Isabel Blanco señala en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Federación Regional de Municipios y Provincias que el aumento de 255 millones del Acuerdo 2024-2027 es esencial para avalar la continuidad de los servicios
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido hoy en la Comisión de esta área de la Federación Regional de Municipios y Provincias, donde ha resaltado la importancia del Acuerdo Marco en materia de Servicios Sociales como instrumento garantizador de la atención de los ciudadanos más vulnerables en todo el territorio de Castilla y León. Un texto que entró en vigor al comenzar 2024 y que ha visto incrementada su cuantía inicial respecto al anterior en un 57 %, es decir, 254,8 millones de euros más hasta superar los 700 que se articulan a través de las entidades locales con competencias en Servicios Sociales —diputaciones y localidades de más de 20.000 habitantes—.
Tal y como ha manifestado Isabel Blanco, el Acuerdo Marco permite la continuidad y la homogeneidad en la prestación de servicios, puesto que facilita tanto el acceso como la valoración de las necesidades más básicas de aquellos colectivos que precisan de atención social. En este sentido, la vicepresidenta y titular de Familia ha recordado que la Junta de Castilla y León ha incrementado la financiación a diputaciones y municipios de manera sustancial en todas las áreas: en el personal de los equipos de Acción Social, con un 10,42 % más hasta los 135,6 millones de euros; en Atención a la Dependencia, que alcanza los 416,4 millones tras un aumento del 19 %; en el área de Familia —conciliación y ayudas básicas a personas en riesgo de exclusión—, que crece un 16,1 % hasta los 136,8 millones de euros; en los programas de intervención en drogodependencias, un 30 % más de financiación para llegar a los 5,4 millones de euros; y, por último, en materia de promoción de la igualdad y lucha contra la violencia de género, presupuesto que se triplica, pues pasa de los 2,8 millones del anterior Acuerdo Marco a los 8,9 millones de euros del actual.
La vicepresidenta ha realizado un repaso a las políticas de su ámbito competencial y ha trazado la línea a seguir de cara al futuro, directamente ligada al proyecto de presupuesto recientemente aprobado y que se encuentra en trámite parlamentario.
En el área de Personas Mayores, Isabel Blanco ha hecho hincapié tanto en el impulso del nuevo modelo de atención residencial -cuyos pilares son la ley que lo soporta jurídicamente y las fuertes inversiones que se están realizando para hacerlo efectivo-, como en la fuerte apuesta de la Junta por extender los cuidados en el propio hogar de la persona, a través del incremento en la intensidad horaria y la cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio, la implantación a toda la Comunidad de los programas ‘A gusto en casa’ e ‘INTecum’ y la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito social. La atención a las personas mayores, en la que también se incluyen las políticas de envejecimiento activo —como el ‘Club de los 60’—, la lucha contra la soledad no deseada o el servicio de Teleasistencia, son una prioridad para el Ejecutivo autonómico, cuyo proyecto de presupuesto para 2025 recoge un incremento de 13 millones de euros hasta los 322.
En Dependencia, Castilla y León sigue siendo referencia nacional, con una cobertura del 99,9 %, más de ocho puntos por encima que la media del conjunto de España: el plazo de reconocimiento se sitúa actualmente en dos meses frente a los seis de la media estatal. Un total de 171.585 prestaciones para 125.164 ciudadanos que perciben ayudas, las cuales se han venido aumentando de manera significativa. El nuevo presupuesto crece en 32,4 millones de euros en estas partidas hasta los 924, lo que supone una inversión de 2,5 millones al día para atender a las personas en situación de Dependencia en Castilla y León.
En lo que respecta a las Personas con Discapacidad, la vicepresidenta ha señalado que el apoyo de la Junta a este colectivo es firme tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Por un lado, porque la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida respalda un desarrollo vital de estas personas en igualdad de oportunidades, pues garantiza atención y apoyos durante todas las etapas de su vida. En ese mismo contexto se aprobará su futuro Plan estratégico, que coloca a la persona en el centro, fomenta su autonomía y da especial importancia a su integración tanto en su entorno como en la comunidad. En el aspecto cuantitativo, las partidas destinadas a Discapacidad crecerán en 5 millones de euros, hasta los 209, que irán destinados tanto a la atención como a continuar profundizando en su inserción en el mercado laboral. En 2023, 4.700 personas con discapacidad participaron en itinerarios de empleo, cuya consecuencia fue la suscripción de 2.475 contratos de trabajo.
