CSIF estima que harían falta unos 180 médicos y 150 enfermeras más en Atención Primaria, que la demora quirúrgica podría duplicarse, o que el presupuesto de la Consejería de Sanidad debería incrementarse en unos 352 millones más.
La posible incorporación a la sanidad pública de Castilla y León de unos 150.000 mutualistas y beneficiarios familiares de Muface requiere unos 3.000 profesionales sanitarios más de todas las categorías en Sacyl, sumando Atención Primaria y hospitalaria, teniendo en cuenta las ratios actuales y que los pacientes potenciales se incrementarán un 6,5%.
Es la estimación que ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que considera que en los centros de salud harán falta unos 180 médicos y 150 enfermeras más. En cuanto a las listas de espera, la demora quirúrgica podría duplicarse de 108 días a 216, y las citas en medicina familiar podrían darse “varios días más tarde”. CSIF indica que estos cálculos se han hecho en base a las cartillas de Seguridad Social y a la actividad asistencial de la sanidad en la Comunidad.
Si lo que se plantea es una integración progresiva al Sistema Nacional de Salud público, “y hay que implementar o reforzar infraestructuras tanto en atención primaria como hospitalaria. Al ritmo que se están haciendo las licitaciones y las obras en esta Comunidad, necesitaríamos cerca de diez años para adaptar el personal y ampliar o crear centros de salud o dimensionar adecuadamente otros servicios sanitarios”, señalan en el sindicato. Por ejemplo, “el nuevo centro de salud de Magdalena, en Valladolid, que es relativamente pequeño, lleva en proceso unos quince años entre licitaciones y construcción, y aún no se ha terminado. Y nos consta que los plazos en otros proyectos que se están llevando a cabo en otras provincias viven situaciones similares”, apunta Enrique Vega, responsable del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León. “En caso de que todos los funcionarios y beneficiarios de Muface se integren a la vez en la atención de la Seguridad Social el colapso del sistema público sanitario será aún mayor y más serio”, añade.
El tema económico también supondrá un “problema significativo”. En la organización sindical valoran que el incremento presupuestario de la Consejería de Sanidad de Castilla y León debería ser de casi 352 millones, sin contar las inversiones en infraestructuras y medios que haya que afrontar, con lo que debería ascender a unos 5.230 millones. Este aumento tiene en cuenta los nuevos usuarios que lleguen de Muface y los factores correctores de superficie, dispersión o edad que considera la Junta.
CSIF ha convocado para el día 14 de diciembre una gran manifestación frente a la Dirección General de Muface en Madrid para exigir al Gobierno un nuevo concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface, Este sindicato independiente exige al Ministerio Para la Transformación Digital y de la Función Pública que el precio de la licitación exprés, en la que parece que ya se está trabajando, sea adecuada y atractiva, conforme a mercado, que permita la concurrencia de las aseguradoras para garantizar la asistencia sanitaria del millón y medio de mutualistas y sus beneficiarios familiares.
CSIF asegura que está recibiendo casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto. Insiste en que “el Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria”.
CSIF pide explicaciones al Ministerio de Sanidad por el informe filtrado a los medios de comunicación sobre su intención de incorporar a los mutualistas, de manera unilateral, al Sistema Nacional de Salud pública, una opción que es “inviable y que colapsaría la sanidad pública, de forma manera más grave en comunidades como Castilla y León”.