellas: el nuevo permiso para las funcionarias en estado de gestación, y la regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios de la Administración Autonómica.
La primera de estas medidas consiste en el establecimiento de un nuevo permiso remunerado para estas funcionarias a partir de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto, o a partir de la semana 35 en el caso de embarazo múltiple.
Esto supondrá un importante avance para el bienestar de estas empleadas públicas, que, a día de hoy y con la legislación en vigor, pueden gozar de este permiso a partir de la semana 39. Sin embargo, la realidad es que una gran cantidad de empleadas en esta situación se ven en la necesidad de acogerse a una baja laboral previa a este permiso, porque las incomodidades asociadas a estas últimas semanas se vuelven mucho más incapacitantes para su desempeño profesional. Con el nuevo derecho contemplado en este anteproyecto de ley, la Junta de Castilla y León quiere evitar estas bajas laborales y sustituirlas por un período automático de permiso retribuido, que se anticipará en dos o en cuatro semanas en función de las características del embarazo.
Esta nueva medida es producto de una demanda social que la Administración autonómica quiere atender a través de esta ampliación de derechos, al considerar que el bienestar físico y mental de los empleados públicos, y, en particular de aquellas empleadas en estado de gestación avanzada, debe ser una política prioritaria.
Por otra parte, en el apartado de novedades dentro del anteproyecto de Ley, se incluye también la regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios en los que se organiza la administración Autonómica, una regulación adaptada a la realidad del empleo público actual. En este sentido, por ejemplo, el texto establece la creación de nuevos cuerpos, como los diferentes Cuerpos de Informáticos, que pasarán de ser personal laboral a ser personal funcionario. Además, se eliminan algunos cuerpos, bien porque se encuadrarán en otros ya existentes, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Delineantes, o porque son cuerpos en los que, actualmente, no hay ningún empleado público en activo, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas.
La Consejería de la Presidencia ha escuchado a las centrales sindicales, que pedían que la regulación de los Cuerpos y Escalas estuviese integrada en la propia Ley, y que no apareciese publicada en una norma aparte, como en un principio se consideraba realizar. De esta manera, se plasma de forma completa en un solo texto legal toda la regulación esencial de los funcionarios.
El anteproyecto de Ley de Función Pública incluye una buena cantidad de novedades respecto a la ley que aún está en vigor. Estas novedades llegan, incluso, a su ámbito de aplicación, dado que la nueva norma excluye de dicho ámbito al personal estatutario de SACyL, que ya tiene su propia regulación por ley desde el año 2007, y que, por tanto, no requiere ser afectado por la nueva Ley.
En cuanto a la selección de los futuros empleados, el texto hoy hecho público regula expresamente los tipos de pruebas, la realización de cursos o los periodos de prácticas, cuya organización se atribuye a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Además, se actualizan las modalidades de carrera profesional, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y se determina el establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño para todo el personal funcionario.
Respecto a los concursos de traslados, se establecen expresamente cuáles son los méritos evaluables, que la actual Ley no determina, entre los que se encuentran la antigüedad, la carrera profesional, las diferentes actividades formativas realizadas, la acreditación de competencias digitales, o el conocimiento de idiomas. Por otro lado, se especifica claramente qué puestos de trabajo pueden ser objeto de provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios de carrera.
Asimismo, se complementan y regulan las situaciones administrativas de los funcionarios no reguladas por el Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso, por ejemplo, de excedencias por diferentes motivos, o de prestación de servicios en otras administraciones públicas.
En definitiva, este anteproyecto de ley busca, mediante un único texto ordenado, integrado y completo, adaptarse a la realidad diaria del empleo público autonómico de Castilla y León, y dar seguridad jurídica a los funcionarios ante todas las situaciones que pueden presentarse en el día a día de la Administración.
De forma simultánea a este trámite de consulta pública, también se dará trámite de audiencia sobre este anteproyecto de Ley a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, como representantes legítimos de los empleados públicos a los que va dirigida esta norma. Del mismo modo, la Consejería de la Presidencia hará conocedores de este anteproyecto al resto de organizaciones sindicales, asociaciones y colegios profesionales que defienden los derechos e intereses de sus miembros, y que pudiesen verse afectados por el contenido del futuro texto.
Una vez que finalicen estos trámites, a la vista de las alegaciones o consideraciones recibidas, se analizará su posible incorporación al anteproyecto, para así continuar con su tramitación a través de los órganos de negociación y consultivos. Tras esto, se someterá a aprobación del Consejo de Gobierno para que, ya como Proyecto de Ley, se remita a las Cortes de Castilla y León para su debate por los grupos parlamentarios.