La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que la conciliación personal, familiar y laboral, así como el fomento de la natalidad, son piezas esenciales de las políticas sociales de la Junta. De ahí el ambicioso Plan Familias Castilla y León, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años de la Comunidad. El proyecto de presupuesto para 2025 recoge 56 millones de euros, un 7,5 % más que el anterior, para continuar ofreciendo programas y recursos como el Bono Nacimiento, el Bono Concilia o los servicios ‘Conciliamos’ y ‘Crecemos’, este último atende a casi 4.400 menores en 293 municipios de Castilla y León.
Uno de los grandes frentes de batalla de la Junta, ha señalado Isabel Blanco, es el apoyo a las familias vulnerables y la lucha contra la pobreza. Si bien las cifras del indicador Arope arrojan mejores resultados que el conjunto del país, la vicepresidenta ha incidido en continuar por la misma senda para que nadie quede atrás. En ese contexto, van a continuar ampliándose las coberturas de la ‘Red de Protección a las Familias’ y, con el amplio bagaje y los buenos resultados de estas políticas de la Junta en la mano, se va a continuar reclamando al Gobierno de la Nación la gestión del Ingreso Mínimo Vital, para agilizar la resolución de solicitudes. No obstante, la postura de la Junta respecto de este tipo de ayudas es que han de estar condicionadas a una serie de obligaciones —escolarización de menores, aceptación de ofertas de trabajo o formación laboral—, tal y como sucede con la Renta Garantizada de Ciudadanía. Precisamente, bajo este paraguas se convocan los itinerarios de inserción sociolaboral, cuya última convocatoria ascendió a 3 millones de euros para 155 formaciones que han beneficiado a 2.170 personas.
En relación con las políticas en Infancia, Isabel Blanco ha anunciado que se van a destinar 3,4 millones de euros más, hasta los 80,5 millones, para continuar reparando la desprotección de los menores con acciones eficaces, rápidas y efectivas. Actualmente, la Junta tutela a 1.676 niños y adolescentes, mientras que el total de menores protegidos asciende a 2.052. Los números se verán complementados con la futura Ley de Infancia y Adolescencia de Castilla y León, cuyo eje central es la protección integral de los menores frente a cualquier forma de violencia —incluida la digital— y desamparo.
Las políticas de Juventud tienen su base en el V Plan Estratégico 2022-2025, con el que se pretende crear una atmósfera propicia para que los jóvenes de la Comunidad tengan oportunidades de empleo, pero también de ocio y tiempo libre saludables. Asimismo, es crucial el papel participativo de la juventud a través de las asociaciones juveniles, cuyo papel formativo e informativo es de gran relevancia. El futuro presupuesto prevé un incremento de 1,4 millones de euros para llegar a los 25 millones.
La vicepresidenta de la Junta ha hecho referencia a uno de los compromisos más firmes de la Junta: la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. Precisamente, estas partidas crecerán un 30 % hasta los 19 millones de euros. Isabel Blanco ha explicado que Castilla y León cuenta con una amplia y completa ‘Red de atención a las víctimas de violencia de género’: en 2023 se atendió a 5.713 mujeres mediante los servicios de asesoramiento jurídico o asistencia psicológica, mientras que 592 fueron acogidas en casas, servicios de atención dual y centros de emergencia. Precisamente, estos últimos casi han duplicado el número de plazas —de 38 a 65— tras la puesta en marcha de los centros de Zamora y de Soria. Además, ya se han adquirido los locales para los nueve centros de crisis de atención a las víctimas de agresión sexual —un servicio que se presta desde hace meses— y se ha ido reforzando el centro virtual ‘Atiendo’, para atender digital y telefónicamente a las mujeres que han sufrido violencia sexual.