La vicepresidenta del Gobierno autonómico asegura en el Comité de las Regiones que comunidades como Castilla y León, que afrontan desafíos demográficos estructurales, precisan de un enfoque estratégico adaptado a sus características socioeconómicas para avanzar en la equidad territorial y ser capaces de atraer inversiones y de fijar población.
Castilla y León es una de las regiones de la Unión Europea que afronta unos desafíos demográficos graves y permanentes, sobre todo en los entornos rurales. Se trata, junto al cambio climático y la dependencia energética, de uno de los retos estructurales a los que se enfrentan gran parte de los territorios que integran la 'Europa de los 27'.
En este contexto, el pleno del Comité Europeo de las Regiones ha abordado la necesidad de una Política de Cohesión renovada, integradora y que afronte estos grandes problemas que desafían a la Unión, especialmente el demográfico. Durante la sesión, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha hecho alusión a una estrategia de cohesión que priorice aquellas regiones cuyos problemas poblacionales se han ido agravando con el paso del tiempo, puesto que sólo se va a garantizar el equilibrio, el crecimiento y la competitividad entre estos territorios si de verdad se hace frente a estos desafíos estructurales.
La vicepresidenta se ha mostrado de acuerdo con el dictamen del pleno referente a esta cuestión, en el que se recoge un presupuesto para después de 2027 equivalente al del periodo actual, al considerarlo sólido y suficiente, y también ha manifestado su conformidad con el incremento de al menos el 8 % de las partidas destinadas a cooperación territorial europea.
La postura de la Junta de Castilla y León es que la transición demográfica ha de ser prioritaria en la Política de Cohesión al mismo nivel que la ecológica y la digital. Por ello, al tratarse de un reto estructural, se precisa de un enfoque coordinado entre las políticas de la UE y las nacionales, ha explicado Isabel Blanco, pues de ello depende la preservación de la estabilidad económica, social y democrática de Europa.
No obstante, esta estrategia coordinada y general debe complementarse con una visión territorial flexible que adapte estas políticas a la idiosincrasia y características socioeconómicas, geográficas y demográficas de cada región, ha expresado la vicepresidenta de la Junta. Por ello, ha añadido, es imprescindible reforzar el presupuesto destinado a la cohesión territorial y, sobre todo, impulsar la integración de las estrategias de desarrollo rural, como el citado aumento del presupuesto en cooperación territorial europea.
Los denominados Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) resultan cruciales para continuar trabajando en una mayor equidad y solidaridad entre territorios, especialmente a la hora de mejorar infraestructuras y servicios, fomentar la digitalización y apoyar el emprendimiento local. Esto supone que se erigen como instrumentos clave a la hora de crear un ecosistema solvente en todas las regiones europeas, para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos atrayendo inversiones, ofrecer nuevas oportunidades y, en definitiva, fijar población.
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León también ha intervenido en la sesión en la que se han abordado los retos de la cooperación territorial europea, donde ha asegurado que la cooperación transfronteriza contribuye a prestar mejores servicios y, por tanto, a mejorar la calidad de vida de estas regiones. Por ello, ha solicitado incrementar las inversiones a través de los programas de cooperación interregional.
Además, Isabel Blanco se ha mostrado de acuerdo en la profundización del enfoque territorial y en la simplificación de los mecanismos de la cooperación territorial, especialmente en la reducción de requisitos para que tanto las regiones como las ciudades puedan proponer proyectos adecuados a sus propias necesidades.
Por último, la vicepresidenta ha considerado acertada la creación de inversiones innovadoras interregionales, tal y como ha propuesto la Comisión Europea. A través de estas se va a ofrecer más apoyo a las regiones que cuenten con un ecosistema tecnológico especializado compatible para crear agrupaciones empresariales en sectores punteros y prioritarios, como los macrodatos, la economía circular, las tecnologías de fabricación avanzada y la ciberseguridad.