La directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, ha mantenido una reunión en Valladolid con varios representantes del país luso, en un encuentro de trabajo transfronterizo, en el que se han detallado las ventajas, la evolución y los retos en este modelo de transporte.
La directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, y varios representantes de la Región Centro de Portugal, han mantenido un encuentro destinado a la puesta en común de sus modelos de Transporte a la Demanda. La Junta de Castilla y León ha explicado en estas reuniones que este sistema es “una solución innovadora e interesante para mejorar la movilidad sostenible también en otras regiones de la Unión Europea”.
El transporte a la demanda en Castilla y León cuenta con 5.094 localidades atendidas, 1.965 rutas en servicio, 400 vehículos diarios, 1,2 millones de potenciales usuarios –cifra que se eleva a 4,88 millones desde su puesta en marcha– y más de 350.000 viajes en 2023. La directora general de Castilla y León ha explicado que esta forma de gestión del transporte “ha demostrado sus ventajas y utilidad en una zona territorial de baja densidad de población y dispersión geográfica, como Castilla y León, área en la que el 80 % de la población se concentra en el 12 % de los municipios”.
Sus más de 20 años de funcionamiento han demostrado la "utilidad y ventajas" –reconocidas nacional e internacionalmente– de este sistema de gestión del transporte, "que ha conseguido que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades”.
El transporte a la demanda fue una apuesta en su momento pionera de la Junta de Castilla y León, por las políticas públicas dirigidas a fijar población en el territorio, siendo un elemento de discriminación positiva para el medio rural, ya que en un escenario de dispersión de población y baja densidad demográfica, se facilita que los habitantes del medio rural tengan las mismas oportunidades para acceder a servicios básicos –salud, educación, gestiones administrativas u ocio, entre otras– que los habitantes de las ciudades, lo que incide en que mantengan su residencia en estas zonas rurales.