Desde finales de 2023, la Administración autonómica, en su afán constante de modernización, mide los resultados de todas las acciones públicas planificadas que acomete y da a conocer dichos resultados en su página web a medida que se van produciendo, en un ejercicio de transparencia para el ciudadano. En este momento, la Junta de Castilla y León ya está realizando 18 evaluaciones de sus políticas públicas.
La Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap), dependiente de la Consejería de la Presidencia, ha organizado la I Jornada de Evaluación de Políticas Públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: un encuentro en el que diferentes expertos y miembros de instituciones autonómicas, nacionales e internacionales compartirán sus experiencias y visiones en torno a esta importante materia.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado este encuentro. Tal y como ha explicado el consejero, esta evaluación “es el proceso fundamental que nos permite medir el impacto de nuestras decisiones y acciones, para asegurar que cada iniciativa, cada programa y cada recurso se utiliza de la manera más efectiva posible para generar repercusiones positivas en la vida de las personas”.
La mayor parte de las actuaciones públicas que acomete la Junta, en las diversas materias y sectores de actividad, están basadas en un análisis previo del problema social que se afronta, la necesidad de abordar su solución y las medidas para hacerlo. En definitiva, se recogen el conjunto de acciones que se van a realizar a medio y largo plazo, normalmente durante los siguientes cuatro años, y se plasman en la aprobación de un instrumento formal, plan o estrategia, fuera de cualquier improvisación.
A través de los resultados que arrojan las evaluaciones de estas actuaciones, la Administración autonómica es capaz de aprender de las experiencias, identificar los éxitos que pueden replicarse, y las áreas de mejora que requieren de una mayor atención, en aras de promover una mayor transparencia, eficacia y eficiencia, así como una mejora continua de las acciones gubernamentales.
En el caso de Castilla y León, la Ley de 2010 de Derechos de los Ciudadanos en sus Relaciones con la Administración de la Comunidad ya preveía el ámbito material de cada evaluación, sus diferentes modalidades, los momentos para efectuarlas, y su contenido. El año pasado se dio un gran paso para regular de forma más concreta esta evaluación mediante Decreto, con el objetivo de exigir este proceso de evaluación para todos los instrumentos de planificación, programas o estrategias que la Junta va acometiendo, así como su publicación en el Registro de Políticas Públicas de forma homogénea para todos los instrumentos que se van evaluando.
La competencia de coordinación para realizar estas evaluaciones es asumida por la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de la Presidencia. Las diferentes evaluaciones son realizadas por los correspondientes centros directivos de las diferentes consejerías que promuevan la aprobación de los instrumentos de planificación. Se sigue de esta forma la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de integrar este servicio en la propia estructura de la Administración, para así ofrecer cercanía a los diferentes centros de gestión, y poder avanzar en la implantación de una cultura evaluadora en el seno de la Administración.
El sistema de evaluación de políticas públicas de la Junta de Castilla y León consta de cuatro fases diferenciadas: una evaluación previa a ejecutar el plan o programa de política pública; un análisis de evaluabilidad para determinar que dicho plan o programa contiene los criterios, parámetros, hitos o factores que permitan luego medir sus resultados; una evaluación intermedia cuando la duración del instrumento evaluado es superior a los cuatro años; y una evaluación final, gracias a la cual se obtienen las conclusiones que permitirán mejorar esta política pública en el futuro.
En la actualidad, 18 instrumentos de planificación ya están siendo sometidos a sus correspondientes informes y evaluaciones, que van añadiéndose paulatinamente al Registro de Evaluación de Políticas Públicas. En dicho Registro, ya pueden encontrarse documentos relativos a planes vigentes como el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2024-2027, o el III Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2021-2024.
González Gago ha querido reconocer la labor de la AIReF como uno de los principales agentes externos evaluadores de las políticas públicas españolas a lo largo de los últimos años. Dentro de las colaboraciones que este organismo ha realizado con la Junta de Castilla y León en los últimos años, el consejero de la Presidencia ha destacado la emisión del estudio sobre institucionalización de la evaluación de Políticas Públicas en Castilla y León.
Todas las recomendaciones de la AIReF en este informe han sido adoptadas por la Junta de Castilla y León punto por punto: en el marco normativo, a través de la aprobación del Decreto de 28 de septiembre de 2023 antes referido; en el ámbito de la estructura organizativa, mediante la creación y dotación de puestos de trabajo en materia de evaluación, previstos en la recién aprobada Relación de Puestos de Trabajo de la Administración general; en el caso de la capacidad evaluadora, mediante la creación de las diferentes guías y documentos de apoyo; y, en el caso de la planificación, seguimiento y evaluaciones, con la implementación del procedimiento y sus pasos, que se viene desarrollando desde la aprobación del Decreto.
Además de este estudio, en el periodo 2020-2024 la AIReF ha recibido el encargo de realizar otros cuatro análisis sobre materias tan importantes como las políticas activas de empleo, las becas y universidades, la publicidad en medios de comunicación, y la promoción industrial (este último, a punto de entregarse). En la actualidad, desde la Consejería de la Presidencia se está estudiando la posibilidad de efectuar nuevos encargos de estudios para los próximos años.
El consejero de la Presidencia ha invitado a los asistentes a esta jornada a seguir participando activamente en el proceso de mejora de la Administración sutonómica. En palabras de González Gago, “el objetivo final de nuestras políticas públicas es el bienestar de la ciudadanía, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este proceso; por eso, trabajemos juntos, aprendamos unos de otros, y comprometámonos a hacer de nuestras políticas un reflejo de los valores que queremos promover en nuestra sociedad”.